En medio de las controversias en torno a la conformación del directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el centro de estudios no licenciado, Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), anunció la presentación de una solicitud para contar con el respaldo de la entidad encargada de garantizar la calidad educativa.
A través de un comunicado difundido en redes, la administración concursal de la universidad indicó que el proceso se regirá bajo la normativa vigente y los estándares exigidos por el superintendencia. Este proceso forma parte del Plan de Reestructuración de la casa de estudios que fue aprobada por la Junta de acreedores a finales del año pasado. A fin de lograr su objetivo, se ha iniciado un proceso de cambios en la institución.
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El texto difundido asegura que se realizarán modificaciones “orientadas en optimización de nuestros procesos y servicios educativos - administrativos, centrándonos en la calidad educativa y de servicio al alumno y promoviendo la capacitación y sensibilización de nuestro personal”. Cabe recordar que el 10 de octubre del 2019, Sunedu confirmó que la UIGV “no ha sido capaz de demostrar el cumplimiento de ninguna de las condiciones básicas de calidad indispensables para la prestación del servicio de nivel universitario en el Perú”.
El texto difundido no especifica cuándo iniciarán el proceso formal ni el tiempo estimado de duración. Tan solo se menciona el compromiso de la comunidad universitaria. Una publicación de La República de noviembre del 2022 da cuenta de que el centro de estudios amplió su plazo de cese hasta el 2024 y pasó de contar 16 mil estudiantes a menos de mil. Cabe recordar que a finales del 2019 contaba con 97 programas de estudio.
Licencia denegada
La Sunedu ha señalado que entre las principales razones por las que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega no logró su licenciamiento resalta el hecho de que la “instancia encargada de la gestión de calidad en la universidad no tiene una estructura organizacional definida ni cuenta con el personal a cargo requerido”. Asimismo, se resalta que los instrumentos de gestión no están articulados.
La entidad no presentó a la Sunedu los planes de estudios de los programas declarados que estaban divididos en 48 de pregrado, 38 maestrías y 11 doctorados, además de 24 programas de segunda especialidad. Asimismo, la seguridad de los estudiantes se veía comprometida al no respetarse el Reglamento Nacional de Edificaciones; es decir, la infraestructura no era la adecuada para brindar servicios educativos.
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“La universidad no ha demostrado la implementación y gestión de actividades de investigación planificadas: no hay evidencia de que sus proyectos de investigación 2019 hayan pasado por un proceso de selección para la adjudicación de financiamiento, aunque así lo establece su propia normativa; ni que se hayan ejecutado capacitaciones para los investigadores”, indicó Sunedu al negar el licenciamiento.
La Unidad de Investigación Formativa y Capacitación no contaba con el personal responsable para todas las instancias. Entre el 2017 y 2019 los docentes incumplieron los criterios establecidos en la propia normativa de la universidad. Además, la mayoría de proyectos de investigación no llegaron a ser culminados y los que sí lo hicieron no cumplían con los criterios de integridad científica.
“Si bien la universidad presenta una plana docente que cumple con los grados académicos mínimos requeridos, durante el proceso no pudo demostrar el vínculo laboral del 40% de sus docentes. Tampoco ha podido asegurar su disponibilidad y solo ha evidenciado que el 11.22% del total de sus docentes tiene un régimen de dedicación a tiempo completo”, resaltó la superintendencia en sus conclusiones.
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