El mundo entero está en vilo por la invasión a Ucrania junto a las consecuencias en la contracción de capital en el mercado financiero internacional. Mientras que la ralentización de la recuperación post COVID muestran signos de estanflación a nivel global. En medio de este clima financiero y económicamente hostil para los emergentes, Argentina está debatiendo, puertas adentro, un acuerdo con el FMI con los propios problemas domésticos crónicos que llevaron a nuestro país al borde del abismo de un nuevo default como hemos tenido en nuestra historia contemporánea: Inflación, insolvencia fiscal, déficit energético.
El acuerdo con el FMI debe ser tratado teniendo en cuenta que la mayoría de los países se encuentran en vías de recuperación de los cuantiosos déficits fiscales ocasionados por la pandemia; y que la actual guerra presagia insolvencia fiscales con economías sin crecer y tasas de inflación acercándose a los dos dígitos frente a la presión inflacionaria sobre las materias primas. Mientras que Argentina tiene una inflación anual que supera el 50% y que cualquier shock negativo del exterior vulnera aún más la economía local.
Los tres frentes que se abren están siendo un golpe de mayor intensidad sobre variables que preocupan al Gobierno para sostener lo económico, lo social y lo político aún con las fracturas internas dentro del gobierno.
La inflación es la primera variable ya que el aumento del precio de los commodities de alimentos, es una presión adicional a la canasta básica junto a la inflación crónica local. Si bien, los monetaristas explican la inflación por un exceso de creación de dinero, es menester agregar que la inflación no es un fenómeno monocausal. Aunque el sostenimiento de las cuentas del Tesoro Nacional por parte del Banco Central haya sido la principal causa de la inflación, no significa que no se puedan agregar nuevas causas. Sin embargo, la estrategia del gobierno es aumentar la presión tributaria sobre los bienes exportables en contra de los alicaídos ingresos por exportación.
El segundo aspecto es el débil equilibrio entre la solvencia fiscal y los indicadores sociales. La incapacidad del gobierno de manejar la crisis se abre dentro de la misma coalición de gobierno. El complejo panorama que atraviesa Argentina proviene de una insolvencia del sector público de larga data y un agotamiento de las fuentes de financiamiento. Afectando no solo la capacidad de generar ingresos en el corto plazo. Sino que condicionando la productividad del sector privado aplicando más impuestos para mantener tratar de equilibrar las cuentas públicas mientras que la aceleración inflacionaria increpa la coartada de responder al FMI con una mejor performance fiscal.
El tercer aspecto, es el déficit energético que expone la fragilidad de un esquema estatal de subsidios con precio de energías más baratas respecto de la internacional sin inversión en infraestructura que socavan las cuentas públicas ante una necesidad de reducir el déficit para cumplir con el FMI. Ante el incremento de los precios internacionales y la cada vez mayor brecha con el precio criollo hacen necesario ajustar el valor de la energía doméstica con aumentos que devoran la capacidad de ingreso de los ya devaluados ingresos argentinos.
La guerra vulnerabiliza aún más la economía argentina afectando los precios relativos y evidenciando distorsiones que han ido en aumento a pesar de los indicios que avisaban que era necesario mejorar la solvencia de las cuentas públicas y reprogramar la distorsión de los precios de la energía. La amenaza en una declinación en el volumen de recaudación impositiva aun aumentando los impuestos y el deterioro de la recaudación fiscal parecieran ir a toda velocidad.
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