El futuro de la mina de Cobre Panamá enfrenta un escenario complejo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en 2023 declaró inconstitucional la Ley 406, base legal del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A.
Este fallo no significa una prohibición de la minería, sino que pone en duda el procedimiento seguido para su aprobación, según explicó Aresio Valiente López, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Cualquier intento de restablecer la operación minera debe partir de la legalidad, la transparencia y el respeto por los procedimientos constitucionales, incluida la participación ciudadana.
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Para Valiente López, citado por el medio de comunicación Universidad, la Asamblea Nacional solo puede aprobar o rechazar proyectos completos, pero no modificarlos sin reiniciar el proceso legal correspondiente. Sin una base jurídica clara, la continuidad de la mina carece de sustento, afirmó.
La sentencia de inconstitucionalidad dejó un vacío legal que obliga a replantear las condiciones bajo las cuales el Estado podría permitir la explotación de recursos minerales, señaló el docente.
Aunque la Constitución no prohíbe la minería, exige que cualquier concesión se ajuste a la legislación vigente y cumpla con estrictas normas ambientales.
Por lo tanto, retomar la actividad no puede ser visto como una mera reactivación de la operación anterior: requeriría corregir los procedimientos, actualizar estudios y replantear los requisitos para garantizar protección ambiental y transparencia.
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Esta preocupación también fue resaltada al semanario universitario por Florencio Díaz Pinzón, director interino del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. En su opinión, reactivar la mina sin atender el fallo de la Corte provocaría incertidumbre política y social, afectando la separación de poderes.
Díaz Pinzón advierte sobre los riesgos de abordar el tema desde una óptica exclusivamente económica o de generación de empleo.
El discurso que presenta la minería como una fuente segura de empleo y desarrollo regional es cuestionado desde varios ámbitos, comentó.
Díaz Pinzón señaló que el extractivismo puede entregar beneficios económicos inmediatos, pero deja al Estado y la sociedad a cargo de externalidades como contaminación, deterioro ambiental y altos costos de remediación.
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La experiencia negativa de la mina de Petaquilla es citada como ejemplo de los pasivos ambientales que pueden surgir al cierre de la actividad extractiva.
Adicionalmente, Reyes Arturo Valverde Batista, director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía, introdujo el enfoque económico.
Sus cálculos muestran que el sector minero genera aproximadamente 42.6 centavos de actividad adicional por cada dólar invertido y un multiplicador de empleo de 2.2, lo que relativiza su impacto como motor exclusivo de la economía o del empleo.
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El economista observa que muchas comunidades cercanas a recursos mineros permanecen con bajos niveles de ingreso, lo que evidencia la necesidad de diseñar estrategias de desarrollo regional más integrales.
Para el catedrático, las políticas deberían incluir educación, salud, infraestructura, capacitación e industrialización, evitando la dependencia de los enclaves mineros.
Frente a este panorama, los expertos coinciden en que la discusión sobre la minería no debe reducirse a una simple dicotomía. El país se enfrenta a la tarea de decidir quién obtiene los beneficios, quién asume los costos y qué modelo de desarrollo quiere construir.
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La protección de los recursos hídricos, en un país cuya economía está profundamente ligada al Canal de Panamá, es vista como un objetivo nacional estratégico.
Los especialistas coinciden, desde disciplinas diferentes, en que la discusión no debe reducirse a “mina sí” o “mina no”. El verdadero desafío consiste en determinar quién obtiene los beneficios, quién asume los costos y qué modelo de desarrollo quiere construir Panamá.
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