Cómo llegar a las metas fiscales comprometidas con el FMI

Hace un mes revisamos los números del primer semestre. En aquel entonces decíamos que el déficit primario de la Administración Nacional había alcanzado al 4,1% del PBI. Hoy reestimamos y elevamos muy modestamente el PBI del período y la cifra, entonces, disminuye en forma mínima para ubicarse en el 4%. Purismo. Entonces, una primera cuenta a mano alzada indicaría que en el segundo semestre el déficit primario no debería superar el 1% del PBI, esto es, reducirse en un 75% respecto de lo ocurrido en la primera mitad del año.

Pero ya pasó julio y nos gastamos un mes de posible comportamiento más austero, lo que nos deja con cinco meses para el esfuerzo. Así, si sumamos lo que ocurrió en julio (los números surgen de considerar los datos de Presupuesto Abierto y por eso nos restringimos a la Administración Nacional), el déficit primario devengado en los siete meses se reduce al 3,8% del PBI del período. El tiempo para el ajuste se reduce y nos queda, entonces, la posibilidad de acumular un déficit de 0,65% del PBI en 5 meses, todavía suponiendo que el objetivo es el 2,5% del PBI y no 2,2% que implica la antigua cifra nominal suscripta con el FMI al nuevo PBI estimado.

Si comparamos el período enero-julio corriente con lo que ocurrió en los mismos meses de 2021 notamos una caída importante, que alcanza a 1,8% del PBI, en los ingresos, que sólo en parte (0,8% del PBI) se explica por los ingresos extraordinarios en concepto de Ahorro Solidario recaudado el año pasado. Al mismo tiempo surge un crecimiento del 1% del PBI en los gastos primarios. La suba afecta a todas las finalidades del gasto (servicios sociales, servicios económicos, administración gubernamental y defensa y seguridad) pero se concentra básicamente en servicios sociales (0,5% del PBI) y servicios económicos (0,3% del PBI).

Si buceamos al interior de estas categorías, encontramos que los rubros que explican la suba meta del gasto en servicios sociales son la seguridad social (0,5% del PBI), promoción y asistencia social (0,3% del PBI) y educación y cultura (0,2% del PBI), en tanto rubros como salud y trabajo muestran reducciones. Respecto de los servicios económicos, básicamente toda la suba obedece a la de los subsidios a la energía (0,4% del PBI).

Qué esperar hacia adelante

¿Cómo se sigue, entonces? En primer lugar, hay que aclarar que el 2,5% -o 2,2% de déficit acordado- no se refiere al devengado de la Administración Nacional, el que estamos mirando, sino a la caja (lo pagado) de todo el sector público nacional no financiero (SPNF, esto es, incluyendo además de la Administración Nacional a los fondos fiduciarios y otros entes).

En el primer semestre del año el déficit primario del SPNF alcanzó al 3,1% en lugar de al 4% del PBI. Eso da algo más de espacio suponiendo que se mantiene similar performance a la del primer semestre en la parte del Sector Público que no es la Administración Nacional (es decir, continúan con superávit).

En sentido contrario, un dato de color que no debemos olvidar tiene que ver con la acumulación de atrasos en los pagos por parte de la Tesorería, esto es, con el aumento de pagos no realizados por órdenes de compra ya emitidas. De acuerdo con los últimos datos disponibles, la deuda exigible de la Administración Nacional alcanzaba, a fines de junio, a $836.309 millones, esto es, 1,1% del PBI (como referencia, a fines de 2021 los pagos no realizados acumulados ascendían al 0,1% del PBI). Esto quiere decir que seguir acumulando libramientos impagos es un camino poco probable para la reducción del déficit de caja o, en otros términos, es una vía que no está fácilmente disponible.

Los últimos anuncios con relación a las tarifas indican que, según estimaciones oficiales, las nuevas medidas permitirían ahorrar unos $500.000 millones de subsidios en forma anualizada. Nuevamente aquí hay que esperar la implementación y ya estamos terminando la primera quincena semana de agosto; como ya se sabía, lo peor del invierno ya habrá pasado. Poco probable que, por esta vía, este año, se ahorre más del 0,2% del PBI (cifra ya exageradamente optimista).

Quedan, como siempre, la inversión, el atraso salarial, el rezago de ajustes en las prestaciones sociales por aceleración de la inflación, aunque en parte compensadas por bonos, algunos ya anunciados, otros de probable implementación.

En cuanto a la inversión, podría aportar hasta 1,0% del PBI de 5 meses (agosto-diciembre) en menores gastos, ello suponiendo que se mantiene en el tercer trimestre el ritmo de ejecución del segundo y en el último trimestre sólo se ejecuta levemente más (al ritmo de 8,3% por mes en lugar del 5,5% de los meses previos), lo que no es habitual, ya que normalmente en el cuarto trimestre del año se ejecuta aproximadamente el 45% (56% en 2021) del crédito anual asignado. Lo demás dependerá de cómo corran la inflación, los ajustes salariales y los bonos extraordinarios.

Por supuesto se puede renegociar el acuerdo con el FMI y es probable que se logre el reconocimiento de un mayor déficit, pero en cualquier caso habrá que conseguir los recursos para financiarlo. No olvidemos que la salida del ministro Martín Guzmán se produjo luego de dificultades para colocar deuda en pesos. Hoy, con el nuevo ministro, Sergio Massa, es probable que, por un tiempo, haya un mejor clima, aunque habrá que ver a qué costo se consigue dicho financiamiento.

Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N°644 que elabora la Fundación FIEL

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