
La plataforma continental ampliada Argentina es una superficie submarina de importancia estratégica para el desarrollo de futuras actividades productivas además de reafirmar la presencia soberana en el Atlántico Sur, mar Austral y en el Océano Circumpolar Antártico. La convalidación del límite exterior de la plataforma continental conforme a la Convención sobre Derecho del Mar (CONVENAR) representa más de un tercio del territorio continental e incluye al sector antártico argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Orcadas del Sur. Le otorga a la Argentina el derecho exclusivo y excluyente en un espacio de 1.782.500 km2 adicionales en el que puede gestionar y explotar los recursos del lecho marino y subsuelo hasta las 350 millas náuticas desde la línea de base.
Plantea también desafíos logísticos y financieros de magnitud en virtud de las tecnologías necesarias para su explotación, las profundidades involucradas y por estar asentada sobre características geológicas diversas como resultado de diferentes contextos geotectónicos, oceanográficos y sedimentarios. El lecho marino y subsuelo argentino es rico en nutrientes para la cadena alimenticia y posee minerales esenciales para la industria tecnológica del futuro. Extrapolando datos científicos, en particular de la Patagonia e Islas del Atlántico Sur, y de la plataforma continental tradicional, se podría afirmar que los fondos marinos ampliados son un reservorio bentónico de una riqueza biológica inmensa (en particular de especies sedentarias) además de módulos polimetálicos o formaciones de minerales duros, decenas de elementos de tierras raras incluyendo además porcentajes considerables de las reservas mundiales de petróleo y gas en aguas profundas que alcanzan hasta los 6474 metros.
PUBLICIDAD
La tarea científica, diplomática y de defensa y seguridad marítima a desarrollar es enorme y de largo plazo. Requiere de una organización multidisciplinaria de última generación capaz de abordar vulnerabilidades submarinas y capacidades para la protección de los fondos marinos. También definir áreas de atención específica. Además debería contar con una autonomía de gestión que le permita diagramar una estrategia para las próximas cinco décadas que incluya identificar medios tecnológicos necesarios e incentivar la investigación aplicada de los fondos oceánicos. En este contexto, es prioritario el nexo con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de CONVENAR, con tareas cartográficas como las que encara la UNESCO y acceder a la cooperación internacional con países afines compartiendo conocimientos, transferencia de tecnología y recursos financieros multilaterales. También la combinación de innovación e inversión con el sector privado.
Supone además ser encarado como política de estado tal como ocurrió con la labor consistente de la Cancillería durante dos décadas que permitió que el órgano científico de la CONVEVAR (CLPC), integrado por 21 expertos internacionales, convalidara por consenso la extensión de la plataforma continental. Demandará, asimismo, visión geoestratégica, claridad diplomática y mayor determinación para fortalecer y ampliar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La inteligencia artificial no está fallando, el liderazgo sí
Si las herramientas existen, las inversiones aumentan y la tecnología avanza rápidamente, ¿por qué tantas iniciativas terminan estancadas?

El significado de “hermano” en el cristianismo
El mensaje de Jesús invita a reconocer como prójimos no solo a los compatriotas, sino a cualquier ser humano en situación de necesidad

Ley de lobby: cuando la transparencia molesta
El argumento de que toda regulación equivale a vigilancia termina siendo funcional a la perpetuación de prácticas opacas

El consumo bate récords, pero no se siente como un boom
La brecha entre los datos oficiales y la sensación en la calle surge porque gran parte del gasto se dirige a bienes importados, servicios en el exterior o al pago de tarifas

Homeschooling: cuando la educación deja de ser un asunto público
Más allá del derecho de las familias a elegir cómo instruir a sus hijos, el proyecto de ley de libertad educativa abre preguntas sobre el papel del Estado, la convivencia democrática y el valor de los espacios compartidos


