En Panamá cerca del 60% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en pobreza extrema vive en hogares donde la persona responsable tiene apenas educación primaria completa o menos.
Apenas un 3.3% de esos jefes de hogar han cursado educación superior, porcentaje que entre los no pobres es de 28.5%.
Los datos corresponden al informe “Pobreza Infantil en Panamá, un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Panamá) y el Banco Mundial.
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El análisis agrega que es así como el capital educativo de la jefatura del hogar ata el potencial de generación de ingresos y define, en buena medida, las oportunidades materiales de la niñez y la adolescencia.
En el país del Canal uno de cada tres niños vive en condición de pobreza y uno de cada seis, en condición de pobreza extrema, mientras que la incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general, documenta el informe.
De acuerdo con el informe, entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, 63.1% convive con jefaturas ocupadas, 9.9% con desocupadas y 27.1% con inactivas.
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Entre los no pobres estas proporciones son de 80.4%, 2.4% y 17.3%, respectivamente.
Se manifiesta que la inactividad laboral puede condensar múltiples restricciones, como la baja demanda laboral local, costos de traslado, ausencia de servicios de cuidado y, con frecuencia, responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres.
Este conjunto de factores debilita el flujo de ingresos y, en consecuencia, reduce la capacidad de los hogares para sostener niveles adecuados de consumo para niños, niñas y adolescentes, así como el acceso a servicios esenciales.
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Para el informe, la educación y el empleo forman un binomio que estructura las posibilidades de movilidad económica de los hogares.
“Allí donde ambos se combinan en niveles bajos -nivel educativo bajo y escasa vinculación laboral - la pobreza infantil se vuelve no solo más probable, sino también más persistente”, resume el documento.
Entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, 48% vive en comarcas indígenas, frente a 2,2% entre los no pobres, y 80% reside en áreas rurales (24% entre los no pobres).
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Las estadísticas del informe revelan que los niños, niñas y adolescentes indígenas representan 60.7% del grupo en pobreza extrema (versus 10,4% entre los no pobres) esto, pese a constituir 22.6% de la población infantil total.
En conjunto, la combinación de comarca, ruralidad y pertenencia indígena configura el principal vector estructural de riesgo para la infancia panameña, donde la exclusión territorial y la desigualdad étnica se potencian.
A ello se suma la estructura familiar: los hogares con jefatura femenina sin cónyuge alcanzan 36.5% entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema frente a 25.9% entre los no pobres.
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Las jefaturas jóvenes (18–29 años) también se concentran en la pobreza extrema (12.8% frente a 7.0%). Ambas características remiten a trayectorias laborales más frágiles, ingresos inestables y sobrecarga de cuidados, lo que limita la participación económica y reduce el ingreso disponible por persona.
El documento puntualiza que la evidencia sugiere un mecanismo acumulativo de desventajas: pertenecer a una comarca o zona rural, convivir en hogares numerosos y contar con una jefatura de bajo nivel educativo son condiciones que se superponen. Esa superposición eleva la probabilidad de pobreza extrema y limita las salidas por la vía del mercado de trabajo.
Desde una perspectiva operativa, el informe de los organismos internacionales sostiene que ello refuerza la necesidad de pasar del análisis de factores aislados a la construcción de perfiles integrados de riesgo, sobre los cuales priorizar la acción estatal y calibrar la respuesta de las políticas sociales.
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