El expresidente de la República, Pedro Castillo, busca su liberación lo más antes posible. De acuerdo con el diario El Comercio, seis recursos habrían logrado llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC), donde se cuestiona la detención del exmandatario y orden de prisión preventiva.
El pasado 7 de diciembre ordenó disolver el Congreso de la República e imponer el gobierno de excepción. Desde esa fecha fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) para que responda por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Además, el Parlamento logró vacarlo a las pocas horas del fallido autogolpe.
En este sentido, cuatro habeas corpus presentado sería visto por el Pleno del TC, mientras que las dos restantes por otras salas. Asimismo, señalaron que no existe una fecha programada para que sea revisada.
Estos recursos que buscan liberar al expresidente fueron presentados, en algunas ocasiones, por personajes allegados e incluso conocidos. Entre ellos está un profesor de la Federación Nacional de Trabajadores Nacional en la Educación, Brangile Juan Mateo Blas, quien en el mayo de 2022 fue nombrado como prefecto regional de Junín.
Antes de esta designación, el docente había visitado hasta en seis oportunidades Palacio de Gobierno desde el 2021, según el Portal de Transparencia. Asimismo, se suma Jesús Álvaro Linares, excandidato para ocupar un curul en el Congreso.
Contra prisión preventiva
El expresidente Castillo se encuentra en el penal Barbadillo tras la orden de prisión preventiva por de 18 meses tras el fallido golpe de Estado. Sin embargo, no es por lo único que se le investiga, también se le acusa por ser líder de una presunta organización criminal que fue enquistada en Palacio de Gobierno durante su gestión.
Esta segunda medida es por 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Checkley indicó que había “fuertes indicios” de la participación del exjefe de Estado en el caso Petroperú por la compra de biodiésel.
Sin embargo, a este caso se le suma la buena pro de la construcción del Puente Tarata. La pena de estos delitos supera los cuatro años, siendo uno de los argumentos del magistrado para dictar una nueva medida contra el expresidente.
Impedimento de salida contra ‘El Español’
Otro de los personajes que se le ha vinculado al expresidente es Jorge Ernesto Hernández Fernández, a quien se le acusa de haber intentado atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y también contra el coronel PNP Harvey Colchado. Este último quiso ser destituido del Equipo Especial lo que evitaría que se continúe con su trabajo.
Ante ello, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida contra el también conocido ‘El Español’. De acuerdo con las primeras declaraciones de Hernández Fernández, fue aceptar que el sobrino Fray Vásquez que era buscado por la PNP estaba en su casa de La Molina.
Además, otras imágenes que fueron publicadas en los medios de comunicación revelaban la cercanía que tendría con algunos altos funcionarios de la Policía. Asimismo, señaló que buscó ser un colaborador eficaz, pero se encuentra en un proceso de entregar las pruebas de lo testificado en el Ministerio Público.
A Ernesto Hernández Fernández también se le involucra de un plan de intercepción de las comunicaciones contra los adversarios del gobierno de Castillo en ese entonces. Detrás de ello estaría un congresista de Fuerza Popular, quien habría viajado a Panamá para ver una feria con ese objetivo. Todo ello habría estado dirigido por Pedro Castillo y su círculo cercano.