Familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos y colectivos antifujimoristas protestaron frente a Palacio de Justicia este 5 de diciembre contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto y disponer la inmediata liberación del expresidente Alberto Fujimori. La cita convocada desde a las 6 p.m. donde los manifestantes reclamarán la anulación del fallo del TC, que contradice a la Corte IDH y afecta las obligaciones internacionales de Perú.
“Vamos a interponer todos los recursos que sean necesarios”, señaló Carmen Rosa Amaro, presente en la marcha. Su hermano Armando fue uno de los asesinados en La Cantuta. Rosa Amaro exige que prevalezca el derecho a la justicia. Aún hay 4 estudiantes de la Cantuta desaparecidos, por los cuales Alberto Fujimori debe responder en un proceso judicial, manifiesta.
También organizaciones de derechos humanos se suman al rechazo. A través de un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) insta a las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe), a no acatar la orden que consideran contraviene a la justicia y la ética. Sostienen que el indulto otorgado en 2017 fue el resultado de una negociación y demandan que no se priorice la libertad de quien ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad sin haber mostrado arrepentimiento ni compensado a las víctimas.
Aprodeh afirma que dicha resolución compromete la imagen del país en el ámbito de los derechos humanos, pues enfatiza que la orden de liberar a Fujimori “desafía normativas internacionales” y constituye un “acto de desobediencia a la justicia regional”.
La activista y defensora de derechos humanos presente en el plantón, Gisela Ortiz, quien busca justicia por la desaparición de su hermano en La Cantuta, ha expresado su descontento mencionando que los familiares de las víctimas se ven obligados a vivir en un estado de “angustia, rabia y como ciudadanos de segunda” debido a decisiones judiciales que considera inaceptables. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión. Fujimori es culpable”.
También están presente, en el plantón, Amnistía Internacional, entidad que exhortó a las autoridades a “no vulnerar el derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y sus familiares, respetando las obligaciones en materia de derechos humanos”.
Estuvo presente la congresista Ruth Luque Ibarra, de la bancada Cambio Democrático, quien horas antes expresó en su cuenta de Twitter que “los magistrados Morales, Pacheco y Gutiérrez Ticse, puestos por la mayoría fujimorista del Congreso de la República, les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori. Han decidido desacatar abiertamente las resoluciones emitidas por la CorteIDH e ignorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”. También participó el congresista Jaime Quito Sarmiento.
La convocatoria a la movilización ha ganado tracción a través de redes sociales, donde diferentes colectivos y ciudadanos se han sumado a la indignación y el llamado a protesta. Representantes de la sociedad civil recalcan la importancia de mantener un estado de derecho conforme a los compromisos internacionales del país y continúan exigiendo que se respete la memoria de las víctimas y se garantice justicia.
Grupo de Esterilizaciones forzadas rechaza liberación
El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas en Perú (GREF) ha manifestado su rechazo ante la decisión del Tribunal Constitucional de Perú que podría afectar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este pronunciamiento surge como contestación a la posible liberación del expresidente Alberto Fujimori, lo que, según el grupo, comprometería la responsabilidad internacional de Perú y supondría un retroceso en la lucha contra la impunidad.
El GREF recalca que la decisión del Tribunal Constitucional no solo ignora compromisos internacionales, sino que también representaría una revictimización para aquellos directamente impactados por las decisiones judiciales previas. El grupo destaca la gravedad de los hechos, enfocándose en las consecuencias para las víctimas de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar bajo el mando de Fujimori. Estas fueron, en su mayoría, mujeres pertenecientes a pueblos originarios, quienes aún esperan justicia en un juicio pendiente.
La condena del grupo se refleja en el uso de etiquetas como #Bastadeimpunidad, #EsterilizacionesForzadas, #FujimoriCulpable, #FujimorismoNuncaMas y #IndultoEsInsulto, que buscan resonar en la opinión pública y en las redes sociales, en un llamado a la memoria y a la justicia. Asimismo, el GREF insiste en la necesidad de mantener una posición firme frente a actos del pasado que han dejado una marca profunda en la sociedad peruana y en la historia de los derechos humanos en la región.