Pese a que el país mantiene una percepción positiva en algunos indicadores, como lo muestra el nivel de confianza económica de 8,1 sobre 10 a julio de este año, la cautela comienza a ganar terreno entre el sector empresarial.
Es la observación que hace la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) sobre los recientes datos de la confianza económica en Panamá, que según argumenta invitan a una reflexión sobre el papel de las instituciones en la atracción de inversiones.
Un 22% de las empresas prevé aumentar su plantilla, aunque el porcentaje de quienes esperan crecer en ventas disminuyó en el último mes.
Este contraste evidencia que la decisión de invertir no depende solo de las oportunidades de mercado, sino también del entorno institucional.
Para las empresas que evalúan instalarse o expandirse en Panamá, el atractivo geográfico y la economía dolarizada no bastan, asegura el gremio empresarial, en una nota que lleva la firma de su presidente Alberto López Tom.
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Afirma que los ejecutivos se preguntan si las leyes serán estables y si los contratos tendrán respaldo institucional en el futuro próximo. Añade que este tipo de preguntas revela que la confianza en las reglas del juego y en la capacidad de respuesta del Estado es tan relevante como las ventajas logísticas o financieras.
Al analizar el panorama institucional, la Apede sostiene que emergen dos caras. Por un lado, la ubicación estratégica y la plataforma logística posicionan a Panamá como un nodo global, mientras que por el otro lado las debilidades en la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción frenan el potencial de crecimiento.
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El Índice de Estado de Derecho 2025 sitúa al país en el puesto 73 de 143 naciones, con una puntuación de 0,52 sobre 1. El mismo informe muestra una disparidad interna: Panamá figura entre los 50 primeros en gobierno abierto, pero cae al 105 en justicia penal.
La respuesta a por qué el país debe fortalecer sus instituciones radica, de acuerdo con el ente gremial, en la necesidad de garantizar seguridad jurídica y reglas predecibles para quienes desean invertir y generar empleo.
“Cuando las instituciones son sólidas, las compañías apuestan por el crecimiento y la reinversión. Si la confianza decae, el capital opta por alternativas más seguras”, puntualiza.
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Para la Apede, la administración de justicia destaca como el principal punto débil. En ausencia de mecanismos efectivos para combatir la corrupción y asegurar una aplicación equitativa de las normas, la percepción de riesgo aumenta.
El Índice de Percepción de la Corrupción otorga a Panamá 33 puntos sobre 100, lejos del promedio continental de 42 y de los registros de Uruguay, Chile o Costa Rica.
El gremio ha impulsado la creación del Observatorio de Transparencia Judicial para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia, buscando cerrar la brecha entre las normas y su cumplimiento. El propósito, asegura, es contribuir a una institucionalidad que inspire confianza tanto a ciudadanos como a inversionistas.
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Las recientes investigaciones en la Dirección General de Ingresos y los cambios en el Ministerio de Educación ilustran lo que ocurre cuando las instituciones no logran trascender los ciclos políticos. Los controles internos y la rendición de cuentas se convierten en prioridades, no solo para evitar irregularidades, sino para construir un entorno de estabilidad y previsibilidad.
En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá ocupa el puesto 63 entre 184 economías, una caída respecto al año anterior. El Índice de Calidad Institucional refleja una posición intermedia: 57 en instituciones económicas y 75 en políticas.
Estos resultados, manifiesta la Apede, confirman que, aunque el país se mantiene por encima del promedio latinoamericano en calidad institucional y democracia, la brecha con líderes regionales persiste.
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La comparación con Uruguay, Chile y Costa Rica refuerza la idea de que la fortaleza institucional es clave para la competitividad. Países con sistemas más transparentes y predecibles atraen más inversiones y logran mejores resultados en innovación y empleo.
La asociación plantea que las instituciones deben ser más fuertes que las personas que las dirigen, impulsando el fortalecimiento del gobierno corporativo y la rendición de cuentas desde su propia estructura.
El país cuenta con bases sólidas, pero requiere instituciones capaces de garantizar continuidad, transparencia y reglas claras que trasciendan los ciclos políticos, de acuerdo con la Apede.
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