La legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dilata desde hace tres meses un trámite esencial para formalizar la denuncia contra los exfiscales supremos Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez, implicados en la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, un escándalo de corrupción en la Judicatura expuesto en 2018.
Según un informe de Ojo Público, el órgano auxiliar de la Comisión Permanente tiene en sus manos la acusación constitucional desde abril de este año. Sin embargo, Camones todavía no cumple con informar formalmente a los integrantes de la Subcomisión sobre la existencia de la denuncia, un paso necesario para su calificación, debate, investigación y votación.
Camones, encargada de incluir las acusaciones en la agenda de las sesiones, se negó a declarar sobre la denuncia presentada en abril por Patricia Benavides, la cual está relacionada con una investigación que inició el fiscal supremo Pablo Sánchez en 2018. El nuevo proceso se sustenta en 33 folios de la carpeta fiscal 119-2018.
A cinco años del mayor escándalo de corrupción en el sistema de justicia, siete de los 12 principales implicados tienen comparecencia con restricciones, uno —el exjuez supremo César Hinostroza— está prófugo de la justicia con condición de no habido, y tres no registran proceso alguno (Chávarry, Rodríguez y el exfiscal supremo titular Tomás Gálvez).
Solo el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, ha sido sentenciado a 12 años de prisión en 2021, tras acogerse a la colaboración eficaz. El caso de Hinostroza, sindicado como líder de la red criminal, es el más escandaloso de todos porque la alerta roja emitida en su contra por la Policía Internacional quedó desactivada desde mayo por una impugnación, según Ojo Público.
Luego de que el exmagistrado fugara a España, la Procuraduría Anticorrupción gestionó para que Interpol emitiera la notificación en todas las naciones de la Unión Europea. Sin embargo, Hinostroza presentó una impugnación, con lo cual la medida quedó sin efecto por nueve meses, informó el procurador Javier Pacheco.
La trama criminal en el sistema de justicia quedó al descubierto en 2018, cuando la prensa difundió una secuencia de audios comprometedores, en uno de los cuales se le escucha ofrecer una rebaja de la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.
En su defensa, el exmagistrado señaló que salió del Perú porque recibía amenazas de muerte y porque se interpuso un pedido de prisión preventiva en su contra.
Su fuga, el día de las elecciones regionales y municipales, le costó el cargo al exministro del Interior, a los jefes de la Policía y al servicio de Migraciones. Asimismo, provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao.