El debate económico en Argentina gira en torno al equilibrio fiscal, el tipo de cambio, la apertura comercial, la inflación y las reservas del Banco Central. Sin embargo, la realidad de la clase media pocas veces se refleja en esos indicadores generales.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), con base en 2004, no representa el consumo real de los hogares porque tanto la composición como la ponderación de la canasta están desactualizadas. Incluso con la próxima actualización del IPC a base 2016, los hábitos de consumo de una familia de clase media continúan sin estar bien representados.
Para entender la situación de este sector, es relevante analizar cuánto del ingreso mensual se destina a cubrir servicios esenciales. La estructura de gastos de una familia de clase media difiere sustancialmente de la de los sectores populares. Observar la proporción del ingreso utilizada en vivienda, transporte, salud, educación, comunicaciones y servicios públicos permite dimensionar la presión económica que enfrenta este segmento.
Aunque la inflación promedio pueda descender y los salarios nominales aumenten, si los costos de los servicios crecen a mayor ritmo que los ingresos, la percepción de deterioro se intensifica. El ajuste no se manifiesta como una caída abrupta del salario, sino como una erosión progresiva del nivel de vida.
Aunque la inflación promedio pueda descender y los salarios nominales aumenten, si los costos de los servicios crecen a mayor ritmo que los ingresos, la percepción de deterioro se intensifica
Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el IPC general acumuló un alza cercana al 250%, mientras que los servicios típicos de la clase media subieron más del 300%. En ese mismo periodo, los salarios nominales aumentaron alrededor del 260%. Así, los ingresos superaron la inflación promedio, pero quedaron rezagados respecto a los servicios.
El salario real apenas mejoró un 4%, mientras que la relación entre servicios y salarios se encareció más de un 13%. El aumento de los servicios públicos como luz, gas y agua tiene además un fuerte componente impositivo.
Tomando como ejemplo una factura de luz en la provincia de Buenos Aires, se observa la presencia de IVA, Contribución Municipal Contrato de Concesión, Contribución Provincial Contrato de Concesión y Decreto Ley 7 290/67, que en conjunto representan el 32% del total. El incremento del costo del servicio eléctrico, tanto en el cargo fijo como en el consumo, está acompañado de una mayor carga tributaria, ya que los impuestos se aplican sobre montos cada vez más altos.
El Indec utiliza promedios y canastas generales que, en una economía con fuerte desigualdad de ingresos, resultan poco representativos. Es como el caso del que duerme con la cabeza en la heladera y los pies en la estufa: en promedio, está cómodo, pero la realidad individual es muy distinta.
Para la clase media, los servicios esenciales no son un gasto discrecional, sino la base indispensable para sostener la vida cotidiana. Cuando estos aumentan, el margen de ajuste desaparece. Un ejemplo claro es el de las familias que pagan educación privada. Muchas resisten los aumentos hasta el límite, porque cambiar de colegio implica para los hijos una ruptura difícil de afrontar, lo que convierte a la educación en un rubro prácticamente ineludible.
El recorte se produce en el ocio, el mantenimiento del auto, los arreglos del hogar, las compras de ropa y, finalmente, en el ahorro, que muchas veces se transforma en “desahorro” para sostener un nivel de vida cada vez más bajo.
El recorte se produce en el ocio, el mantenimiento del auto, los arreglos del hogar, las compras de ropa y, finalmente, en el ahorro
Cuando los ingresos resultan insuficientes, aparecen conductas defensivas: se cambia de colegio solo como último recurso, se reduce la cobertura médica, se prolonga la vida útil de bienes durables, se posterga la compra de vivienda y se abandona la idea de progreso, una expectativa que existía en los años sesenta y setenta. El deterioro es constante y se convierte en una característica estructural de la clase media.
Aquí conviene distinguir dos debates:
- uno es la reducción de la inflación
- otro, muy diferente, es la recomposición de la relación entre ingresos y costos de servicios.
La menor inflación puede mejorar las expectativas generales, pero si el peso de los servicios básicos sigue siendo alto, la economía real de la clase media continuará frágil. Las familias no viven del promedio del IPC, sino de su propio presupuesto.
El Gobierno enfrenta la necesidad de reordenar los precios relativos, lo que explica buena parte del ajuste. Los servicios estaban atrasados por regulaciones, subsidios y congelamientos. Al corregirse esos precios, el “sinceramiento” funciona como un impuesto implícito: no aparece en la boleta de impuestos, pero sí en la factura de luz, el transporte, la medicina prepaga, las expensas y el alquiler.
Consideremos un caso concreto: una familia con dos ingresos que suman $ 3.200.000 (según el RIPTE) enfrenta los siguientes gastos en servicios:
- Alquiler: $800.000
- Expensas: $120.000
- Luz/gas/agua: $150.000
- Transporte: $180.000
- Medicina prepaga: $200.000
- Educación: $250.000
- Comunicaciones: $80.000
Estos rubros totalizan $1.480.000, lo que representa el 56% del ingreso familiar, sin contar alimentación, vestimenta ni medicamentos. El peso de los servicios en el consumo de estas familias dista mucho del IPC promedio para una familia tipo dos, como la que calcula el INDEC.
Las consecuencias macroeconómicas son profundas. La clase media es el motor del ahorro y la demanda de bienes durables en el país. Si pierde capacidad de ahorro, cae la inversión doméstica. Si se pierde previsibilidad, desaparece la planificación a largo plazo. Sin expansión, el ingreso real no mejora. El ajuste invisible termina debilitando el tejido productivo: aumenta la informalidad, cae la inversión y disminuye la productividad.
Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que el empleo formal privado está estancado desde hace doce años, con una leve tendencia descendente. En lo que va del actual gobierno, se han perdido 194.100 puestos de trabajo formales asalariados en el sector privado, mientras crecen el monotributo, el trabajo autónomo y el empleo informal.
Por eso, sería fundamental incorporar indicadores que reflejen el peso de los servicios sobre la clase media. No se trata de reemplazar el IPC ni el salario real, sino de complementarlos con un índice específico. Mediría el costo de pertenecer a la clase media y permitiría comprobar el deterioro acumulado durante décadas.
Actualmente, Argentina está dividida entre quienes acceden a altos ingresos, generalmente ligados a la política y a empresarios cercanos al poder, y una clase media que se va diluyendo, acercándose a la baja y perdiendo perspectivas de avance. Queda sobrevivir, sin expectativas de progreso.