El plan del Gobierno: más estado a costa de un menor bienestar de los argentinos

No es cierto que el Gobierno “no tiene un plan”, como es frecuente escuchar. Lo tiene y consiste en creer que el Estado genera crecimiento. La mayoría de los gobiernos de las últimas décadas pensaban así y es sabido como se desarrolla y termina esta historia

Presidencia
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Algunos se quejan porque “el gobierno no tiene un plan”, algo que también fue frecuente escuchar en otras gestiones del mismo tinte que el actual. En mi opinión, el planteo es un error que se basa en que, quienes piensan como yo, consideramos que el motor del crecimiento es el sector privado. Por ello, cuando asume un Ministro de Economía o un Presidente, esperamos que nos diga qué va a hacer para resolver los problemas de fondo del país y cuáles son los pasos que va a dar para ello. Porque, si nos convence, eso hará que confiemos en el futuro de Argentina y, por ende, residentes y extranjeros dejaremos de sacar los ahorros e inversiones del país. De esa forma, habremos dejado de desfinanciar la economía, y hasta podríamos empezar a traerlos, generando mayor demanda interna e impulsando un crecimiento sustentable. Por supuesto, luego, el gobierno debe ir cumpliendo las promesas que hizo, para que cada vez más argentinos y extranjeros quieran sumarse al éxito de Argentina. Cuando no lo hace, la pérdida de credibilidad en el futuro del país vuelve a arreciar y, con ella, la fuga de capitales que luego lleva a una nueva crisis. En definitiva, es lo que le sucedió al gobierno de Cambiemos, experiencia de la que hay que aprender para no repetirla; porque, si no, el resultado será una nueva frustración.

Por eso, para quienes así piensan, como no se anuncia ningún plan, éste no existe. La realidad es que las ideas de los funcionarios de la actual gestión son distintas. Creen que el que genera el crecimiento es el Estado y, luego, se suma el sector privado. Entonces, para qué lanzar un plan, sólo hay que empezar a hacer y lo demás vendrá por añadidura. Cabe aclarar que la mayoría de los gobiernos de las últimas 9 décadas pensaban así, por lo que ya conocemos como se desarrolla y termina esta historia.

Sin embargo, vale la pena seguir explicando cómo es una gestión basada en estas ideas. Para impulsar la economía el sector público tiene que gastar más, lo cual se hace a costa de dos fuentes de recursos. Una, son los impuestos (incluyendo el inflacionario) que aumentan asfixiando a la actividad privada. La otra, porque ni con una tremenda presión tributaria logran cubrir todas sus erogaciones, es tomar crédito; pero como éste es uno sólo para el conjunto del país, lo que demanda el Estado deja de estar disponible para invertir y consumir. Pero es peor aún, cuanto mayor es la necesidad de financiamiento del gobierno, más alta es la percepción de riesgo y, por ende, hay menos crédito disponible; así que lo que pierde el sector privado es mayor a lo que toma el sector público. O sea, en ambos casos, para que este último gaste más, se obliga a ajustar a los que producen; por ende, a los que generan los recursos para abonar sus sueldos y gastos, además de los del Estado a través de impuestos.

El gobierno impone reglas de juego laborales que benefician a los sindicatos y a los que tienen un trabajo productivo en relación de dependencia, una minoría, desincentivando la generación de ese tipo de empleo. Por lo tanto, quienes no lo tienen terminan desocupados, en la informalidad o con un subsidio de desempleo disfrazado de puesto en el sector público o plan asistencial

Otra forma en la que el gobierno genera crecimiento, se supone, es eficientizando el funcionamiento de la producción y los mercados. Para ello, los “iluminados” funcionarios le ordenan a quienes trabajan y producen cómo hacer mejor su tarea. Así, los ahogan con regulaciones, que hoy superan las 67.000 y que crecen semana a semana. Claro que los burócratas de turno no saben tomar las decisiones mejor que nosotros mismos y todo se termina haciendo peor. Por ende, la economía genera menos bienestar para los afectados por las regulaciones y para los argentinos en su conjunto.

También, el gobierno impone reglas de juego laborales que benefician a los sindicatos y a los que tienen un trabajo productivo en relación de dependencia, una minoría, desincentivando la generación de ese tipo de empleo. Por lo tanto, quienes no lo tienen terminan desocupados, en la informalidad o con un subsidio de desempleo disfrazado de puesto en el sector público o plan asistencial. Es entendible que los sindicalistas defiendan los privilegios que supieron conseguir; pero aquellos que tienen un trabajo en blanco deberían pensar en quienes no lo tienen y, siendo más egoístas, en que no les será sencillo reinsertarse en el mercado laboral si pierden el que tienen hoy. Los países que tienen bajo desempleo y salarios con mayor poder adquisitivo son aquellos en los que no se impide el despido; pero se generan tantos puestos que lleva poco tiempo reinsertarse y hasta se puede buscar una ocupación mejor. El absurdo argentino es tal que, en un país en el que el capital es carísimo, las empresas de todos los tamaños lo usan para tener menor cantidad de empleados, cuando lo que sobra es mano de obra.

El destino del plan de este gobierno es agrandar el Estado; lo que solamente pueden hacer a costa de empequeñecer el bienestar económico del conjunto de los argentinos. Algo que ha primado, más o menos, por acción u omisión, durante los últimos 90 años, gestando la historia de decadencia del país. Para cambiar de rumbo y gestar una nación que brinde mayores oportunidades de progreso a sus habitantes, hay que resolver los problemas profundos que tienen la Argentina, avanzando en las reformas estructurales pendientes.

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