Alerta en Lunahuaná: puente Concón, una obra de más de S/5 millones, enfrenta riesgo de derrumbe

Las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República subrayan la falta de una obra segura y funcional que resguarde a los ciudadanos del peligro potencial de cruzar el río Cañete

La Contraloría General ha desvelado importantes incumplimientos de las normativas técnicas en la construcción del puente Concón. (Créditos: Composición Infobae)

La Contraloría General de la República ha identificado deficiencias críticas en el puente Concón, una estructura vital sobre el río Cañete que, con solo dos años de antigüedad, se encuentra en estado crítico e inutilizable. Este hallazgo surge tras un proceso de auditoría que ha puesto en evidencia una serie de irregularidades durante su gestión y construcción, resultando en un daño económico calculado en más de 5 millones de soles (S/5.525.525).

En el informe de la entidad, se han identificado errores en el expediente técnico, en la aplicación de penalidades y en la ejecución de la obra entre 2018 y 2022. Asimismo, se sospecha que tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná podrían tener responsabilidades penales o administrativas por mala gestión de los recursos públicos y fallos en la supervisión de la obra.

Los auditores señalan que este expediente fue aprobado sin fundamentos claros de mercado para la selección del consultor. Además, el consultor no cumplió con los requerimientos contractuales, y se descubrió que uno de los profesionales que firmó el documento no era un ingeniero civil, sino de sistemas, mientras que el otro no reconoció su participación en su elaboración.

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La Contraloría señaló que la construcción ha dejado un daño económico de más de 5 millones de soles. (Créditos: Andina)

De la misma forma, las irregularidades detectadas por la Contraloría subrayan la falta de un puente seguro y funcional que resguarde a los ciudadanos del peligro potencial de cruzar el río Cañete, particularmente durante periodos de alto caudal como los desencadenados por El Niño.

Cabe mencionar que este puente fue proyectado como una respuesta al colapso del antiguo puente peatonal de madera, vital para la interconexión de la comunidad de los anexos de Concón, Ramadilla y el asentamiento humano Los Olivos. Esta infraestructura, de 90 metros de largo, también era esencial para el transporte de productos agrícolas hacia los mercados nacionales, y su destrucción en el fenómeno del Niño Costero del 2017, subrayó la urgencia de su reconstrucción.

Por esa razón, esta situación plantea un escenario de suma gravedad no solo para la infraestructura pública, sino también para la integridad física de los ciudadanos que dependen de esta obra para su desplazamiento cotidiano y sus actividades económicas. La Contraloría, ante tales hallazgos, pone en foco la responsabilidad de funcionarios y los procesos que derivaron en tan lamentable estado de la obra.

Estas son las falencias durante la construcción del puente

La Contraloría General ha develado importantes incumplimientos de las normativas técnicas en la construcción del puente Concón. De acuerdo a los informes, se realizaron modificaciones en la estructura sin considerar el riesgo de socavación y presión del agua del río, y se encontró una cimentación deficiente en profundidad, según lo establecido en estudios hidrológicos previos, por lo que incrementa la vulnerabilidad de la construcción a la erosión. Además, se suprimieron elementos estructurales esenciales como los gaviones sin explicaciones técnicas apropiadas, y se procedió sin planos topográficos fiables, lo que llevó a aprobaciones de pagos por trabajos no verificados.

La Contraloría emitió su informe sobre el puente Concón. (Créditos: Gobierno del Perú).

Una inspección técnica adicional mostró un asentamiento peligroso en el pilar central, lo que compromete la funcionalidad y seguridad del puente, estando este último inutilizable y desconectado por un extremo debido a la ausencia del terraplén de acceso. Estos fallos constructivos no solo generaron un significativo perjuicio económico, sino que también han afectado considerablemente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes.

La situación se ve agravada por un informe estructural que lleva la firma de un profesional que niega su participación, levantando dudas sobre la legitimidad y gestión de la obra. Las irregularidades detectadas urgen a la implementación de medidas correctivas exigentes y la rendición de cuentas por parte de los responsables para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en futuros proyectos de infraestructura.

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