Alejandro Toledo: Tramitan entrega al Estado peruano de 6.6 millones de dólares incautados en Costa Rica

La procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, contó que el Estado peruano, mediante Cancillería, viene tramitando la entrega de 6.6 millones de dólares que fueron incautados y congelados en Costa Rica, en el marco de una investigación que este país inició por el Caso Ecoteva, en el que se encuentra implicado el expresidente Alejandro Toledo.

La representante legal del Estado peruano aclaró que el gobierno costarricense inició un proceso administrativo, en el marco de una investigación por lavado de activos que ya fue archivada, para incautar este dinero porque aseguraron que se utilizó su sistema financiero para guardarlo.

Como tal monto pertenecería al Perú, el Ministerio Público solicitó que el monto sea entregado. En tanto, la Procuraduría Pública del Estado envió oficios a la Cancillería para que actúe como mediador entre el gobierno peruano y el gobierno costarricense.

Recientemente el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que hará cambios a la Ley de Colaboración Eficaz, lo que afectará las investigaciones fiscales por casos de corrupción como El Club de la Construcción, el proyecto Rutas de Lima, el Gasoducto Sur, entre otros, según la procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión.

La propuesta legislativa aprobada cambiará los plazos para lograr acuerdos con colaboradores eficaces, por lo que, en vez de promover su participación con información clave sobre los casos de corrupción, causará que teman confesar ante los fiscales del Equipo Lava Jato.

Cabe resaltar, que cuando la norma entre en vigencia los colaboradores eficaces solo podrán concretar un beneficio para ellos a cambio de la información que entreguen en un plazo máximo de 8 meses.

Para Carrión, este periodo es muy corto, por lo que desincentivará los procesos de colaboración eficaz y por consiguiente afectará a los 54 procesos de colaboración eficaz que se encuentran en trámite actualmente. A su vez, esto impactará negativamente en los más de 100 casos que indaga el Equipo Lava Jato.

“Son procesos importantes porque la información a la que vamos a acceder a través de estos procesos de colaboración van a servir obviamente para estas investigaciones”, añadió.

En adelante, alertó que lo que sucederá es que las personas que quieran entregar pruebas a la Fiscalía se sentirán inseguras, ya que correrían el riesgo de ser identificadas y atacadas por las organizaciones criminales o mafias a las que estarían intentando delatar.

“Entonces, de repente (un colaborador eficaz) puede haber entregado la información y no concluir (un acuerdo con la Fiscalía) y se va a tener que archivar por el tema del plazo, que es el cambio que parte de manera neurálgica los procesos de colaboración. Entonces probablemente la evaluación del colaborador sea ‘si entrego la información en realidad no voy a llegar a un beneficio porque el plazo es tan corto que no voy a poder cerrar un acuerdo de colaboración’”, explicó.