Ajuste o autoritarismo: la simple y difícil opción de Argentina

Más allá de si el próximo presidente resulta ser Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa, los tres candidatos que exhiben las mejores chances de acceder a ese cargo en diciembre, la Argentina se enfrenta a una opción de hierro: ¿podrá la nueva administración reducir drásticamente el gasto público y a la vez lograr un shock de empleo que dé esperanza a la sociedad?

Es una opción simple, porque es más que evidente que es la única alternativa, no hay otra -habrá maneras diferentes de encararla, con distinto tipo de cirugías, secuencias o velocidades- y es al mismo tiempo muy difícil de concretar. Para colmo, irresponsablemente -lo que ha sido una constante en toda su gestión- el gobierno sigue inflando ese absurdo nivel de gasto público que hay que achicar, incorporando más y más agentes al Estado.

Si el nuevo gobierno en sus dos primeros años de gestión -aunque más temprano que tarde- no logra reducir de manera sustancial el absurdo e inmanejable nivel de gasto público con que el kirchnerismo embretó al país, lo más probable es que la única forma en que esta gran nación pueda administrar ese caudal de gasto -y de la manera en que está estructurado, en asignaciones unipersonales- sea a través de un régimen político de tipo venezolano, es decir, autoritario, represivo y clientelístico.

Si esta segunda alternativa llegara a producirse, sería paradójico que una de las derrotadas en las recientes elecciones PASO -Cristina Kirchner- podría resultar en los hechos victoriosa al ver concretarse el modelo político que intentó pergeñar con aquella expresión del “vamos por todo”.

Ese es el verdadero y gran dilema que puede enfrentar la Argentina. O reducción del gasto o modelo político venezolano. La reducción del gasto que requiere la circunstancia para posibilitar la inversión y el empleo luce como una tarea titánica y compleja, que demandará leyes cuyas mayorías requeridas no parecerían a priori asequibles.

Y además está el aspecto humano, con los millones de argentinos que puedan verse afectados en sus ingresos o en su nivel de incertidumbre de cara al futuro. ¿Cómo se reasignarán los recursos de subsistencia de todos esos millones de argentinos que se habituaron a vivir de una dádiva pública?

La reducción drástica del gasto público será “el desafío” para cualquier administración que asuma el 10 de diciembre. Si no logra resultados contundentes y con cierto grado de inmediatez, la crisis económica y social de la Argentina se tornará cada vez más acuciante, y daría la impresión de que la única forma de poder administrar esa situación será por medio de un modelo político diferente al que nos ha regido hasta ahora y no contemplado en nuestra Constitución Nacional. Si bien la experiencia de momento remite solo a Venezuela, no se conoce en América Latina que por medio de un régimen democrático se pueda controlar el nivel de desequilibrios en que se embarcaría el país en caso de fracasar el intento desactivador de la explosiva situación económica y social que transitamos.

Visto el drama argentino desde otra perspectiva, la de los síntomas más que de las causas: las dos consecuencias imprescindibles a revertir en primera instancia son la inflación y el cepo cambiario. Ambas se originan en el exceso de expensas públicas y no podrán resolverse si no se corrige el mal desde donde éste se genera. Ambos factores son en esencia -más que los sistemas laboral o impositivo vigentes- el mayor antídoto a la inversión y al empleo. Y ambos surgen del exceso de gasto público. Si ese gasto se reduce a una proporción acorde a un nivel de recaudación fiscal compatible con el tamaño de la economía argentina, automáticamente se desactivan las causas generadoras de la inflación y el cepo cambiario.

La reducción del gasto podrá encararse a través de un “plan de estabilización”, o “normalizador”, u “ordenamiento de las cuentas públicas”, o simplemente de un “ajuste”, o con el eufemismo alternativo con el que se pretenda identificar ese proceso, pero en los hechos todo se reduce a un punto: reducir de manera contundente la porción de recursos colectivos que el Estado se auto asigna para distribuirla con un fuerte perfil clientelístico.

Desde otra de las muchas perspectivas con que puede contemplarse el dilema argentino, si un salario medio mensual puede rondar los 400 dólares al valor libre de esa moneda (aunque hay vastos sectores de la sociedad remunerados por debajo de esa cifra), con ese ingreso es impensable acceder a una vivienda al cabo de una vida de trabajo, -lo que resulta una aberración para un país de la riqueza de Argentina- es porque del otro lado hay 11 millones de personas que perciben entre 150 y 180 dólares mensuales del Estado sin ninguna contraprestación compensatoria. Hay que quitarles una parte del salario a unos -los que trabajan- para que muchos otros reciban una paga por el solo hecho de pisar suelo argentino -ni siquiera estar munidos de la nacionalidad argentina-.

Y visto aun desde una perspectiva a mayor escala, no hay argumento racional de ningún tipo que pueda justificar el crimen social y económico que cometió el kirchnerismo con este país. Entre los años 2003 y 2011, casi nueve años, América Latina fue bendecida con unas condiciones tan favorables cuyos resultados concretos para los países de la región se pueden corroborar con las estadísticas de la CEPAL, del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), del Banco Mundial, del FMI, de la OECD o de la fuente internacional que se desee, que dan cuenta de un descenso de la pobreza a partir de esos años para Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay o Perú de entre el 11% y el 19% según cada país. A su vez, al día de hoy registran inflaciones anuales de entre el 3% y el 9% -en el caso de Uruguay, la más alta-. Todos con sus bancos centrales sólidos en reservas (Brasil con 300.000 millones de dólares, Uruguay con 16.000 y Chile con 34.0000). Todos atravesaron una pandemia y la guerra de Ucrania.

El único país de la región que logró la “hazaña” de aumentar la pobreza de manera estructural en un 10% (amén de Venezuela) es la República Argentina, además, con una inflación anual del 120% y con su banco central con reservas negativas en torno a los 10.000 millones de dólares y un horizonte desalentador desde el ángulo que se lo mire.