Al cierre de febrero de 2026, las finanzas públicas panameñas reflejan un inicio de año con mayor presión sobre el balance fiscal, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto frente a los ingresos.
El Sector Público No Financiero registró un déficit de $1,110 millones, equivalente al 1.17% del Producto Interno Bruto, lo que representa un aumento de $307 millones respecto al mismo período de 2025, en un contexto donde el Estado ha acelerado la ejecución de recursos públicos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este resultado responde a una aceleración en la inversión pública, alineada con el presupuesto y el marco fiscal, y no a un deterioro desordenado de las finanzas.
En su informe, la entidad sostiene que el mayor déficit está vinculado a la ejecución de proyectos estratégicos y al cumplimiento de compromisos sociales, lo que explica el comportamiento del gasto en los primeros meses del año.
Por el lado de los ingresos, el desempeño muestra un crecimiento relevante, aunque con señales mixtas en su composición. Los ingresos totales alcanzaron $2,435 millones, con un aumento de 12.4%, impulsado principalmente por los aportes de la Caja de Seguro Social, que crecieron 11.4%, y por los ingresos de capital, que sumaron $197 millones, una cifra muy superior a la registrada el año anterior.
Sin embargo, los ingresos corrientes del Gobierno Central registraron una caída de 2.2%, equivalente a unos $25 millones, lo que refleja debilidad en algunas fuentes tradicionales.
A pesar de esto, los ingresos tributarios lograron crecer 2.7%, con un mayor dinamismo en los impuestos indirectos, que aumentaron 4.0%, especialmente por el comportamiento del consumo interno, lo que permitió sostener parcialmente la recaudación.
El contraste más marcado se observa en el gasto. El gasto total se ubicó en $3,545 millones, con un incremento de 19.4%, superando ampliamente el ritmo de crecimiento de los ingresos.
Este aumento estuvo impulsado principalmente por el gasto de capital, que creció 75.3%, equivalente a más de $375 millones adicionales, asociados a proyectos de infraestructura clave para el país.
Entre estos proyectos destacan la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal, iniciativas que, según el MEF, buscan fortalecer la movilidad, la competitividad logística y la conectividad. Este impulso a la inversión es uno de los factores que explica el aumento del déficit en el corto plazo, al concentrarse una parte importante del gasto en la ejecución temprana del presupuesto.
El gasto corriente, por su parte, creció 8.1%, aunque con comportamientos diferenciados dentro del sector público. Mientras el Gobierno Central redujo su gasto en $38 millones (-3.4%), la Caja de Seguro Social registró un aumento de $161 millones, equivalente a 25.1%, reflejando mayores compromisos en prestaciones, transferencias y atención social.
Otro componente que continúa presionando las finanzas es el costo de la deuda. Los pagos de intereses alcanzaron $712 millones, con un incremento de 11.5%, impulsado tanto por obligaciones externas como internas. Este aumento responde, en parte, a decisiones de manejo de pasivos que adelantaron pagos previstos para más adelante en el año fiscal, lo que impacta el resultado en este período.
En términos de balance, el ahorro corriente del sector público se ubicó en -$438 millones, lo que refleja que los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto corriente. Este deterioro está vinculado principalmente al aumento del gasto en la CSS, aunque el Gobierno sostiene que el comportamiento general se mantiene dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
El balance primario, que excluye el pago de intereses, también mostró un déficit de -$397 millones, lo que indica que la presión fiscal no se limita al servicio de la deuda, sino que responde a un aumento más amplio del gasto público. Este indicador es clave porque permite medir la sostenibilidad de las finanzas sin el efecto de los intereses acumulados.
Este escenario se produce luego de que Panamá cerrara 2025 con una mejora significativa en sus cuentas fiscales. El déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del PIB, lo que representó una reducción cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de $2,069 millones, resultado que fue destacado por el MEF como parte de un proceso de ajuste fiscal.
Ese desempeño permitió mejorar la percepción de riesgo país y reducir presiones sobre las tasas de interés, en un contexto donde las autoridades combinaron disciplina fiscal, mejor recaudación y control del gasto. Sin embargo, el comportamiento de 2026 refleja una nueva etapa, en la que el énfasis está en la ejecución de proyectos y el cumplimiento de compromisos sociales.