
Cada tanto aparece alguna iniciativa simbólica de relocalizar monumentos, cambiar nombres de calles y emitir declaraciones negativas alrededor de ciertos próceres, bajo el dudoso argumento de “su rol controversial” en la historia. Desde hace pocos años, la víctima de este campo de batalla discursivo es Julio Argentino Roca.
En estos días, bajo la excusa de un trámite burocrático, como lo es un dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos, de lugares y de Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, el Municipio de San Carlos de Bariloche consideró retirar la escultura ecuestre del general Roca del Centro Cívico para presuntamente relocalizarla, en un espacio y plazo indefinido.
Sostengo que detrás de esa decisión hay tres cuestiones de naturaleza política, relacionadas con lo que el propio Roca representa y que hoy son materia de disputa. La primera, respecto de la unión nacional y la defensa de la soberanía.
Durante sus dos presidencias, Roca fundó las bases del Estado Nacional moderno, al incorporar a la Argentina al mercado internacional, desarrollar ferrocarriles y puertos, y crear las bases institucionales para el desarrollo y la inclusión: la educación pública, gratuita y obligatoria (la Ley 1420), el Registro Civil, y la creación de la caja de jubilaciones. Todo eso es deliberadamente omitido por esta corriente revisionistas de izquierda vinculada al kirchnerismo que intenta sin éxito demonizar su figura.
Los ataques están destinados, de manera nada ingenua, a su destacado rol en la defensa de la soberanía nacional, como responsable de repeler el ataque de mapuches chilenos que venían por la pampa húmeda violando y secuestrando mujeres, robando el ganado y arrasando con lo que encontraran a su paso.
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Dejo de lado la hipocresía de juzgar desde el siglo XXI los hechos históricos y las decisiones que llevaron a las figuras y héroes a la construcción de nuestra Nación.
Destaco, en cambio, que Julio Argentino Roca llevó adelante esa campaña por orden del presidente Nicolás Avellaneda, con el apoyo del Congreso Nacional, con el objetivo de pacificar el territorio, y cuyo resultado fue, además, definir y configurar las fronteras de lo que hoy consideramos territorio nacional.
Cabe recordar que, décadas antes, otro patriota, Juan Manuel de Rosas, llevó adelante una destacada tarea militar para terminar con la violencia de los malones que asolaban la provincia de Buenos Aires, y cuyo resultado fue tan cruento como el que le achacan a Roca. Sin embargo, para los historiadores de la actual estructura cultural, dos hechos similares, que configuraron actos de civilización contra la barbarie, son juzgados de manera diferente. Mientras Juan Manuel de Rosas es considerado un caudillo federal defensor de la soberanía y las causas federales, Julio A. Roca es calificado de genocida y se busca borrarlo de la historia.
Con la misma liviandad, reivindican la patria mapuche y montonera, y desde canales de comunicación oficiales y con el incentivo de los organismos de este gobierno inexistente, que carece de un sentido patriótico, modifican el pasado y la historia hasta la negación, intentando utilizarla en el presente, con motivos políticos.
Detrás de estos discursos de ataque a la soberanía aparecen siempre ciertas organizaciones de derechos humanos que no rinden cuentas a nadie de sus vínculos internacional ni financiamiento, y que ejercen una supuesta superioridad moral, que nadie sabe quién se la ha otorgado. Dichas organizaciones alientan ocupaciones ilegales y actos de violencia en la Patagonia y tienen como objetivo final la fragmentación territorial y convertir a la Argentina en un país fallido.

Así, atacar la estatua del general Julio Argentino Roca y retirarla del Centro Cívico de San Carlos de Bariloche se convierte en un triunfo simbólico de este colectivo anclado en la ideología de los años setenta, y sostenida por algunos autores y herederos del pasado trágico de la Argentina, que hoy siguen gravitando en gobiernos de falso corte progresista.
Esta batalla sobre la discusión del pasado conlleva destruir las imágenes de nuestros grandes héroes. En poco tiempo, seguramente aparecerá una campaña contra Domingo Faustino Sarmiento, sosteniendo que la educación pública era un concepto autoritario, negando su aporte histórico con argumentos tales como que las primeras maestras que contrató eran de origen norteamericano y europeo, y no de pueblos originarios.
Pronto negarán a Justo José de Urquiza, porque promulgó la primera Constitución nacional, y criticarán su carácter liberal inspirado en la de Estados Unidos, que no contenía cláusula alguna sobre pueblos originarios o diversidad. Solo es una cuestión de tiempo para que empecemos a escuchar disparates similares.
El segundo campo de batalla es el desmantelamiento de las fuerzas armadas. Mientras Roca unificó a las fuerzas armadas nacionales y las jerarquizó, este gobierno a través del Ministerio de Defensa, busca destruirlas con bajos salarios y falta de equipamiento y un intento de copar los ascensos a través de decisiones de naturaleza política e ideológica y no de la idoneidad.
Finalmente, completa este cuadro de decadencia el tercer elemento de disputa. Mientras Julio A. Roca recuperó para el Estado el control en el registro de la población que tenía la Iglesia, hoy, una parte de la Iglesia argentina, impregnada por la cultura del pobrismo y reivindicando el mundo plan, una iglesia sectaria que cree que es mejor que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre.
Roca no es un hecho individual, es un punto más en la ampliación del campo de batalla de las ideas que quieren llevar a la Argentina definitivamente al fracaso.
Los héroes de esta nueva Argentina son los jefes guerrilleros de la década del setenta, de organizaciones como Montoneros y el ERP, que llevaron inescrupulosamente a jóvenes a la muerte, y que hoy se reciclan como defensores de un presunto pueblo mapuche originario, y las madres y abuelas de Plaza de Mayp que hoy se dedican a limpiar la imagen de estos personajes siniestros, y quieren ver sus propias estatuas en todo el país.
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