A pesar de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló hace unos días que creará más fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad, queda la interrogante si es que las personas que serán designadas a estas dependencias contarán con la suficiente experiencia en la materia. Un buen ejemplo es lo que pasa con el equipo especial creado para indagar los fallecidos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del 2022 y enero de este año.
Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, la titular del Ministerio Público colocó como coordinadora a Marena Mendoza Sánchez, una fiscal cuya experiencia se limita a asuntos civiles. Desde abril, ella encabeza un grupo que se dedica exclusivamente a indagar si se cometieron delitos o no por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú cuando tuvieron que salir a las regiones del sur del país a replegar las manifestaciones antigubernamentales.
Mendoza es acompañada también por los fiscales Segundo Núñez Rodríguez, Mirela Coronel Molero, Mary Rojas Jara, Wilton Asto Rivas, Walter Carrasco Otárola, Anthony Olivares Silva, Lidia Nieto Pablo, Joás Padilla Morán, Lina Montes Reynalte, Roser Valencia Garriazo y Brian Roca Orosco, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Asociación de los familiares de los asesinados y heridos del 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de víctimas de represión a las protestas de Andahuaylas y Chincheros rechazó la conformación del equipo especial porque se iban a retrasar las indagaciones para hallar a los responsables.
“Da la impresión de un afán de retrasar las investigaciones ya que incluso no nos permiten participar como víctimas con nuestros abogados en las declaraciones de los denunciados. Consideramos que esta decisión de la fiscal de la Nación afecta nuestro derecho de acceso a la justicia porque, al derivar los casos a Lima, nos limitará en tiempo y costo realizar el seguimiento y vigilancia de nuestros casos, más aún sabiendo de nuestros recursos precarios”, indicaron. Y efectivamente no se equivocaron.
Debido a que el equipo especial liderado por Marena Mendoza concentraría todas las investigaciones referentes a las muertes en las protestas, las fiscalías de las regiones Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Puno tuvieron que trasladar toda la documentación que habían recabado a Lima. Ante este panorama, los fiscales de la capital tuvieron que familiarizarse con los expedientes para recién viajar a las regiones donde se dieron los fallecidos para continuar con las diligencias.
Incluso, otro problema que ha surgido son los cambios inesperados de fiscales.
“Los fiscales de este equipo están sujetos a evaluación cada tres meses. Lo que busca la Fiscalía de la Nación es mantenerlos a raya y así concretar algún tipo de impunidad. No encontramos ninguna explicación para que ocurran estos cambios, salvo dilatar el proceso”, señaló César Quispe Calsín, abogado de los víctimas de Juliaca, al semanario de Hildebrandt.
Por otro lado, Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, agregó que enero y febrero fueron meses perdidas en las indagaciones para encontrar a los responsables de las muertes en las protestas contra la presidenta Boluarte porque “las fiscalías de crimen organizado y delitos comunes no avanzaron casi nada”.
“Lo que se debió hacer es repotenciar las fiscalías de derechos humanos. Justamente la razón de que estén en las regiones es porque se necesita una relación de inmediatez con los familiares”, agregó el penalista.
Su colega Juan José Quispe, de IDL, también recordó que la fiscal Marena Mendoza nunca se conectó a una reunión virtual para conversar sobre las diligencias realizadas en Cusco y Ayacucho. En su lugar estuvo un adjunto que no tenía idea de los casos. “No sabía cuántos muertos había, si ya habían llegado todas las necropsias, si se habían iniciado las diligencias. No sabía nada”, manifestó.
Rechazo
A raíz de estos retrasos en las investigaciones es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibe un rechazo de los familiares de las víctimas. El 11 de agosto pasado viajó a Ayacucho, donde fue increpada a su llegada al Cine Teatro Municipal de Huamanga.
“¡Estará contenta, señora fiscal, después de que asesinaron a diez personas acá en Ayacucho! ¡Estarás feliz que haya impunidad, maldita! Sobre tu cabeza cargan diez muertos. ¡A qué has venido a Ayacucho! ¡Lárgate con tu presidenta! A mi esposo lo mataron el 15 de diciembre y esa maldita es cómplice de tantas muertes. Por culpa de ella, mis hijos se han muerto”, dijo a Ruth Barcena, presidenta de la Asociación de víctimas del 15 de diciembre, quien le increpó a Benavides por la lentitud en los casos.
Ante la masiva concurrencia de manifestantes en los alrededores de la Plaza Mayor, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que cerrar todos los accesos para asegurar la seguridad de la fiscal Benavides que se subió raudamente a un auto con lunas polarizadas para evitar alguna agresión en el trayecto.
La presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y otros exmiembros del Gobierno son investigados por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad a raíz de las muertes ocurridas en diciembre del 2022 y enero de este año.