El poder de la tiranía

La división de poderes es el principio de organización política por antonomasia de las sociedades democráticas modernas, y centra su fuerza en que la autoridad pública reparte las tareas en órganos separados distintos entre sí y con roles de co-control recíproco. La razón de esta división se basa en que el poder y las decisiones no pueden estar concentradas con el fin de evitar las tiranías.

Aristóteles en su obra Política ya definía esta división, pero fueron Locke y, sobre todo, Montesquieu quienes plantearon la concepción que las sociedades democráticas modernas detentan como único sistema de gobierno. El poder y las decisiones no deben concentrarse para evitar la tiranía. Esta teoría que delineó en su obra El espíritu de las leyes se centraba en la preocupación por evitar que el nuevo Estado cayera en el autoritarismo y la dictadura, y para lo cual el poder debe frenar al poder. En este sentido, las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos distintos y separados, se controlan unos a otros, articulado en un sistema de pesos, contrapesos y equilibrios.

Este sistema de contrapoderes y funciones se ve nuevamente atacado por la intención de imponer la voluntad de uno de esos poderes por sobre los otros, y principalmente respecto de uno de ellos, el Poder judicial.

Nuevamente acudimos, como ocurrió durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a un proceso peligroso en el que, un Ejecutivo todopoderoso pretende domar a un Poder Judicial que pone en serio riesgo la independencia de este último. El objetivo es claro, controlar a todo el Poder Judicial de la Nación, blindar a los funcionarios y ex funcionarios kirchneristas.

Durante el primer año de gestión de Alberto Fernández ya fuimos testigos del proceso emprendido que, mediante una serie de reformas legislativas de carácter estructural, se encaminó a socavar la independencia judicial. En ese sentido va el denominado proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” el que mediante un “no debate” ofrecido por la mayoría oficialista, que responde a la Vicepresidenta de la Nación, se pretende crear una mega estructura judicial federal que quebranta las competencias de los juzgados federales, no sólo de Comodoro Py, sino también aquellos con asiento en las provincias.

Acompañado de presiones discursivas a todos los jueces que no se acomodan a sus deseos, las embestidas parlamentarias continuaron respecto del Ministerio Público Fiscal y particularmente del Dr. Eduardo Casal. Incapaces de dialogar y lograr consensos para la designación de quien detente el cargo de mayor jerarquía en materia de política criminal, e imposibilitados de imponer a un candidato sospechado de parcialidad, impulsaron la modificación de la ley que regula el proceso para su designación, con la clara mirada puesta en designarlo con la mayoría circunstancial propia que tienen en la Cámara Alta. De lograr este fin, el futuro Procurador General de la Nación elegido bajo el nuevo régimen, tendría la capacidad de cajonear toda investigación criminal que cualquier fiscal pretenda llevar adelante sobre los funcionarios del Frente de Todos.

El ataque sistemático al Poder Judicial continuó sin pausa. Pasaron los desplazamientos a los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli sobre cuyos escritorios tramitaron y tramitarían causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gestión. Continuó con procesos inquisidores al Dr. Casal en el ámbito de las Comisiones del Senado de la Nación, designaciones ilegales en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y hasta las designaciones de jueces federales y fiscales militantes.

Lejos de recapacitar, el primer mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa, dio muestras de que el plan sistemático para domar a un poder cuya función es administrar justicia en materia federal y controlar el ejercicio de los otros poderes, se acelerará durante 2021.

La creación de una nueva instancia procesal destinada a vaciar de competencias a la cabeza del Poder Judicial, además de inconstitucional, dista mucho de garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía, ya que sólo alarga los proceso judiciales permitiendo un interminable loop de vías recursivas que aseguran la impunidad de quienes deben rendir cuentas ante la justicia, pero por sobre todo ante el pueblo.

Coronando el paroxismo de impunidad judicial, por la vía del apriete a los magistrados judiciales que no se sometan al largo látigo kirchnerista, acudimos con sorpresa al anuncio, tal vez a modo de testeo, de la creación de una Comisión Bicameral Investigadora Parlamentaria, cuyo objetivo pretendería ser investigar a los magistrados del Poder Judicial. Deberíamos recomendarles a los integrantes del Frente de Todos, una nueva lectura de esa “camisa de fuerza” que los convencionales constituyentes nos legaron y que le impiden a las sociedades cometer actos irracionales que apuntan hacia la degradación institucional de la República.

En estos momentos, más que nunca, debemos recordarle al Presidente de la Nación que la democracia sólo funciona óptimamente cuando todos los integrantes o actores políticos de una sociedad consideran que forman parte de ella y que se garantizarán sus derechos.

El populismo es enemigo intrínseco de la división de poderes y busca, y casi siempre logra, someter o anular a los otros poderes. Sostienen, en su discurso paranoide, que están para brindar una falsa seguridad a un pueblo ficticio al que dicen defender frente a “mega villanos” personificados por todo aquel sujeto que no aplaude sus discursos. Así entendido, el populismo tarde o temprano degenera en autoritarismo y para su sostenimiento en el poder debe indefectiblemente convertirse en totalitarismo.

La concentración de las tres funciones del Estado, pretendida por el Frente de Todos en un sólo poder, prueba que el Estado caerá en el autoritarismo que en el año 1748 desveló a Montesquieu.

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