Ahora que se estrenó una miniserie basada en su vida, empiezo recordando una historia sobre Ringo Bonavena, a mitad de camino entre realidad y ficción.
En su recordada pelea con Cassius Clay, Ringo la venía pasando mal, recibiendo toda variedad de golpes del gran campeón de peso pesado, perdió finalmente por knock out en el anteúltimo round.
Cuenta la leyenda, que cada vez que llegaba al rincón entre round y round, su equipo lo alentaba: “¡Vas bien Ringo, vas bien!”. Ya agotado, sin aire y dolorido, en el descanso del duodécimo round, y ante la reiteración del mismo comentario, “¡Vas bien Ringo!”. Bonavena reaccionó: “Entonces vigilen al juez… ¡uno de los dos me está fajando!”.
El INDEC dio a conocer, el jueves pasado, la estimación de pobreza correspondiente a fines del 2022, cercana al 40%.
Es cierto que es un cálculo bastante discutido, dado que se trata de una medición basada en ingresos que declaran los encuestados, comparados con los fondos necesarios para comprar una canasta básica de alimentos (en el caso de la indigencia) y total (para medir pobreza).
Este tipo de mediciones está bastante cuestionado en la literatura especializada, no solo por la arbitrariedad de trazar una línea, en dónde un peso más de ingresos altera la condición de pobre, sino porque, además, los encuestados, por diferentes razones, en países como la Argentina tienden a sub declarar ingresos, generando una sobreestimación del índice.
Por otro lado, los cálculos de pobreza basados en ingreso monetario no toman en cuenta otros indicadores más abarcativos, como pueden ser el acceso a ciertos bienes públicos, como educación, salud, seguridad, justicia, o condiciones mínimas de confort en la vivienda, agua potable, cloacas, calles no anegadas e iluminadas, transporte público cercano, etc.
Pero más allá de estos cuestionamientos metodológicos, dado que dicha metodología se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, resulta posible comparar la evolución del indicador en diversos períodos.
Lo cierto es que, se mida como se mida, es irrefutable que la pobreza ha estado creciendo en el país.
Resulta paradójico que dicho crecimiento se observa cuando al mismo tiempo el gasto público destinado a “proteger a los pobres” ha estado aumentando fuertemente en los últimos años, medido en términos reales.
Como en el cuento de Bonavena, el gasto en protección a los pobres sube, y sube también la pobreza, “alguien nos está fajando”.
Para intentar analizar este enigma, podríamos dividir la pobreza en aquélla considerada “estructural”, de la que resulta consecuencia de una mala macroeconomía y organización económica.
En una cuenta de almacenero, se podría considerar que la primera (estructural) afecta a un 25% de la población, mientras el 40% se completa con 15% de pobreza “macroeconómica”.
Como mencionara, la pobreza estructural surge de un deterioro creciente de la cantidad y calidad de los bienes públicos que el Estado argentino provee, pese a la suba del gasto nacional y provincial de más de 12 puntos del PBI, desde el promedio del primer gobierno del kirchnerismo.
Todos lo bienes públicos son importantes, por supuesto, pero en el siglo XXI, quizás el determinante, para poder salir de la pobreza -que es lo más relevante-, es la educación.
En ese sentido, el deterioro de la educación pública reflejado en todas las pruebas de calidad conocidas, y en los datos de deserción escolar en la escuela media, resulta alarmante.
Eso sumado al incremento de la brecha entre el servicio educativo que reciben los sectores de mayores ingresos respecto de los que menos tienen. Ni que hablar del escándalo que implica la asignación de fondos públicos para las universidades, sin costo alguno directo para los alumnos, incluyendo a los provenientes de hogares de altos ingresos que vienen de pagar más de 10.000 dólares anuales en escuelas secundarias privadas. O el mismo servicio sin costo para los alumnos extranjeros.
En este rubro, el máximo de irracionalidad está representado por las 20 universidades nacionales que se crearon en los últimos 20 años, algunas de las cuales, después de 15 años de funcionamiento, solo tienen un 1% de egresados, respecto de sus alumnos y algunas menos. No le quiero contar el costo por egresado de estas universidades, porque es domingo. Dicho sea de paso, el Congreso quiere votar la creación de más de estas “altas casas de estudio”.
Siguiendo con las universidades, si se desea subsidiar a sus estudiantes, independientemente de sus ingresos familiares, al menos sería razonable hacerlo en aquellas carreras que son más necesarias para el país, y que tienen mayores oportunidades de salida laboral en el futuro.
Desde el punto de vista estructural puse la lupa en la educación porque, insisto, es el bien público más importante, para que los pobres puedan tener mayores recursos para superar la pobreza, pero queda claro que el acceso al resto de los bienes públicos también resulta fundamental.
En el resto de estos bienes públicos también se nota la irracionalidad de la asignación de recursos del modelo estatista populista.
Por ejemplo, existe la “tarifa social” para la electricidad y el gas natural que reciben los sectores de más bajos ingresos, pero este subsidio es para quienes ya tienen el servicio.
Sin embargo, un marco tarifario que estuvo subsidiando al resto de la población no pobre, y que no genera excedentes para la inversión, impide que el servicio de energía eléctrica o de gas natural se extienda a más gente de ingresos bajos, condenándolos a carecer de estos servicios básicos. Podría seguir con ejemplos similares en salud, transporte, seguridad y justicia, pero no quiero aburrirlos.
Solo una reflexión respecto de las responsabilidades de los gobiernos provinciales como proveedores directos de la mayoría de los servicios en cuestión, muchos de ellos creadores de empleos públicos de baja calidad, en lugar de proveer las condiciones para esa mejora de bienes públicos y que sea el sector privado quien impulse el empleo de calidad.
Y con esto empalmo con la pobreza macroeconómica, originada en que la Argentina es un país con una organización económica orientada al gasto y al déficit público, financiado con alta inflación, (impuesto que reduce el ingreso disponible de los pobres) y que le saca recursos a la inversión privada.
Sin inversión privada, no hay demanda de empleo de calidad, y sin empleo de calidad asociado a inversión y productividad, no hay altos salarios formales, y la baja productividad y los altos costos laborales en sentido amplio, han empujado a la mayoría del empleo privado a la informalidad y a salarios de pobreza.
De los veinte millones de ocupados, sólo seis millones lo hacen en el sector privado formal.
En síntesis, reducir la pobreza estructural implica otro Estado nacional, provincial y municipal, y otras prioridades de la política.
Eliminar la pobreza macroeconómica, exige otra macroeconomía y otra organización económica, un verdadero cambio de régimen.
Si no cambiamos, seguiremos preocupados con el aumento de la pobreza, cada vez que se publique el índice, y preguntándonos “quién nos está fajando”.
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