El estrés que sobrelleva Ana Estrada ante los “comentarios hirientes” y la expectación sobre su eutanasia

La salud de la activista Ana Estrada, quien logró que el Poder Judicial ordenara al Ministerio de Salud y al seguro social Es Salud respetar su decisión de “poner fin a su vida mediante la eutanasia”, se encuentra resquebrajada y sobrelleva, a la par, una “situación de estrés” ante el interés público que ha generado su caso.

“A ella le afecta mucho que haya personas expectantes de su muerte. Le genera una situación de estrés, a veces le llegan comentarios muy hirientes y siente una fuerte presión. Cuando menos indaguemos sobre [si está esperando que el protocolo esté listo para efectuar su decisión], mejor”, dijo esta semana a Infobae la abogada Josefina Miró Quesada, quien vio el caso desde la Defensoría.

Durante su batalla legal, ha reiterado que no quiere convencer a nadie, simplemente pide respeto por las libertades y derechos de los individuos y que desea poder elegir cuándo morir de una forma digna.

“Es algo realmente revolucionario tener el control sobre la muerte. Creo que a veces las personas rehúyen a hablar porque pensamos la muerte en términos violentos. A la sociedad, enferma por violencia, le molesta aún hablar de una muerte dulce, sin sufrimiento, donde se ejerza la máxima expresión de libertad. Esto choca con la visión hegemónica en la cual la hemos encuadrado”, añadió la letrada.

Pese a esos impasses, este derecho se reconoció por primera vez en el país. La sentencia, emitida el sábado pasado, detalla que el seguro social tendrá que formar dos comisiones, la primera para elaborar un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna, y la segunda practicar la eutanasia propiamente dicha.

Además, ordena a Es Salud “a brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas” de Estrada, “lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida”. Todo este proceso tardaría aproximadamente en dos meses, “en el mejor de los escenarios”, según Miró Quesada.

De esa manera, el juzgado resolvió favorablemente la acción de amparo interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que pedía “con celeridad y urgencia”, ejecutar la sentencia, puesto que ya había pasado casi medio año.

Además, confió en que “las siguientes noticias no sean malas en el sentido de bloquear o dilatar estos procesos, o que haya objeciones de conciencia de los doctores”.

“Con eso, solo quedaría decir que si Ana quiere seguir viviendo, bacán; si ya no puede más, que tenga el poder en sus manos. Al final, de lo que se trata no es de estar a la expectativa, sino de garantizar que esa decisión esté efectivamente en sus manos, que ella tenga el poder efectivo de decir cuándo sí, cuándo no”, zanjó.