La licitación para construir y operar el teleférico de Panamá y San Miguelito quedó desierta luego de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara propuesta económica y técnica dentro del plazo establecido por Metro de Panamá.
El acto de recepción y apertura de ofertas se realizó este 28 de mayo de 2026, pero concluyó sin participantes, pese a que el proyecto había atravesado más de un año de preparación, múltiples ajustes al pliego de cargos y diez adendas destinadas a flexibilizar las condiciones de contratación.
La decisión representa un revés para uno de los proyectos de movilidad urbana más emblemáticos impulsados por la administración del presidente José Raúl Mulino.
El teleférico está concebido como un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de longitud, con seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, y una capacidad inicial para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora en cada dirección.
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En un comunicado divulgado tras el cierre del proceso, Metro de Panamá informó que los dos consorcios que habían superado la fase de precalificación decidieron no presentar ofertas.
Se trata del Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y del Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, conformado por la española Cointer Concesiones y la firma Doppelmayr Panamá Corp., especializada en sistemas de transporte por cable.
La entidad explicó que durante los últimos meses atendió consultas de los interesados, desarrolló mesas de trabajo interinstitucionales e introdujo varias modificaciones al pliego para facilitar la participación bajo el modelo de concesión seleccionado.
Sin embargo, señaló que no fue posible alcanzar la denominada “bancarización” del proyecto por parte de los proponentes precalificados, a pesar de que ambos grupos contaban con experiencia técnica comprobada.
En términos prácticos, la explicación apunta a que los consorcios no lograron estructurar el financiamiento requerido para ejecutar el proyecto bajo las condiciones planteadas por el Estado.
Aunque las empresas tenían la capacidad técnica para desarrollar la obra, no consiguieron asegurar el respaldo financiero necesario de bancos o entidades de crédito internacionales para cerrar el esquema económico de la concesión.
El resultado se produce apenas días después de que Metro de Panamá introdujera nuevos cambios a las condiciones de la licitación mediante la Adenda No. 10, una de las últimas modificaciones realizadas antes de la fecha límite para la entrega de propuestas.
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Entre los ajustes figuraban cambios en la forma de calcular las fianzas, nuevas garantías para asegurar las inversiones comprometidas por el futuro concesionario y precisiones sobre los requisitos financieros exigidos a los participantes.
Las modificaciones también redefinieron algunos aspectos relacionados con el cierre financiero del proyecto, los mecanismos de indemnización y las condiciones aplicables en caso de incumplimiento o terminación anticipada del contrato. Asimismo, se flexibilizaron ciertos criterios para que los indicadores financieros pudieran ser acreditados por uno o varios integrantes de los consorcios participantes.
El proceso había comenzado formalmente en enero de 2025 con la etapa de precalificación internacional, en la que participaron varios grupos empresariales interesados en desarrollar la obra bajo una concesión administrativa. Tras la evaluación de capacidades técnicas, financieras y experiencia previa, únicamente dos consorcios lograron avanzar a la fase final de presentación de propuestas.
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Durante el desarrollo de la licitación, Metro de Panamá emitió al menos diez adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas. De hecho, el acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad realizaba ajustes para intentar atraer financiamiento y aumentar la viabilidad económica del proyecto.
Ahora, tras la ausencia de propuestas, Metro de Panamá anunció que realizará una revisión integral de las condiciones del proyecto. La evaluación incluirá aspectos financieros, la distribución de riesgos entre el Estado y el futuro operador privado, así como la viabilidad contractual de la iniciativa, tomando en consideración las exigencias del sector bancario internacional.
La entidad adelantó que analizará junto con otras instituciones gubernamentales cuál será la hoja de ruta más conveniente para sacar adelante la construcción del teleférico, que continúa siendo parte del plan de inversiones y movilidad contemplado por el Gobierno para el período 2024-2029.
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Entre las alternativas que podrían estudiarse figuran modificaciones adicionales al esquema de concesión, cambios en la estructura financiera o incluso una redefinición del modelo bajo el cual se desarrollaría la obra.
Mientras se define el futuro del proyecto, miles de moradores de San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, tendrán que seguir esperando una solución de transporte que alivie los tiempos de traslado y mejore la conexión con otras zonas de la ciudad.
El teleférico había sido presentado como una alternativa para ampliar la movilidad urbana en un distrito marcado por la alta densidad poblacional y la presión diaria sobre sus principales vías de acceso.