Libertades que empobrecen

Un Estado ausente en barrios, pueblos y parajes, que no brinda asistencia alimentaria ni genera políticas de promoción social, empobrece.

El hambre y la insensibilidad duelen. La libertad es un derecho fundamental para la vida humana, tanto en el ámbito personal, social o político. Pero, tenemos todos el mismo acceso, las mismas oportunidades de elegir y practicarla? Negar que existe un abismo entre las “libertades” de privilegiados y vulnerables es dar un salto al vacío. Por ideología, soberbia, ignorancia o simplemente por crueldad es este el precipicio en el que caimos en la actualidad.

Los alimentos por vencer guardados en galpones cuando hay desabastecimiento y emergencia en los barrios debería ser calificado como mal desempeño de la función pública, al igual que interrumpir la entrega de medicamentos oncológicos o dejar a electrodependientes sin servicio de luz.

Las auditorías en comedores comunitarios, clubes e instituciones que reciben subsidios tienen que ser permanentes, con la participación de universidades y organismos de control, porque siempre debe buscarse transparencia y mejora constante en la gestión. Lo que es inadmisible es hacer un parate abrupto y dejar a toda la población sin un plato de comida por encontrar irregularidades. Eso es inhumano e irresponsable. ¿No es acaso para gestionar la tarea para la que han sido designados? ¿O es otra?.

La seguridad alimentaria es una responsabilidad del Estado, que debe velar por estos y otros derechos fundamentales, derechos constitucionales que no son económicos solamente sino también sociales, culturales, humanos.

El individualismo y el destrato por la vida, sumado a discursos de odio, laceran día a día el tejido social. Así lo manifiesta la violencia intrafamiliar severa que vivimos en los hogares y en las calles.

A lo largo de la historia, los diferentes gobiernos, de diferentes ideologías políticas y con diferentes herramientas legales y administrativas, generaron políticas tendientes a garantizar la seguridad alimentaria. Hagamos un poco de historia que siempre ayuda a poner las cosas en perspectiva. El Programa Materno Infantil nace en 1937 para distribuir “leche de vaca en las mejores condiciones de higiene del tipo especial para los niños”. Recordemos el conocido Plan Alimentario Nacional (PAN) creado por la Ley 23056 cuando comenzaba el ciclo democrático encabezado por Raúl Alfonsín. Con la crisis de 1989 el gobierno de Carlos Menem sostuvo el programa y creo el Bono Nacional Solidario de Emergencia destinado exclusivamente “a contribuir a la atención de las necesidades alimentarias y mínimas del sector más postergado de la población”. En los 90 fue el Programa de Alimentación y Nutrición Infantil (PRANI) y en 2002 el poder ejecutivo nacional decreto la Emergencia Alimentaria. En 2003 se creó por ley 25.724 el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” que me tocó poner en marcha. Y más recientemente, durante la gestión de Alberto Fernández, se gestó la iniciativa de Argentina contra el Hambre.

Como podemos ver, hubo programas más estables como así también en coyunturas de crisis herramientas extraordinarias, todas orientadas en el mismo sentido. Lo que no hubo nunca en nuestra historia, es un gobierno que niegue asistencia a la población vulnerable teniendo alimentos disponibles y lo que es peor perecederos. La instancia judicial ni siquiera resiste análisis o lógica alguna. Mientras apelan a la racionalidad dilatan lo inexorable: el hambre es un tema urgente. Mientras tanto viajan, dan charlas, presionan y extorsionan a gobernadores, diputados y senadores para que aprobemos entre gallos y media noche una ley bases que en nada incluye esta emergencia.

Apelo al compromiso de todos y todas las que en estos días tenemos que tomar decisiones, para que abordemos las reales prioridades. Que no vuelvan los dolores vividos, que la desnutrición no vuelva a golpear ningún hogar de nuestra Patria.