Nos encontramos frente a una crisis climática y ambiental sin precedentes, sumado a una crisis de representación hacia el interior de nuestras democracias, donde los desafíos políticos para nuestra generación serán determinantes para las futuras generaciones.
En este contexto, Argentina enfrenta un desafío crucial frente a la reciente media sanción de la Ley Bases, que bajo el gobierno autodenominado anarcocapitalista liderado por Milei plantea serias preocupaciones desde una perspectiva ambientalista y de Desarrollo Sostenible.
La Ley Bases consolida un modelo extractivista que va en contra de los principios del Desarrollo Sostenible y coloca en riesgo el futuro de nuestros recursos naturales. Aunque a diferencia del proyecto ley original no contiene un capítulo específico de desregulación ambiental, varios de sus puntos tienen implicancias directas sobre ambiente, pero principalmente sobre el modelo productivo y de desarrollo que atará por la próxima década a Argentina, y que será difícil desatar.
Enredado en un laberinto comunicacional el Gobierno apunta a aprobar un proyecto que pone en oferta los recursos naturales estratégicos. La principal preocupación radica en la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo diseñado para atraer inversiones extranjeras mediante una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Sin embargo, este régimen no impone condiciones a las empresas beneficiarias en términos de presentación de Estudios de Impacto Ambiental o Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos generando una fuerte incertidumbre sobre la norma.
Esta ausencia de regulación ambiental firme y de nivel nacional hace que con el RIGI se avizoren dos graves problemas: en primer lugar, permite la extracción de recursos naturales sin garantías de que estas inversiones beneficien a la sociedad argentina. Un ejemplo claro de esto es el litio, un recurso clave para la transición energética hacia vehículos eléctricos, esenciales en el transporte sostenible. Argentina, siendo uno de los principales productores de litio, corre el riesgo de convertirse en un mero exportador de materias primas, sin obtener beneficios significativos para su desarrollo económico y social, quedando lejos adaptarse primero a los desafíos del futuro, ambiente, tecnológicos y de mercado.
Además, la falta de regulación ambiental expone al país a conflictos ambientales y sociales. Incluso cuando existen dudas sobre los impactos ambientales de determinados proyectos, la ausencia de Estudios de Impacto Ambiental adecuados puede llevar a la presentación de amparos que determinen medidas cautelares que paralicen estas actividades y por ende la inversión realizada, generando el efecto contrario al esperado, como ya ha ocurrido en casos como el Salar del Hombre Muerto o los proyectos offshore en Mar del Plata.
Argentina se encuentra permanentemente enredado en el llamado “mal de la abundancia”: la tentación de explotar sus recursos naturales sin invertir en industria, ciencia y educación para un desarrollo sostenible a largo plazo a cambio de dólares frescos que oxigenen parcialmente la economía. En un contexto de crisis climática y ambiental global, este enfoque resulta insostenible.
En contraste, países como Noruega han demostrado que la riqueza de recursos naturales puede ser virtuosa, siendo posible aprovechar los recursos naturales de manera responsable. A través de la creación de fondos específicos, como el Fondo Soberano de Noruega, este país ha logrado un desarrollo sostenible que garantiza beneficios a las generaciones actuales y futuras.
El RIGI, lejos de promover un desarrollo sostenible, es en realidad un negocio que beneficia a las grandes empresas extractivas. Al eximir a estas empresas de impuestos y otorgarles acceso a un dólar preferencial, este régimen no solo no garantiza beneficios para la sociedad argentina, sino que también crea un mecanismo de saqueo de nuestros recursos naturales.
La Ley Bases, en su afán por atraer inversiones extranjeras, está hipotecando el futuro de nuestro país. Al consolidar un modelo extractivista y no garantizar una adecuada protección ambiental, esta ley está condenando a Argentina a un desarrollo insostenible y dejando un pasivo ambiental para las generaciones futuras. Es hora de replantear nuestro modelo de desarrollo y apostar por un futuro sostenible e inclusión. La aprobación de la Ley Bases es un paso en la dirección equivocada y es responsabilidad de todos nosotros exigir un cambio de rumbo. Argentina tiene el potencial para convertirse en un líder en materia de desarrollo sostenible, pero para lograrlo es necesario abandonar el modelo extractivista y apostar por un desarrollo que garantice beneficios para todos los argentinos.
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