Falta un profundo cambio sistémico para que el caso Vialidad no se repita

Cada vez que se produce un accidente de aviación se conforma una junta investigadora.

La misión de dicha institución es determinar la causa del accidente con el doble objetivo de deslindar responsabilidades y, simultáneamente, revisar todo el sistema vinculado con la fabricación, logística, controles, comportamiento humano, etc. que pudieron haber influido en la causa del accidente, para tratar de evitar que un hecho similar pueda repetirse.

El mismo tipo de escrutinio debería hacerse ante otras cuestiones de la vida pública en las que no sólo se requiere determinar responsables, sino determinar si el episodio bajo estudio es un hecho aislado, que no pudo ser previsto o evitado, o si se trata de un problema sistémico que debió haberse prevenido y que exige un cambio institucional que impida su repetición en el futuro.

La sociedad argentina se vio conmovida, en la semana que pasó, con el fallo que condenó, en primera instancia, a la señora vicepresidenta y otros funcionarios y empresarios por defraudación al Estado.

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Dejo para los especialistas los análisis de las consecuencias que esta decisión jurídica tendrá sobre la realidad política argentina de los próximos meses, y postergo las reflexiones sobre qué puede cambiar en la realidad económica, frente a un año electoral con este telón de fondo.

Ahora quiero dedicar estas líneas para analizar el caso Vialidad desde un enfoque sistémico.

La pregunta para responder es, precisamente, si el marco institucional permite que este caso, más allá de los nombres de los protagonistas, pueda repetirse en el futuro; es más, si no puede estar pasando otro episodio similar, en este mismo momento.

Antes de ir a las cuestiones específicas, una consideración general en torno al funcionamiento de la justicia argentina, en donde hay responsabilidades políticas, legislativas y, por supuesto propias del Poder Judicial.

Una cosa es garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos y ciudadanas y otra cosa muy distinta es que pasen décadas para que termine un juicio, en medio de marañas de chicanas y vericuetos legales, e instancias sucesivas de apelación sin plazos perentorios.

Tener un servicio de justicia eficiente y expeditivo, independientemente de quién es el acusado o la acusada es una deuda que la política y el poder judicial tienen con los argentinos de bien, no tanto por los culpables que circulan en libertad, sino principalmente por los inocentes que cargan con el sello de “procesados” por tiempo indeterminado y por aquéllos que, carentes de recursos económicos o de los otros, no obtienen la justicia que les corresponde.

Dicha esta generalidad, repasemos específicamente el caso Vialidad desde el punto de vista sistémico.

Primero, hubo un proceso licitatorio de obras públicas totalmente opaco y amañado, que permitió que se adjudicaran obras a una sola empresa, con escasos o nulos antecedentes en el rubro, con la intervención de un organismo público totalmente cooptado. Y que luego se le hicieran pagos, sin que se hubieran cumplido las condiciones para recibir los mismos.

¿Los procesos licitatorios de los organismos públicos y su método de control interno ya han sido modificados plenamente, para evitar que se repita un nuevo caso Vialidad? Las correcciones que en este sentido se realizaron durante la Presidencia de Macri, ¿siguen siendo respetadas? ¿Faltan hacer otras? ¿Qué pasa al respecto en las jurisdicciones provinciales y municipales?

Al respecto, permítanme comentar que el IERAL de la Fundación Mediterránea elabora un índice de transparencia en administraciones municipales, analizando 75 municipios de la República Argentina.

Dicho índice lleva ya cuatro ediciones, desde el año 2019. El ranking de mayor transparencia del 2022 lo encabezan la ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Concordia y Santa Fe, en ese orden. Sin embargo, el eje de peor perfomance promedio de todos los municipios es, precisamente, el de “compras y contrataciones”.

Es decir, en otra escala, y casi seguramente con menos obscenidad que la observada en el caso Vialidad y sus “satélites”, es probable que haya otros “casitos” similares sucediendo en este momento, o aun cuando no se estén verificando en la actualidad, existe un marco regulatorio propicio para que estos hechos puedan multiplicarse en el futuro.

Pero, además, en el caso resuelto la semana pasada, fallaron también los organismos de control externo. ¿Son estos organismos independientes del poder de turno? ¿Tienen capacidad legal para intervenir a tiempo? ¿Pueden actuar preventivamente o solo proceden cuando el daño ya está hecho?

Está claro que no se trata de reconstruir “la máquina de impedir”, sobre todo en materia de licitación de infraestructura. Pero hoy existe tecnología disponible para darle transparencia plena a los actos de gobierno, sin necesidad de demorar las contrataciones, inclusive dándole participación a los ciudadanos, a las auditorías de organismos multilaterales o a profesionales independientes.

También quedaron en evidencia en todo este affaire las fallas de otros organismos cooptados en su momento políticamente como la AFIP o la UIF.

Dicho de otra manera, más allá de este caso particular, lo cierto es que no estamos exentos de que esta situación pueda repetirse en el futuro, dado que el sistema que lo favoreció y permitió no ha sido plenamente modificado, ni mucho menos.

La justicia nos debía un comportamiento ejemplar, al menos una vez, pero insisto, la política, la dirigencia, los líderes de la Argentina, tienen pendiente una gran reforma institucional en todos los niveles para incrementar la transparencia de sus actos, para que haya organismos de control independientes y para que tengamos una justicia que funcione en serio.

Disculpen que haya dejado el análisis de la macro para la semana que viene, aunque dado que el desequilibrio fiscal está en el centro de nuestro desorden macroeconómico y nuestro estancamiento, mejorar y hacer más eficiente y transparente la forma en que se administran los fondos públicos en la Argentina es parte no menor de la política de estabilización y crecimiento.

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