El plan de reasentamiento de las familias impactadas por el futuro embalse de Río Indio se extenderá más allá de 2034, no solo por el traslado físico de las comunidades, sino por el acompañamiento que la Autoridad del Canal de Panamá prevé mantener hasta que los hogares recuperen sus medios de vida. Así lo explicó Ilia Espino de Marotta, subadministradora y futura administradora del Canal, al detallar los avances del proyecto hídrico aprobado en enero de 2025.
El proyecto contempla el reasentamiento de 423 familias ubicadas en áreas de Coclé, Panamá Oeste y Colón. Espino de Marotta aclaró que el proceso será paulatino y que no todas las familias serán trasladadas al mismo tiempo. La prioridad inicial estará en el área donde se construirá la presa, principalmente en sectores de Colón, por tratarse del punto donde deberán iniciar las primeras obras físicas.
“Este reasentamiento va a ser paulatino, no todo el mundo a la vez. Primero, el área prioritaria es el sitio de presa, donde hay que hacer las construcciones”, explicó la ingeniera durante una presentación pública sobre el proyecto. También descartó la idea de que las familias serán trasladadas en pocos meses. “No. Esto va a tomar años”, señaló.
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La futura administradora de la ACP insistió en que el acompañamiento no terminará con la mudanza. Según dijo, la ejecución del plan de reasentamiento se extenderá más allá de 2034 porque la institución dará seguimiento a las familias hasta que puedan restaurar sus medios de vida. “No es que te mudo y me voy. Te acompaño hasta que tu medio de vida sea restaurado”, afirmó.
Río Indio es la principal apuesta hídrica del Canal de Panamá para garantizar agua suficiente durante los próximos 50 años. La obra principal requiere una inversión estimada de $1,500 millones e incluye una presa de concreto, tres presas auxiliares y un sistema que permitirá trasladar agua hacia el lago Gatún por gravedad. La construcción tendría una duración aproximada de cuatro años y generaría unos 2,700 empleos directos entre las labores de reasentamiento y la ejecución de la infraestructura.
De acuerdo con el cronograma explicado por Espino de Marotta, la ACP aspira a adjudicar el contrato principal en algún momento de 2027 e iniciar la obra física en 2028. Mientras tanto, la institución avanza en el diseño conceptual del proyecto, la actualización de la línea base ambiental, los estudios técnicos y el proceso de diálogo con las comunidades.
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La presentación del estudio de impacto ambiental categoría III ante el Ministerio de Ambiente está prevista entre finales de 2026 y principios de 2027. La funcionaria señaló que ese proceso incluirá foros públicos, intercambio de información, entrevistas y mecanismos de participación ciudadana, debido a la magnitud ambiental y social del proyecto.
Uno de los componentes más sensibles es el marco de compensación para las familias que deberán ser reasentadas. Espino de Marotta explicó que la ACP ha desarrollado siete ciclos de reuniones con los residentes, bajo estándares de la Corporación Financiera Internacional, aunque el Canal no recurrirá a financiamiento de esa entidad. Según dijo, la intención es aplicar normas internacionales en materia de reasentamiento.
La funcionaria sostuvo que la participación comunitaria ha aumentado con el tiempo. Al inicio, dijo, solo participaba alrededor del 26% de las familias convocadas, pero tras nueve meses de reuniones entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la participación llegó a cerca del 70%. Ese proceso incluyó encuentros comunitarios, reuniones individuales y visitas casa por casa cuando fue necesario.
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La ACP también identificó predios para reubicar a las familias dentro de las mismas provincias impactadas. De acuerdo con Espino de Marotta, algunos terrenos se encuentran entre cinco y siete kilómetros de las viviendas actuales, con el objetivo de evitar una ruptura brusca con el entorno social y productivo de las comunidades. “No los vamos a mandar a Tocumen”, dijo al referirse a uno de los temores expresados por los residentes.
El plan contempla compensaciones por vivienda, terrenos y actividades económicas. Según el censo socioeconómico levantado por la ACP, el 53% de las familias tiene cinco hectáreas o menos, el 33% posee entre cinco y 25 hectáreas y el 14% cuenta con más de 25 hectáreas. La compensación podrá incluir tierra por tierra, pagos económicos o una combinación de ambas opciones, según avalúos comerciales.
La funcionaria también aseguró que las familias recibirán títulos de propiedad en sus nuevas ubicaciones. Incluso quienes actualmente ocupan tierras bajo derechos posesorios serán tratados como si contaran con título formal para efectos del proceso de compensación. Además, el plan contempla el traslado de animales, apoyo por lucro cesante en actividades agrícolas o ganaderas y reconstrucción de infraestructura comunitaria.
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En el caso de las viviendas, la ACP afirma que los diseños han sido trabajados con las familias para incorporar elementos propios de su forma de vida, como portales, depósitos, fogones exteriores, paneles solares, paredes de bloque, techos de zinc, cocina, lavandería y espacios ajustados a la composición familiar. Las casas también serán diseñadas para permitir ampliaciones futuras.
El proyecto no se limita al área que será inundada. Espino de Marotta explicó que el Canal desarrolla iniciativas de cuenca en comunidades de Río Indio, incluyendo reforestación, conectividad escolar, paneles solares, titulación de tierras y programas de pago por protección de bosques. Hasta ahora, según la ACP, más de 1,100 personas han sido beneficiadas por proyectos de cuenca.
En materia ambiental, la institución reportó la reforestación de 50 hectáreas con la participación de más de 360 estudiantes y residentes, así como la creación de tres viveros comunitarios. También informó que 32 familias se han inscrito voluntariamente en el programa de pago por protección de bosques, protegiendo unas 300 hectáreas. La meta es llegar a 5,000 hectáreas con unas 500 familias.
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Otro componente mencionado por Espino de Marotta es la intervención en escuelas rurales. La ACP ha trabajado en diez centros educativos y prevé atender otros diez en el territorio, mediante la instalación de antenas satelitales y paneles solares para llevar internet y electricidad a estudiantes de comunidades de Panamá Oeste, Coclé y Colón.
La futura administradora defendió la necesidad del embalse al recordar que los lagos Gatún y Alajuela sostienen actualmente tanto el abastecimiento de agua potable de más de dos millones de personas como la operación del Canal. Según explicó, el consumo de agua de ocho plantas potabilizadoras equivale a unos 8.8 tránsitos diarios, cifra que aumentará a diez tránsitos cuando entren en operación nuevas plantas y ampliaciones.
Espino de Marotta recordó que durante la sequía de 2023 la ACP redujo el número de tránsitos diarios para preservar el agua destinada a la población. Esa decisión, dijo, implicó que entre 2,200 y 2,700 buques no pudieran transitar por la vía interoceánica y pudo representar un impacto cercano a $900 millones para el Canal.
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La ingeniera también descartó que el lago Bayano sea una alternativa más conveniente que Río Indio. Afirmó que la ACP estudió 12 posibles variantes asociadas a Bayano y ninguna resultó superior. Según explicó, esa opción costaría tres veces y media más que Río Indio, requeriría una tubería de más de 100 kilómetros y demandaría alrededor de $200 millones anuales solo para bombear el agua.
Para Espino de Marotta, Río Indio se ha convertido en una pieza central del plan estratégico 2025-2035 del Canal de Panamá, junto con otros proyectos como nuevos puertos, un corredor logístico y un gasoducto. La funcionaria planteó que el reto hídrico es una nueva etapa en la historia de la vía interoceánica, después de la transferencia del Canal y la ampliación inaugurada en 2016.
La ACP sostiene que el proyecto permitirá reducir la vulnerabilidad del país frente a eventos climáticos extremos y asegurar una fuente adicional de agua para la población y para la operación de la vía. Sin embargo, el avance del plan dependerá del cumplimiento de los estudios ambientales, el proceso de reasentamiento, la relación con las comunidades y la capacidad institucional para ejecutar una de las obras más complejas que enfrenta el Canal en las próximas décadas.
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