El Servicio Nacional de Migración (SNM) emitió un comunicado dirigido a ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio panameño, informando que quienes deseen retornar voluntariamente a la República Bolivariana de Venezuela podrán acercarse a las oficinas de la institución a nivel nacional o comunicarse al número habilitado para recibir orientación sobre el proceso.
El comunicado establece que los interesados deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos presentar pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad, así como la documentación correspondiente de sus acompañantes.
En caso de no contar con estos documentos, las autoridades indicaron que los ciudadanos permanecerán en albergues migratorios mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial, como parte de un procedimiento que busca garantizar un retorno ordenado y seguro.
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El SNM precisó que los ciudadanos venezolanos tendrán hasta el miércoles 13 de mayo para acercarse a las oficinas y completar el registro requerido, lo que permitirá coordinar el traslado correspondiente.
Este proceso será financiado en su totalidad como parte de un Memorando de Entendimiento Migratorio (MOU) suscrito entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, en el marco de una estrategia regional para promover una migración ordenada, segura y regular.
En paralelo, en la ciudad capital se ha evidenciado un incremento en la presencia de migrantes venezolanos que retornan desde el norte del continente, muchos de los cuales han sido vistos en avenidas principales realizando buhonería o solicitando dinero para costear su regreso.
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Este fenómeno refleja el impacto de las restricciones migratorias en Estados Unidos, que han reducido las posibilidades de ingreso y han generado un flujo inverso hacia países de tránsito como Panamá.
Las autoridades panameñas han reiterado que el objetivo de estas medidas es evitar que los migrantes queden en condición de vulnerabilidad en el país, facilitando mecanismos de retorno voluntario que permitan reducir la presión sobre los servicios públicos y mantener el control de los flujos migratorios. El programa también busca garantizar que los traslados se realicen bajo condiciones adecuadas, evitando situaciones de riesgo para los ciudadanos.
Deportaciones y expulsiones en 2026
Las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración muestran que, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 284 casos de deportaciones y expulsiones, distribuidos en 142 deportaciones y 142 expulsiones, lo que evidencia la aplicación de medidas de control migratorio en distintos escenarios. Estas cifras reflejan un seguimiento constante de los movimientos migratorios en el país.
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De acuerdo con los datos, el mes de enero concentró la mayor cantidad de casos con 172, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que indica una disminución progresiva en los meses posteriores.
Además, el informe revela que el 82% de las personas deportadas o expulsadas son hombres, mientras que el 18% corresponde a mujeres, lo que muestra una marcada diferencia por género en los procesos migratorios.
En cuanto a las causas, el principal motivo identificado es el ingreso irregular al país, con 134 casos, seguido por delitos vinculados a la seguridad colectiva, como el tráfico internacional de drogas, con 96 registros .
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También se reportan casos relacionados con antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, lo que evidencia la diversidad de situaciones que enfrentan las autoridades migratorias.
Por nacionalidad, los datos muestran que la mayor cantidad de personas deportadas o expulsadas provienen de Colombia, Nicaragua y Venezuela, siendo este último país uno de los que mantiene presencia dentro de los flujos migratorios recientes en Panamá .
Este comportamiento se da en un contexto regional complejo, marcado por cambios en las políticas migratorias y el endurecimiento de los controles en rutas hacia el norte.
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El llamado del Servicio Nacional de Migración se enmarca en este escenario, en el que Panamá busca gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios, ofreciendo alternativas de retorno voluntario y reforzando las medidas de control. La combinación de asistencia humanitaria, coordinación internacional y supervisión institucional se perfila como el eje de la respuesta del país ante un fenómeno que continúa evolucionando en la región.