El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, fue citado para este miércoles por la Comisión de Fiscalización del Congreso con el fin de declarar en la investigación sobre el ‘caso Anguía’, que involucra una supuesta red liderada por el expresidente para conceder obras públicas en beneficio de su familia
Héctor Ventura, presidente del citado grupo de trabajo, informó que Castillo ya fue notificado y su presentación virtual es coordinada con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). El exmandatario “está en la obligación de comparecer, al ya no tener prerrogativas de jefe de Estado”, señaló el legislador.
Se ha notificado al expresidente #PedroCastillo para que declare ante la Comisión de Fiscalización este miércoles 15/02. Está en la obligación de comparecer, al ya no tener prerrogativas de jefe de Estado. pic.twitter.com/Zz7Txf7qZU
— Héctor Ventura Angel (@hventuracongre) February 14, 2023
“En más de cuatro oportunidades citamos al expresidente, pero puso pretextos. Hoy no hay pretexto, él tiene la obligación jurídica, de lo contrario podría ser denunciado por desacato”, añadió.
En este caso, donde el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder señala también a la exprimera dama, Lilia Paredes, como parte de una supuesta red de corrupción junto a sus hermanos y el empresario Hugo Espino, Castillo está en la condición de testigo. Sin embargo, Ventura precisó que la situación podría variar a la de investigado en los próximos días.
Informe
#CongresoInforma l La sesión donde se debatirá y votará el informe final sobre una acusación constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo será vista el viernes 17 de febrero a partir de las 10:00 horas.
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 13, 2023
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Aquella denuncia responde a irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II y en otros presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Tras su detención, Lilia Paredes e hijos se asilaron en México, por lo que Lima pidió al embajador mexicano retirarse del país.
La Fiscalía pidió este viernes 36 meses de prisión para la exprimera dama, investigada por integrar esta supuesta organización que traficaba influencias.