Seis años después de la peor masacre registrada en una cárcel panameña, la justicia impuso la pena máxima permitida por la legislación nacional a los responsables del ataque que dejó 13 muertos y 11 heridos dentro del Centro Penitenciario La Joyita.
El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary condenó a 12 privados de libertad a 50 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tras ser declarados culpables previamente por un Jurado de Conciencia.
La sentencia fue leída este jueves en la sede de Juicio Oral y Cumplimiento del Órgano Judicial, en Balboa, corregimiento de Ancón. Los condenados siguieron la audiencia de manera telemática desde el centro penitenciario donde permanecen recluidos.
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El tribunal impuso primero una pena de 30 años de prisión por los 13 homicidios dolosos agravados y posteriormente agregó 20 años por las 11 tentativas de homicidio, para una condena total de 50 años para cada uno de los sentenciados.
La cifra coincide con el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión contemplado por la legislación panameña. Aunque recientemente los tribunales han dictado condenas acumulativas superiores —incluyendo una de 80 años por un doble homicidio— la ley establece que ninguna persona puede permanecer privada de libertad por más de 50 años.
La decisión judicial pone fin a una de las investigaciones criminales más complejas desarrolladas en los últimos años por el Ministerio Público y acerca al cierre uno de los episodios más violentos en la historia del sistema penitenciario panameño.
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Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019 dentro del pabellón 14 de La Joyita, una de las cárceles que forman parte del complejo penitenciario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.
Aquella tarde se desató una sangrienta reyerta entre grupos rivales de privados de libertad. Lo que inicialmente parecía una pelea entre internos rápidamente escaló hasta convertirse en una matanza de grandes proporciones.
Según las investigaciones, los atacantes utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para agredir a otros reclusos que se encontraban en el mismo pabellón.
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El resultado fue devastador: 13 personas murieron y otras 11 sufrieron heridas de gravedad.
La magnitud de la violencia conmocionó al país y expuso graves fallas dentro del sistema penitenciario. Las imágenes difundidas tras la masacre mostraron un escenario de destrucción y evidenciaron la presencia de armamento de alto poder dentro del penal.
Durante las requisas posteriores, las autoridades encontraron fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres, municiones y armas artesanales, hallazgos que generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes y la forma en que ese arsenal ingresó al centro penitenciario.
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Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que la masacre estaba relacionada con una disputa interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM).
De acuerdo con la Fiscalía, el conflicto tenía como trasfondo el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de estructuras criminales que operaban tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Las pesquisas incluyeron análisis balísticos, peritajes forenses, inspecciones técnicas y testimonios protegidos que permitieron reconstruir los hechos y establecer la participación de los acusados.
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El proceso judicial se extendió durante varias semanas y culminó el pasado 30 de mayo, cuando un Jurado de Conciencia declaró culpables a los 12 procesados como autores de los homicidios y de las tentativas de homicidio.
Durante la audiencia de lectura de sentencia también surgió un nuevo elemento dentro del caso.
El Tribunal ordenó compulsar copias de la decisión al Ministerio Público para que continúe investigando la posible participación de una persona que fue señalada durante el juicio como presunto autor intelectual de los hechos.
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Sin embargo, la fiscal especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, Jennifer Román, aclaró que el Ministerio Público ya mantiene abierta una investigación relacionada con esa línea del caso bajo una carpeta específica que continúa en desarrollo.
La condena no pone fin definitivo al proceso judicial. Los abogados defensores particulares y representantes del Instituto de la Defensa Pública anunciaron recursos de apelación contra la sentencia. Aquellos defensores que no estuvieron presentes durante la audiencia disponen de dos días hábiles para formalizar la impugnación por escrito.
A pesar de ello, la decisión representa uno de los fallos más severos emitidos por los tribunales panameños en los últimos años y marca un nuevo capítulo en un caso que evidenció los problemas de hacinamiento, la presencia de pandillas y las deficiencias de seguridad que durante años han afectado al sistema penitenciario del país.
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Para las autoridades, la condena constituye una respuesta judicial a una tragedia que dejó 24 víctimas directas entre fallecidos y heridos y que sigue siendo recordada como la peor masacre carcelaria ocurrida en Panamá.