Un panameño de 23 años se convirtió en el tercer imputado dentro de las investigaciones por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra entre Rusia y Ucrania. El hombre quedó detenido provisionalmente tras ser aprehendido el 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba en un vuelo procedente de Colombia y fue identificado mediante una alerta silenciosa de Interpol.
El juez de garantías Edgar Naterón Rodríguez legalizó la aprehensión y admitió la imputación por el presunto delito de trata de personas agravada. La Fiscalía sostiene que existen entrevistas con señalamientos directos y elementos relacionados con la captación mediante redes sociales, mientras el tribunal consideró acreditados riesgos de fuga, afectación de pruebas, peligro para las víctimas y para la comunidad.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el investigado habría participado junto con otras personas en la captación de panameños mediante ofertas de trabajo superiores a $2.500, para posteriormente trasladarlos a un país de Europa del Este.
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Las autoridades sostienen que las promesas laborales habrían terminado convirtiéndose en servicios militares forzados, hipótesis que deberá determinarse durante el proceso penal.
La Fiscalía indicó que la trata de personas agravada puede alcanzar penas de entre 20 y 30 años de prisión. La defensa particular, ejercida por Ana María Aznarán, anunció una apelación contra la detención provisional, cuya audiencia fue programada para el 4 de septiembre a las 10:00 a.m. ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
El nuevo imputado se suma a otros dos hombres detenidos previamente dentro de las investigaciones desarrolladas en Panamá. El primero fue Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, aprehendido a finales de julio en Tocumen cuando mantenía los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia. El hombre ha sostenido que únicamente prestaba servicios como taxista y no reclutaba personas.
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Posteriormente fue detenido Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, señalado por tres víctimas como la persona que presuntamente las habría reclutado y ayudado a financiar gestiones para viajar.
Ryfkogel también ha rechazado esa acusación y sostiene que solo ayudó a personas que se acercaron voluntariamente interesadas en viajar al conflicto.
Las investigaciones avanzan mientras las autoridades intentan establecer cuántos panameños han participado realmente en la guerra. Una estimación divulgada el 12 de agosto situó en alrededor de 77 los nacionales que podrían haber estado o permanecer vinculados: cerca de 60 con fuerzas rusas y 17 con Ucrania, aunque Cancillería advirtió que no se trata de un registro definitivo.
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Otras verificaciones oficiales posteriores han manejado cifras menores. Cancillería informó que los datos continúan cambiando conforme avanzan los reportes familiares y las comprobaciones consulares, por lo que mantiene abiertos canales con ambos países.
El Gobierno también confirmó al menos un panameño fallecido y casos de compatriotas con quienes sus familiares han perdido contacto.
Al menos siete panameños regresaron recientemente al país con apoyo de Cancillería, cinco procedentes de Rusia y dos de Ucrania. Dos de estos últimos permanecieron aproximadamente un mes y medio en territorio ucraniano y denunciaron que las condiciones encontradas eran distintas de las ofrecidas antes de viajar, incluyendo retención de documentos y presión para participar en misiones.
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Los dos repatriados aseguraron que sus teléfonos y pasaportes fueron retirados y que firmaron contratos redactados en ucraniano que no pudieron comprender.
También afirmaron que no recibieron el dinero prometido y que, al solicitar abandonar la brigada, les indicaron que debían permanecer durante seis meses debido al compromiso contractual que habían firmado.
La dimensión internacional del caso llegó esta semana hasta Moscú. El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, recibió el 18 de agosto a la embajadora panameña en Rusia, Carmen Inés Ávila Ortega, en medio de las gestiones para conocer la situación de los nacionales vinculados al conflicto.
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Según la información divulgada por Moscú, ambas partes abordaron asuntos bilaterales y mecanismos para intensificar el diálogo político.
Panamá también ha solicitado directamente información a las autoridades rusas. El canciller Javier Martínez-Acha explicó que envió dos comunicaciones para procurar la ubicación de los nacionales y facilitar su eventual retorno, mediante un circuito humanitario que permita desvincularlos de sus obligaciones.
El objetivo es que quienes manifiesten su voluntad de regresar puedan ser entregados a la representación diplomática panameña para gestionar su repatriación.
El Ministerio Público mantiene varias investigaciones relacionadas con la captación de panameños para el conflicto, mientras intenta determinar la participación individual de quienes presuntamente intervinieron en los traslados.
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Los testimonios recopilados describen contactos mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, junto con ofertas económicas que habrían sido utilizadas para atraer a personas interesadas en mejorar sus ingresos.
La reunión celebrada en Moscú y los detalles sobre las gestiones diplomáticas fueron reportados también por la agencia EFE, que señaló que Panamá mantiene contactos con Rusia para facilitar el regreso de sus ciudadanos.
Mientras avanzan esas gestiones, la investigación penal en Panamá ya alcanza a tres imputados, y las autoridades continúan intentando precisar cuántos nacionales permanecen actualmente en territorio ruso o ucraniano.
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