Sigmund Freud enseñó que la “vía regia” para acceder al inconsciente eran los sueños: allí donde la censura se relaja, algo de la verdad del sujeto se deja entrever. Salvando las distancias, algo similar ocurre hoy a nivel colectivo con los índices de salud mental. Si queremos saber cómo estamos como sociedad, cuál es el precio subjetivo de la forma de vida que hemos naturalizado, una “vía regia” son los índices de salud mental. No como una suma de diagnósticos individuales, sino como un lenguaje social que expresa -cada vez con mayor claridad- el malestar de nuestra época.
Los datos ya no admiten ambigüedades. El último informe global de la Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos mentales se encuentran entre las principales causas de discapacidad en el mundo y que casi una de cada dos personas experimentará algún trastorno mental a lo largo de su vida. La salud mental dejó de ser un tema sectorial para convertirse en un problema estructural de salud pública.
La evidencia científica internacional confirma que esta tendencia se aceleró tras la pandemia. Investigaciones publicadas en The Lancet mostraron que, solo durante el primer año del COVID-19, la prevalencia global de la ansiedad y la depresión aumentó más de un 25%. La pandemia no creó el problema, pero actuó como un potente amplificador de procesos previos: incertidumbre, aislamiento, precariedad y sobrecarga emocional.
El dato más inquietante no es solo la magnitud del fenómeno, sino su precocidad. Estudios epidemiológicos recientes indican que muchos trastornos mentales comienzan en la infancia, la adolescencia o la adultez temprana. El sufrimiento psíquico deja así de ser una excepción clínica para convertirse en una experiencia generacional, con consecuencias a largo plazo sobre la vida laboral, social y de los vínculos, y la salud física.
Argentina no es ajena a esta dinámica. Investigaciones epidemiológicas realizadas en población urbana muestran altas tasas de trastornos de ansiedad, depresión y consumo problemático, mientras que los datos oficiales revelan que el suicidio continúa siendo una causa relevante de mortalidad, especialmente entre jóvenes. Todo ello en un contexto marcado por la inestabilidad económica, la precarización laboral y el debilitamiento de los lazos sociales.
Una lectura exclusivamente clínica resulta claramente insuficiente. La literatura contemporánea en salud pública señala con claridad el peso de los determinantes sociales de la salud mental: desigualdad, inseguridad laboral, soledad no deseada y sobreexigencia permanente. En una sociedad que exalta el rendimiento individual y la competencia constante, el malestar se vive, en el mayor de los casos, como fracaso personal y no como efecto de condiciones estructurales.
Las nuevas tecnologías agregan una capa adicional. Las revisiones científicas muestran asociaciones consistentes -aunque moderadas- entre el uso intensivo de redes sociales y el aumento de síntomas ansioso-depresivos y trastornos del sueño, especialmente en adolescentes y jóvenes. No se trata de demonizarlas, sino de reconocer que reconfiguran el tiempo, la atención y los vínculos, intensificando la comparación social y la sensación permanente de insuficiencia.
En esta línea, aportes recientes de la psicología social ayudan a comprender por qué el malestar emocional se intensifica especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. El psicólogo social Jonathan Haidt, en su libro “La generación ansiosa”, sostiene que no estamos frente a una “generación frágil”, sino frente a entornos que han dejado de cumplir una función protectora. Según su análisis, “en poco más de una década se produjo una transformación profunda: mientras la vida cotidiana se volvió cada vez más controlada y sobreprotegida, el mundo digital -especialmente las redes sociales- quedó prácticamente desregulado para las infancias y adolescencias”.
El valor de este enfoque no radica en demonizar la tecnología ni en responsabilizar a los jóvenes por su malestar, sino en desplazar la mirada del individuo al contexto. Haidt muestra que la comparación permanente, la búsqueda de validación externa y la exposición temprana a dinámicas de recompensa y castigo propias de las plataformas digitales afectan procesos centrales del desarrollo emocional. Lejos de ser un problema estrictamente clínico, el aumento del sufrimiento psíquico aparece, así, como un efecto socialmente producido, que interpela a las políticas públicas.
La advertencia de la OMS es clara: si esta tendencia no se revierte, el deterioro de la salud mental puede convertirse en uno de los principales problemas sanitarios del siglo XXI. El organismo subraya además una brecha persistente entre la magnitud del problema y los recursos disponibles: sistemas fragmentados, escaso financiamiento y una respuesta centrada casi exclusivamente en tratar el daño ya instalado.
Más allá del imperativo ético de aliviar el sufrimiento, debemos reconocer que la salud mental es también una pieza clave del desarrollo nacional. En términos estrictamente sanitaristas, el malestar emocional no es solo un “gasto” presupuestario, sino una pérdida invisible y masiva en la arquitectura productiva de un país. Las estadísticas globales son contundentes: la ansiedad y la depresión le cuestan a la economía mundial billones de dólares anuales en concepto de ausentismo.
Debemos también confrontar una de las grandes paradojas de nuestra era: nunca hemos estado tan hiperconectados y, al mismo tiempo, tan profundamente solos. La llamada “soledad no deseada” ha dejado de ser una melancolía individual para convertirse en un factor de riesgo sanitario. La evidencia científica muestra que el aislamiento social impacta en la salud física con una potencia comparable a la del tabaquismo o la obesidad, afectando el sistema cardiovascular y la respuesta inmune. La salud mental es, en última instancia, salud del cuerpo: el corazón y el sistema nervioso no son ajenos a la calidad de los vínculos que nos sostienen o que, por el contrario, nos dejan a la intemperie digital.
Aquí aparece el interrogante central: ¿seguiremos limitándonos a atender las consecuencias o nos animaremos a intervenir sobre las causas?
La experiencia internacional muestra que no se trata de elegir una cosa u otra. Los tratamientos basados en la evidencia son indispensables, pero resultan insuficientes si no se acompañan de políticas públicas de prevención, programas de psicoeducación, promoción del bienestar en escuelas y lugares de trabajo y estrategias comunitarias que fortalezcan los vínculos sociales.
Planes nacionales de prevención del suicidio, estrategias intersectoriales de “salud mental en todas las políticas” y modelos de atención comunitaria impulsados en distintos países comparten una misma premisa: la salud mental no se construye solo en el consultorio, sino en las condiciones materiales, laborales, vinculares y culturales de la vida cotidiana.
Iniciar una verdadera transformación sanitaria exige, antes que nada, abandonar la idea de que la salud mental es un compartimento estanco o un mero apéndice de la medicina general. Una hoja de ruta eficaz debe inscribirse en la premisa de “salud mental en todas las políticas”, entendiendo que el bienestar psíquico se produce -o se destruye- en el mercado laboral, en el diseño urbanístico, en la calidad del tiempo libre y en la distribución de la riqueza. Lejos de ser un gasto asistencial, la inversión en el capital emocional de una población es una estrategia de desarrollo lúcida de un Estado.
El segundo eje de este cambio estructural demanda desplazar el centro de gravedad del sistema: salir del aislamiento del consultorio especializado para recuperar la trama de lo común. El fortalecimiento de los “colchones sociales” -escuelas, clubes y centros comunitarios vecinales, etc.- constituye la respuesta sanitarista frente a una sociedad que, muchas veces, ha tercerizado el cuidado en la medicalización. Al mismo tiempo, resulta imperativo intervenir sobre el territorio digital, ese entorno hoy desregulado donde se forjan de manera precaria las subjetividades de las nuevas generaciones. Regular los entornos virtuales no es un acto de censura, sino de protección frente a dispositivos diseñados para la captura de la atención y la comparación constante; es devolverle a la infancia y a la adolescencia un espacio de amparo donde el desarrollo emocional no quede supeditado a la lógica de la recompensa algorítmica y la insuficiencia permanente.
Finalmente, el desafío ético consiste en dejar de ser meros cronistas de la catástrofe para convertirnos en actores de la prevención. Una política de vigilancia epidemiológica en tiempo real, sumada a planes nacionales de prevención con arraigo territorial, permitiría dejar de llegar siempre tarde, cuando el daño ya está instalado en el cuerpo y en la familia. El interrogante que nos interpela como sociedad es si seguiremos limitándonos a administrar las consecuencias del agotamiento o si nos animaremos a intervenir sobre las causas sociales que producen la desesperanza.
Pensar los índices de salud mental como una “vía regia” para comprender nuestra sociedad implica aceptar una verdad incómoda: el malestar que observamos no es una anomalía, sino muchas veces la consecuencia lógica de la forma en que vivimos. Pero también abre una oportunidad histórica. Si los síntomas hablan, escucharlos exige algo más que medicalizar o individualizar el sufrimiento. Exige decisiones políticas, inversión sostenida y un cambio cultural que coloque al bienestar psíquico en el centro del debate público.
Si el malestar emocional de la población ha crecido de manera sostenida -y, en algunos indicadores, de forma exponencial- en los últimos años, la pregunta ya no es solo por qué ocurre, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar sin intervenir. Ansiedad, depresión, consumo problemático y suicidio comienzan a naturalizarse como parte del paisaje cotidiano, como si fueran el costo inevitable de vivir en sociedades complejas y competitivas. Cuando estos indicadores negativos se repiten año tras año, el riesgo no es solo sanitario, sino cultural: que el sufrimiento deje de interpelarnos y se transforme en una nueva normalidad.
Imaginemos, entonces, que este estado de cosas persiste. ¿Cuántos diagnósticos más, cuántas licencias psiquiátricas, cuántas muertes evitables estaremos dispuestos a tolerar antes de reconocer que no se trata de fallas individuales, sino de un problema colectivo? Naturalizar el deterioro de la salud mental implica aceptar que vivir agotados, ansiosos o desesperanzados es el precio lógico de nuestra forma de organización social. Y esa aceptación silenciosa es, quizá, el síntoma más preocupante de todos: cuando una sociedad deja de preguntarse por el sufrimiento que produce, empieza también a perder la capacidad de transformarse positiva y saludablemente.