Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación acusada de liderar una organización criminal junto con tres de sus asesores, ya detenidos por la Policía, en lugar de anunciar su renuncia al cargo luego de contundentes pruebas, prefirió presentar una denuncia constitucional ‘exprés’ contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las muertes y heridas de ciudadanos ocurridas en el contexto de las recientes protestas sociales en Perú. Este hecho ha sido considerado como una “maniobra política”, por parte de la gobernadora del Perú.
La denuncia, que también comprende al premier Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, es derivada inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, del Congreso de la República. Este martes 28 de noviembre, esta mesa de trabajo tendrá que sesionar sobre el tema en la sexta sesión extraordinaria, a las 17:45.
Según el artículo 89 del reglamento del Parlamento, la Subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para calificar la denuncia contra de las autoridades del Poder Ejecutivo, la cual puede ser rechazada o admitida. En el caso de la denuncia constitucional sea considerada procedente, se traslada a la Comisión Permanente en un periodo de 48 horas después.
Posteriormente, si la Comisión Permanente determina que la denuncia tiene fundamentos para continuar, esta regresa a la subcomisión con el fin de nombrar a un delegado encargado de recopilar testimonios y evidencias que apoyen la acusación. Este paso es esencial antes de que la denuncia progrese al debate en el pleno del Congreso.
Sin embargo, diversos especialistas en materia de derecho constitucional señalan que la denuncia que carece de sustento, por lo que debería ser declarada inadmisible. En caso contrario, si la acusación contra Boluarte y demás altos funcionarios prospera, es probable que sea archivada.
Denuncia contra Dina podría ser archivada en el Congreso
Según citó la abogada Rosa María Palacios, “el presidente no puede ser acusado durante su mandato por asesinato. Investigado, sí”, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Pese a ello, Patricia Benavides informó que la fiscalía se compromete a continuar con las pesquisas hacia cualquier alto funcionario que resulte responsable de los fallecimientos y lesiones acaecidos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, enfocándose en los casos más emblemáticos. “Es a ustedes, peruanos y peruanas, a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad”, declaró la fiscal de la Nación.
Para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, la acusación “es una cachetada a los familiares de las víctimas”, porque se denuncia a la presidenta y sus ministros por solo cuatro (de 50 muertes) y uno por lesiones graves. “Finalmente, no es una acusación porque falta la cadena de mando. A todos se les hace (la denuncia penal) por comisión por omisión. Ha mezclado la autoría directa, cuando a ella no le corresponde”, sostiene José Quispe. Entonces lo más probable es que el Congreso devuelva la acusación o “pasa así como está, y se va a archivar porque no tiene mayor sustento debido a que no están las declaraciones del expremier de esa época (Pedro Angulo)”.
Además, “no están las declaraciones contundentes de César Cervantes, ni de Gómez de la Torre, como elemento de convicción, sino declaraciones de elementos de inteligente que dicen que sí escucharon en Palacio de Gobierno, por fuente abierta -medios de comunicación- que sí que había muertos”. Cuando, existían otras declaraciones diferentes de las incluidas ahí, argumenta el abogado del IDL.