
Imaginemos un decreto que obligue al centro delantero de un equipo de fútbol a meter tres goles por partido.
La norma diría: “Oblígase a extremar todos los esfuerzos para lograr el objetivo, maximizando los disparos al arco, saltando a cabecear todos los centros y gambeteando cuanto jugador rival se cruce en su camino. No obstante si no logra el objetivo de meter tres goles por partido, será sancionado conforme a leyes de la época militar”.
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Claramente, dicho decreto sería un sinsentido. En primer lugar porque todo jugador de fútbol de cualquier edad, liga y equipo sueña cada día con hacer tres goles por partido. La cuestión no es obligarlo sino preguntarle por qué no los hace.
Las respuestas más probables serán “no me llega una limpia”, “tengo los músculos desgarrados”, o “en lugar de botines me pusieron borceguíes de cemento”, etc.
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Difícilmente su magra performance se deba a que “aborrece a su propio equipo”, “quiere que le vaya mal”, “desea profundamente su propio fracaso”, “detesto tanto al director técnico que por ello pateo la pelota afuera”.
La realidad es que así como todos los jugadores quieren hacer goles, ganar fama, dinero y prestigio, las empresas grandes, pequeñas y medianas trabajan todos los días para producir, progresar, vender, ganar e invertir.
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La resolución 330 /2021 de la Secretaría de Comercio publicada el 9 de abril de 2021 en el Boletín Oficial adolece del mismo defecto de ridiculez que el ejemplo futbolero.
Dicha norma intima a las empresas que facturan más de 3.900 millones de pesos anuales a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, distribución y provisión de los insumos y bienes finales producidos en todo el Territorio”. En otras palabras le pide a las empresas que hagan lo que quieren hacer pero no pueden.
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Según el Indec el uso de la capacidad instalada de la industria se encuentra en el 57%. La pregunta es por qué no se produce “al máximo de la capacidad instalada”.
Veamos:
1. El “máximo de la capacidad instalada” nunca es el 100% porque las fábricas tienen uso alternativo de los sectores, paradas de máquinas por limpieza y mantenimiento, lo que hace el uso óptimo de una planta industrial ronde en torno al 75 por ciento. Usos superiores pone en riesgo el correcto mantenimiento y la capacidad de satisfacción a los clientes en caso de aumento de demanda imprevista.
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2. Cuando no se llega al óptimo industrial hay que buscar las causas en la falta de capital de trabajo, problemas en la provisión de materias primas, caídas en la demanda interna y/o externa, incertidumbre respecto a los precios, pérdida de rentabilidad etc.
3. Estos problemas no se arreglan con voluntad. Algunos se arreglan con dinero y otros con reglas claras.
Actualmente no existe crédito relevante para el sector privado. Las escasas líneas vigentes requiere “carpetas pulcras, limpias e inmaculadas” cosa que pocas empresas pueden lucir. El crédito internacional está vedado en la práctica por la incertidumbre cambiaria. El control de cambios es un enemigo medular del financiamiento privado.
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Sin crédito, no hay capital de trabajo. Sin capital de trabajo no hay provisión adecuada de materias primas. Sin materias primas, las máquinas están paradas.
Por otro lado están los precios. El control de precios es un profundo desalentador de cantidades. Sin rentabilidad, la producción se transforma en un tema casi religioso. La rentabilidad no solo motiva la producción sino que la hace posible. La imposición de precios máximos, por lógica, supone obligar a vender a precios debajo del nivel de mercado, generando inexorablemente pérdidas y quebrantos. Sin rentabilidad las empresas no pueden financiar la adquisición de materias primas ni pagar los gastos de fabricación. Mucho más grave en un contexto de gastos, tarifas, e impuestos crecientes.
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Los gobiernos pueden soñar con que las empresas financien con capital propio los delirios de vender debajo del costo. Nunca sucede por dos motivos: a) se funden, b) se van.
Por otro lado la norma se inserta en la ridícula distinción, entre “empresas grandes” y “empresas chicas”. Una grieta absurda e innecesaria.
Al obligar “a producir al máximo” sólo a empresas grandes supone que se trata de un beneficio para empresas chicas. Nada más errado.
La economía es un sistema de vasos comunicantes. Si las grandes llevaran sus plantas “al máximo” absorberían la totalidad de las materias primas, el financiamiento y ocuparían la logística existente. La situación de las pymes ante tal competencia por los recursos sería letal.
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Debe destacarse que toda discriminación contra las empresas grandes, así como contra “las grandes fortunas”, en la práctica es un desincentivo a crecer. La progresividad mal entendida de los impuestos y las regulaciones genera un perverso incentivo para las pymes puesto que el mejor negocio será no crecer para no caer en la ciénaga de la voracidad fiscal es su máxima expresión.
Apelar a la coerción en un país sin rutas, con 170 impuestos, 100 mecanismos de recaudación inconstitucionales, miles de regulaciones incomprensibles, con inflación insostenible, un sistema bancario orientado al gobierno, equivale a gritar los goles de un centro delantero lesionado.
Luce desabastecido de ideas un gobierno que apela a la ridícula ley de abastecimiento de 1976.
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