Durante su visita de trabajo a Amazonas, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, anunció el fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, así como la implementación de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, ante la alta incidencia de delitos cometidos en la zona.
Mencionó que ya se han transferido los recursos a fin de realizar el equipamiento y las contrataciones correspondientes para la creación del anunciado organismo.
Ello, pese a que el pasado 13 de enero, mes en el que se desarrollaron diversas protestas antigubernamentales, decidió desmantelar esta figura, sin acogerse a las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se aconsejó “aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.
De acuerdo al diario La República, la sucesora de Zoraida Ávalos redujo casi a la mitad a las 12 fiscalías superiores y supraprovinciales especializadas en delitos de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, las cuales estaban distribuidas en Lima (tres), Ayacucho (dos), Pichari-Cusco (uno), Huánuco (uno), Apurímac (uno), Junín (uno) y Huancavelica (uno).
Ello, al separarlas mediante la Resolución de la Junta De Fiscales Supremos Nº 008-2023, en: Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, y Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos.
Con dicha decisión, Benavides eliminó una de las fiscalías superiores nacionales y desactivó las ubicadas en Huancavelica, Huánuco y Pichari, Cusco. Además, pasó a crear nuevas fiscalías en La Libertad, Madre de Dios y Ucayali, donde el índice de casos relacionados con la violación a derechos humanos son mínimos.
¿Cuántas fiscalías especializadas en derechos humanos existen en el país?
En la actualidad, de acuerdo al medio citado, existen siete fiscalías especializadas en derechos humanos: dos fiscalías superiores nacionales y nueve supraprovinciales, divididas en Lima (dos), Ayacucho (dos), Junín (uno), Apurímac (uno), Puno (uno), Madre de Dios (uno) y Ucayali (uno).
Ante la reducción, la titular del Ministerio Público anunció la conformación de un Equipo Especial, conformado por 12 integrantes, para investigar los ilícitos relacionados con los presuntos delitos y vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas sociales.
El grupo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez, como coordinadora del equipo de trabajo, está integrado por Segundo Núñez Rodríguez, Mirela Coronel Molero, Mary Rojas Jara, Wilton Asto Rivas, Walter Carrasco Otárola, Anthony Olivares Silva, Lidia Nieto Pablo, Joás Padilla Morán, Lina Montes Reynalte, Roser Valencia Garriazo y Brian Roca Orosco, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
Dicha decisión fiscal fue sumamente cuestionada por los deudos. “Como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos merecemos respeto y tenemos el derecho a conocer la verdad de los crímenes ocurridos contra nuestros familiares, por ello rechazamos la decisión de la fiscal de la Nación de derivar los casos de Ayacucho a Lima”, señaló la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.
El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal, alertó sobre la falta de experiencia por parte del grupo. “Aparte de que se están retrasando las investigaciones, los fiscales no son especialistas en temas de grave afectación a los derechos humanos. De los doce, La fiscal coordinadora ha visto casos civiles y de familia”, acotó en diálogo con LR.
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