Rutas de Lima ya definió la fecha en la que peajes empezarán a cobrar S/ 7.50

Representante de la concesionaria asegura que una de las obligaciones del contrato con la Municipalidad de Lima es calcular periódicamente una nueva tarifa

Cobro de peaje a S/ 7,50 iniciará el 30 de enero

El gerente legal de la concesionaria Rutas de Lima, Ives Becerra, confirmó que el martes 30 de enero, a partir de la medianoche, empezará a regir el nuevo precio del peaje, equivalente a 7.50 soles.

En entrevista con RPP Noticias, indicó que la concesionaria “tiene la obligación” de aplicar una fórmula para calcular la tarifa de los peajes, calculo en el que se considera la inflación.

“Rutas de Lima no ha efectuado reajuste tarifario en 2 años. Rutas de Lima ha publicado el día de hoy la fecha en la cual se efectuará el reajuste tarifario: a partir de las 00:00 horas del 30 de enero”, dijo Becerra.

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Desde dicha fecha, los usuarios que transiten por la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé deberán desembolsar un sol más para pasar las casetas de los peajes administrados por Rutas de Lima.

Rutas de Lima responde a López Aliaga

Ives Becerra también desmintió la afirmación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto a que la inversión de Rutas de Lima en la capital sería “nula”.

En enero de este año, López Aliaga afirmó que tendrá que "renegociar" los contratos de los peajes, pese a que en campaña prometió "eliminarlos".

“Eso no es correcto. Rutas de Lima ha invertido 2.200 millones de soles, más de 60 obras. Esto se puede acreditar objetivamente. En estos 11 años de operación se han gastado 1.300 millones de soles en operación y mantenimiento. Entonces, la inversión de Rutas de Lima en la concesión, conforme a sus obligaciones, existe y está plenamente probada”, indicó Becerra.

Proceso en el Tribunal Constitucional

El representante de Rutas de Lima también se refirió al proceso de hábeas corpus contra la concesionaria en el Tribunal Constitucional. Alegó que este viene de uno de los “39 casos el cuales Rutas de Lima ha prevalecido en primera y en segunda instancia en sede judicial”.

“Ya se tienen 2 pronunciamientos en vía de primera y segunda instancia en los cuales se ha determinado que el contrato de concesión no genera vulneración alguna a la libertad de tránsito”, afirmó.

Asimismo, advirtió que un eventual fallo del TC que declare fundado el hábeas corpus y ordene modificar “de facto” el contrato de concesión “sería gravísimo para la estabilidad jurídica de todas las concesiones suscritas por el Estado peruano”.

“Nos encontraríamos ante el evento de que, vía una sentencia del TC, se pueden modificar contratos de concesión y eso sería gravísimo. Eso escapa a nuestro contrato. Nosotros somos opinistas de que este caso sea resuelto conforme a derecho”, alertó Ives Becerra.

Justamente, el miércoles 24 de enero se llevará a cabo una nueva audiencia en el TC a pedido del nuevo magistrado Pedro Hernández Chávez.

Nuevo magistrado podría inclinar la votación del hábeas corpus contra Rutas. Foto: composición Infobae

RLA en contra del “peaje social”

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se ha declarado en contra del “peaje social” que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte planea implementar en ciertas áreas de Lima. Esta medida busca atenuar el impacto económico que el aumento del precio del peaje, anunciado por la concesionaria Rutas de Lima, pueda tener en la población.

López Aliaga rechazó la idea de que se subsidiara a lo que él califica como “una empresa corrupta”, en clara referencia a la administradora de las estaciones de peaje en las Panamericanas Norte y Sur y la autopista Ramiro Prialé.

El “peaje social” fue una propuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, y se basa en la aplicación de un subsidio a los residentes cercanos a las zonas de peaje que no utilizan la infraestructura de manera constante. La medida busca proteger a la economía local ante el incremento de los costos de tránsito.

Sin embargo, López Aliaga manifestó su desacuerdo con las palabras “¿Subsidio a un delincuente? Ya no pues”. Argumentó que esto representaría una severa violación a los derechos humanos.

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