Muerte y sangre. Su exaliado político, un grupo de legisladores y exministros, líderes indígenas y hasta la Conferencia Episcopal Peruana coinciden en que Dina Boluarte, la primera jefa de Estado en la historia del Perú, tiene “las manos manchadas de sangre” y no debe continuar su mandato, pese a que ella ha zanjado quedarse hasta 2026.
Lo repiten desde que llegó al sillón presidencial, en diciembre del año pasado, cuando sucedió al expresidente Pedro Castillo y el país entró en una vorágine, con protestas antigubernamentales que se sucedieron de diciembre a marzo, sobre todo en las regiones del sur, para pedir su dimisión y el cierre del Congreso.
Fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó esta denuncia al Congreso solo unas horas de que sea acusada de dirigir una red de corrupción en el Ministerio Público, una decisión que, según especialistas, implica la politización de “uno de los episodios más graves de violaciones generalizadas de derechos humanos en la historia reciente” del país.
La denuncia incorporó solo una parte de la información de una carpeta fiscal mucho más amplia en contra de Boluarte. La primera línea de investigación de la Fiscalía indaga la responsabilidad de mando de siete altos funcionarios, entre ellos la gobernante, ministros y mandos policiales y militares. La segunda está a cargo del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), un equipo creado hace apenas nueve meses para investigar las operaciones policiales y militares.
“Sin dejar de lado la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, las otras investigaciones penales en curso tienen que fortalecerse. Han aparecido pruebas que apuntan a la posible responsabilidad penal de mandos u otros superiores. Los fiscales deben hacer todo lo que esté en su poder para llegar al fondo de este asunto y garantizar que las personas afectadas accedan a verdad, justicia y reparación”, señala Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
En una nota difundida por Amnistía Internacional este miércoles, un día antes de que se cumplan 12 meses del gobierno de Boluarte, la organización ha evidenciado una cadena de irregularidades que pueden significar, nuevamente, un episodio de impunidad. Días después de las muertes de diciembre, por ejemplo, Boluarte ascendió a su exministro de Defensa, Alberto Otárola, al jefe de Gabinete.
Mientras que el Ejecutivo ha descrito que la Policía Nacional (PNP) tuvo un manejo “impecable”, la fiscal general, Patricia Benavides, apartó de las investigaciones a los fiscales especializados en violaciones de derechos y trasladó los casos de las zonas rurales a Lima, lo que dificulta que los miembros de la familia monitoreen su progreso.
“Según la información recogida por Amnistía Internacional, a pesar de que los fiscales han interrogado a altos cargos, no habrían revisado todas las pruebas clave. [...] la presidenta habría declarado a los fiscales que desconocía las acciones policiales y militares en respuesta a las protestas y que no le correspondía involucrarse en ellas. Pero la Constitución establece que la presidenta ‘es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional’”, recuerda AI en su pronunciamiento.
“El Ejército y la Policía han seguido sin cooperar con la Fiscalía, lo que ha dado lugar a obstáculos que los fiscales aún tienen que superar. Los registros sobre armas y munición siguen incompletos, en parte debido a que la Fiscalía no incautó las armas y las pruebas balísticas con prontitud después de que ocurrieran los hechos”, continúa.
AI, además, señala que de acuerdo con el Código Procesal Penal, los fiscales del EFICAVIP deben concluir la fase preliminar de sus investigaciones en abril y mayo de 2024, mientras que los fiscales que investigan a Boluarte deben hacerlo para junio del próximo año. Las fechas representan los plazos para que los fiscales puedan formalizar denuncias, y avanzar a una segunda fase de investigación que da lugar a un eventual proceso penal ante un juez.
“El estado de las investigaciones sobre las muertes en las protestas es extremadamente preocupante, ya que algunas de las diligencias más básicas aún no se han completado. Por ejemplo, varios familiares y testigos aún no han sido entrevistados, y en algunos casos, incluso pruebas fundamentales como las necropsias se completaron se han completado hasta hace muy poco”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de AI Perú.
Mientras tanto, la administración de Boluarte ha desoído a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al liberar a Alberto Fujimori, un paso que, bajo la óptica de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), ha igualado al Perú con las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
“Es una peligrosa situación para la ciudadanía y un mensaje consistente con un régimen que carga con [casi] 50 muertos, aún impunes”, consideró la legisladora Susel Paredes, quien invocó adelantar las elecciones con “urgencia” ante la corrupción denunciada en la cúpula fiscal. Después de los hechos de sangre, Perú ha vuelto a partirse en dos con la Fiscalía en jaque y un terremoto político a cuestas.
