El último 7 de noviembre el Congreso de la República había anunciado la realización de una sesión del pleno centrada específicamente en la votación del informe final de la Comisión de Justicia que recomendaba la remoción de los jueces que conforman la Junta Nacional de Justicia, pese a que ya existía una medida cautelar que impedía que se siga con el proceso.
En su momento, y durante todo el miércoles, día de la votación, diferentes miembros del Congreso se pronunciaron respecto a la medida cautelar emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial en favor de la JNJ. Todos ellos, y en diferentes medidas, llamaban a desacatar la orden judicial emitida; y aunque no siguieron con el proceso, entre los motivos que refrendaron la remoción de los consejeros de la JNJ, no se detalló esta orden judicial.
Como consecuencia, el Legislativo solo anunció la suspensión del pleno “en respeto al debido proceso, pues los miembros de la JNJ y sus defensas no se encontraban presentes”. Además del anuncio de apelar la medida cautelar del PJ; el cual no podría ser resuelto hasta mediados del 2024. No obstante, el Legislativo ha dejado poco claro el panorama al que se enfrentaría en caso de insistir con sus intentos de sacar del cargo los jueces que conforman esta entidad.
Para dejar claras estas consecuencias, Infobae Perú consultó con la experta en temas de independencia judicial y debido proceso, Ursula Indacochea.
Según la especialista, “así como la ley es al Congreso, las resoluciones judiciales son al Poder Judicial”, y, visto del otro lado, podría interpretarse “como si el Poder Judicial dijera ‘bueno, a mí no me gusta tu ley, no la cumplo’, es lo mismo”. Ambos hechos no deberían ser tolerados en un sistema democrático.
El papel de la fiscal de la Nación
Otro hecho que llamó la atención es que, a raíz de la medida cautelar, la congresista Patricia Chirinos denunciara a los miembros de la Tercera Sala Constitucional por haber concedido la medida cautelar en favor de la JNJ. Esta denuncia fue posteriormente acogida por la Fiscalía, que inició una investigación contra los jueces que la conforman. No obstante, para Úrsula Indacochea, este hecho rebasa toda independencia judicial.
“Si la Fiscal General considera y utiliza al Sistema de Justicia o una acción de amparo para obtener protección de lo que ella considera que son sus derechos, no se puede criticar que la Junta haga lo mismo. Eso, por un lado, y lo otro, es que el hecho de que el Congreso decida seguir adelante contra una decisión judicial; que no es de un juez; es de una sala, eso es muy fuerte”, aseveró.
Según su percepción, las acciones adoptadas por el Congreso “revelan un absoluto desprecio por el sistema de justicia en general”. “Sentirse por encima de la ley, no solamente porque creen que pueden destituir fácilmente a los miembros de la Junta; sino también porque desacatan la mayor expresión de esa autoridad judicial que es un equivalente a las leyes determinadas por el Congreso”, añadió.