El ejercicio del periodismo en Panamá enfrenta presiones persistentes en los ámbitos judicial, político y económico, según el informe presentado durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada el 23 y 24 de abril de 2026.
El documento advierte que, aunque no se registran agresiones físicas graves contra periodistas, se mantienen mecanismos indirectos que afectan la libertad de prensa y generan preocupación sobre el respeto a este derecho fundamental.
Uno de los principales desafíos identificados es el uso de demandas civiles y penales como herramienta de presión contra periodistas y medios, en un marco legal que permite incluso el secuestro de bienes desde etapas iniciales del proceso, sin que necesariamente existan pruebas concluyentes.
Este tipo de acciones no solo incrementa los costos operativos de los medios, sino que también afecta su sostenibilidad y limita la cobertura de temas sensibles, al generar un entorno de riesgo jurídico constante.
Hay medios en el país que enfrentan múltiples procesos judiciales y costos legales millonarios, con demandas que superan los $5millones en primera instancia y otras que han derivado en pagos significativos. A esto se suma el mantenimiento de fondos restringidos por más de $1.2 millones, lo que refleja cómo el sistema judicial puede convertirse en un factor de presión económica directa sobre los medios.
A nivel político, también se identifican tensiones relevantes. La asignación de publicidad oficial como mecanismo de presión ha sido denunciada por diversos actores del sector, señalando que la restricción o retiro de pautas estatales puede influir en las líneas editoriales. Este tipo de prácticas, aunque no constituyen censura directa, generan incentivos para moderar contenidos críticos, afectando la independencia informativa.
El ámbito judicial presenta además precedentes que preocupan a los gremios periodísticos. Hay casos donde periodistas han recibido una orden que le prohibía informar sobre determinados temas durante meses, evidencian la vulnerabilidad del ejercicio periodístico frente a decisiones judiciales que pueden limitar la cobertura de asuntos de interés público, incluso cuando posteriormente sean revocadas.
Otro foco de presión proviene de actores vinculados a investigaciones o figuras públicas, quienes han recurrido a amenazas de demandas, solicitudes de eliminación de contenido y argumentos como un supuesto “derecho al olvido”, inexistente en la legislación local.
En algunos casos, incluso se han detectado ofrecimientos económicos para retirar publicaciones, lo que evidencia una combinación de presión, desinformación jurídica e intentos de censura encubierta.
En el plano legislativo, iniciativas como la reforma al derecho a réplica han generado preocupación por su potencial impacto. La propuesta plantea obligaciones más estrictas para los medios, incluyendo la publicación de réplicas con igual prominencia, lo que podría traducirse en mayores cargas legales, administrativas y exposición a sanciones, reduciendo la capacidad de decisión editorial y ampliando los mecanismos de presión sobre el periodismo.
A esto se suma un entorno de limitaciones en el acceso a la información pública, donde funcionarios evitan responder o utilizan normativas de protección de datos para negar información que debería ser accesible.
La falta de avances en materia de transparencia refuerza un escenario en el que el periodismo enfrenta obstáculos estructurales para cumplir su función de fiscalización.
En el entorno digital, aunque el acoso ha disminuido en términos generales, persisten campañas de desprestigio coordinadas en redes sociales, junto con la proliferación de plataformas de origen incierto que amplifican ataques contra periodistas.
Este fenómeno dificulta la trazabilidad de las agresiones y contribuye a un clima de desinformación y desgaste reputacional para los medios tradicionales, indica la SIP.
Frente a este panorama, los expertos coinciden en que reformar el marco legal para evitar abusos en demandas, garantizar reglas claras sobre el uso de la publicidad estatal, fortalecer la transparencia institucional y proteger el ejercicio periodístico frente a decisiones judiciales desproporcionadas son pasos clave para reducir las amenazas.
Aunque Panamá mantiene condiciones básicas para la prensa, el desafío está en cerrar los espacios de presión indirecta que hoy afectan la libertad informativa y, en consecuencia, el derecho ciudadano a estar informado.