First Quantum Minerals, la multinacional canadiense propietaria de Minera Panamá, empresa que hasta finales de 2023 operó la concesión para extraer cobre y otros minerales en Donoso, provincia de Colón, prevé realizar en agosto el primer embarque de concentrado producido con las reservas de mineral que quedaron sin procesar cuando Cobre Panamá suspendió sus operaciones.
El movimiento representa un nuevo paso dentro del complejo minero, aunque no implica la reanudación de la extracción de cobre. El Gobierno autorizó procesar el mineral que había sido extraído antes del cierre y permanecía acumulado sin pasar por la planta concentradora, mientras continúa pendiente una decisión sobre el futuro de la mina, paralizada tras el fallo de inconstitucionalidad de noviembre de 2023.
Tristan Pascall, presidente ejecutivo de First Quantum Minerals, informó durante la llamada de resultados del segundo trimestre que el Tren 3, uno de los tres trenes de molienda de Cobre Panamá, volvió a operar en mayo.
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La compañía produjo el primer concentrado en junio, antes de su meta original para el tercer trimestre, y posteriormente trasladó el procesamiento al Tren 2 como parte del ciclo de mantenimiento.
Hasta el cierre de junio habían sido procesadas 2.1 millones de toneladas de esas reservas de mineral, con una producción aproximada de 3,200 toneladas de cobre contenido en concentrado.
Pascall confirmó que el puerto y la central eléctrica permanecen operativos y que el primer embarque del nuevo concentrado está previsto para agosto.
La situación es diferente a la registrada en 2025. Entonces, Panamá autorizó la exportación del concentrado que ya había sido producido antes del cierre de Cobre Panamá y permaneció almacenado en el complejo durante cerca de dos años.
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Ahora se está procesando mineral que había sido extraído previamente, pero que quedó sin convertirse en concentrado cuando se suspendió la operación minera.
First Quantum calcula que permanecen unas 38 millones de toneladas de mineral acumulado, con aproximadamente 70,000 toneladas de cobre recuperable. Al ritmo actual, esas reservas serían suficientes para aproximadamente 12 meses de procesamiento.
Pascall agregó que existe una fuerte demanda internacional por el concentrado y que la actividad podría generar un flujo de caja entre neutral y positivo con los actuales precios del cobre.
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La mayor actividad también ha elevado el empleo. Actualmente unas 3,000 personas trabajan dentro de Cobre Panamá y se reanudaron las compras a proveedores panameños.
Cerca de 1,000 trabajadores calificados han regresado o fueron contratados recientemente para respaldar el procesamiento, según explicó Pascall durante la presentación de los resultados financieros de la compañía.
Sin embargo, First Quantum insistió en que Cobre Panamá no se encuentra en una fase de reapertura completa. Continúan suspendidas las actividades propiamente mineras, entre ellas perforaciones, voladuras, remoción de material estéril y movilización completa de la flota. Una eventual vuelta a producción requeriría reactivar la extracción en los tajos Botija y Colina.
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La empresa estima que necesitaría una fuerza laboral cercana a 6,000 personas para regresar a operaciones completas. Pascall sostuvo que, una vez establecido un marco y obtenidas las autorizaciones correspondientes, podría alcanzar entre 80% y 90% de su capacidad en seis a nueve meses, aunque la contratación y capacitación de trabajadores altamente especializados podría convertirse en una limitante.
El futuro de la mina concentró buena parte de las preguntas de los analistas durante la conferencia. Representantes de firmas como Scotiabank, Barclays, Bank of America y UBS interrogaron a los ejecutivos sobre Panamá, desde los costos y tiempos de una eventual reapertura hasta las decisiones gubernamentales y el futuro de los arbitrajes internacionales.
Cobre Panamá permanece sin autorización para extraer nuevo mineral desde finales de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
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Desde entonces, el complejo se mantiene bajo un esquema de preservación y gestión segura, mientras el Ejecutivo analiza qué camino adoptar para una operación que llegó a representar una parte importante de la economía panameña.
Una pieza central para esa decisión es la auditoría integral realizada a la mina. Pascall destacó que el informe otorgó una calificación general de 87.73 puntos sobre 100. De 370 compromisos examinados, 361 fueron considerados cumplidos y siete quedaron en cumplimiento parcial, principalmente en reforestación, biodiversidad y programas de restauración de largo plazo.
Sobre la revisión, organizaciones ambientalistas de Panamá cuestionaron la solidez técnica de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá y advirtieron que una parte sustancial de sus conclusiones no puede verificarse con la documentación disponible.
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El principal cuestionamiento se concentra en155 de los 371 compromisos evaluados, equivalentes a más del 40%, que, según la Mesa Técnica, no cuentan con evidencia suficiente dentro de los anexos publicados.
Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental, sostuvo quela auditoría se enfocó en comprobar si se habían presentado documentos, pero no necesariamente en determinar si las medidas ejecutadas produjeron los resultados ambientales, sociales, laborales y financieros esperados.
Los resultados están ahora en manos de una comisión ministerial encabezada por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, encargada de evaluar la auditoría y formular recomendaciones.
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Pascall indicó que el grupo estableció reuniones regulares y consideró que, con la información disponible, el Gobierno panameño está entrando en una fase de toma de decisiones.
Otra posibilidad apareció desde la primera pregunta de la conferencia. Orest Wowkodaw, analista de Scotiabank, consultó sobre reportes que señalaban que Panamá podría estar considerando crear una empresa minera estatal y buscar interesados en participar en la mina.
Pascall rechazó entrar en ese escenario y respondió que First Quantum no comenta especulaciones de prensa provenientes de fuentes no confirmadas.
El escenario más delicado apareció al cierre de la llamada. Myles Allsop, analista de UBS, preguntó qué ocurriría si la propuesta final del Gobierno resultara demasiado agresiva para First Quantum y cuánto tardaría la empresa en regresar al arbitraje para proteger el valor de sus accionistas.
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Pascall respondió que los arbitrajes permanecen suspendidos, pero todos los derechos de la compañía están protegidos y el panel ya está constituido, por lo que podrían reactivarse.
Aun así, sostuvo que esa no es la opción que busca First Quantum: “El arbitraje no es el resultado preferido”, afirmó, al señalar que la compañía apuesta por una solución equilibrada que considere las realidades económicas, los beneficios para Panamá y la transparencia del proceso.