Hacia una mayor justicia educativa

A los pocos días del inicio de la cuarentena, el sistema educativo ya estaba movilizado produciendo herramientas de lo más variadas para generar continuidad en el proceso de enseñanza. Desde el Estado nacional, los provinciales y municipales se generaron diversas y rápidas ofertas de contenidos para que las y los estudiantes pudieran estudiar en sus casas. Portales educativos, programas de televisión, radio y cuadernillos impresos son algunos ejemplos.

En términos de justicia educativa, no obstante, la brecha entre sectores de mayores y menores ingresos se amplió. Pese al valioso esfuerzo realizado por las autoridades para garantizar la educación a distancia, algunos de estos contenidos aún no llegan de manera universal a todos los estudiantes. En contraste con el uso de plataformas como Zoom o Meet, que ofrecen una experiencia de sincronía y comunidad entre alumnos y docentes, el proceso de enseñanza y aprendizaje de muchos niños, niñas y jóvenes en contexto de pandemia se realiza a través de celulares prestados, la televisión y, en no pocos casos, con una frecuencia quincenal, cuando sus familias se acercan a las escuelas a retirar los bolsones de comida. En ese encuentro –con los protocolos estipulados mediante– también se entregan los cuadernillos, la tarea realizada y se lleva nueva tarea al hogar.

Esta foto de la realidad, que lejos de ser local hoy afecta a casi 1200 millones de estudiantes en más de 150 países (de los cuales el 50% no tiene acceso a una computadora en su casa) nos da la posibilidad de analizar dos procesos que, por no suceder en simultáneo, alimentan esta brecha.

Por una parte, tenemos la producción de contenidos pedagógicos: atractiva y abundante, pero sobre la que los docentes deben hacer una puntillosa selección. Es preciso mencionar que éste es un arduo trabajo de curaduría que implica el desarrollo de nuevas capacidades en momentos de alta exigencia, además de una mayor demanda de tiempo y creatividad.

Por la otra, tenemos el problema del acceso a estos contenidos. En la actualidad, hay algunos materiales cuya producción y acceso van de la mano, pero no todos. Los cuadernillos son el ejemplo más relevante, que como dijimos se entregan cada quince días con los bolsones. Aquí vale la pena señalar el caso de La Matanza, que a nivel municipal entrega desde hace cinco años la totalidad de libros de las diferentes disciplinas a todos los alumnos y alumnas de la primaria y hasta el tercer año de la secundaria al inicio del ciclo escolar. De esta manera, el acceso a los recursos didácticos se produce de forma inmediata.

No sucede lo mismo con los portales y otras herramientas. Para hacer uso de ellos es necesario contar con internet y, por evidente que parezca, esta posibilidad está supeditada a la capacidad económica de los hogares y a la existencia de infraestructura para tal fin. A esto se suma la necesidad de poseer computadoras, tabletas o celulares que puedan ser, como mínimo, compartidos por los miembros del hogar.

El lector podrá pensar, no sin cierta razón, en la obviedad de lo antedicho. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que estas dos condiciones se dan por supuestas cuando no debería ser así.

Veamos ahora dos ejemplos de políticas educativas recientes que, por un lado, aumentaron y, por otro, disminuyeron la brecha educativa, al considerar la necesidad de que la oferta de contenidos, una buena selección de los mismos y su acceso suceda en simultáneo.

En los albores del siglo XXI, en nuestro país, se creó el portal Educ.ar. La inversión inicial fue cuantiosa y esta política se continuó hasta la actualidad. Sin embargo, en el momento de su creación, sólo el 12% de la población usaba internet y eran muy pocas las escuelas con acceso para uso pedagógico. En síntesis, se trataba de una inversión necesaria pero no suficiente para garantizar justicia educacional. Las bondades del portal sólo podían ser aprovechadas por aquellos sectores de mayor poder adquisitivo.

Años después la política educativa realizó un giro de ciento ochenta grados. A partir de 2010 el gobierno nacional tomó la decisión de entregar a cada estudiante de escuela secundaria, de escuela especial, de formación docente y a todos y cada uno de los docentes de estas instituciones, una netbook para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías. Estas computadoras, además, incluían numerosos programas para la enseñanza de sus usuarios y estaban conectadas al servidor de la escuela generando una intranet. De esta manera, la oferta de nuevos contenidos iba de la mano con el acceso a los mismos. A su vez, el número de hogares conectados a internet en el país creció sustancialmente, pasando de 1,6 millones en 2003 a más de 13 millones en 2013. En los espacios públicos ocurrió algo similar y algunos municipios promovieron la conexión en plazas y bibliotecas populares para que los estudiantes se conectaran allí.

Aunque el acceso a internet para uso pedagógico (es decir, que garantice la posibilidad de tener 30 computadoras o más conectadas en simultáneo) siguió siendo un pendiente, en la actualidad no podemos dejar de sentir cierta nostalgia ante la desaparición de un programa como Conectar Igualdad. Hoy, muy diferente serían las oportunidades de todas las alumnas y alumnos si tuvieran una netbook en su hogar. Si esa política hubiera continuado, cada docente podría estar comunicado por intranet con su grupo de estudiantes.

Más allá o más acá de simpatías políticas obvias, el objetivo es pensar la necesidad de un futuro de consensos que permitan la construcción de políticas de mediano y largo plazo que garanticen buenas herramientas didácticas, una priorización de contenidos y su acceso a ellas de forma simultánea. Las voces que hoy se escuchan reclamando la gratuidad de internet para destinarlo al uso educativo de aquellos sectores que no tienen capacidad de compra, no es otra cosa que el reclamo por el acceso. La justicia educativa requiere de condiciones materiales más igualitarias, tal como muestra el ejemplo recién mencionado.

En este sentido, vale la pena destacar el trabajo que han llevado adelante las autoridades con los recursos analógicos (cuadernillos, lápices, papel y otros útiles), lo que ha permitido que los procesos de oferta y acceso se hayan desarrollado de forma conjunta. El reto, en esta coyuntura, es profundizarlos. Una posibilidad es recurrir a las bibliotecas escolares que hoy tienen libros que están sin uso. ¿Por qué no pensar, entonces, que cuando se entregan los bolsones, se entreguen también libros para que los estudiantes los puedan leer en sus casas? Como es sabido, el libro impreso ha sido siempre una puerta de entrada a nuevos mundos, conocimientos y oportunidades. Así como estas circunstancias han colaborado para tomar conciencia del enorme trabajo de los y las docentes y de la función esencial de las escuelas no sólo como espacios de enseñanza sino también como espacios de acompañamiento para las familias, también es importante reconocer el valor de estos recursos “tradicionales”, cuyo acceso se garantiza de modo más sencillo.

Ya podemos vislumbrar que el retorno a clases representará un gran desafío para toda la comunidad educativa. Durante un tiempo habrá una “nueva normalidad”, hasta que podamos volver a la cotidianeidad que tanto extrañamos. Mientras tanto, el distanciamiento social será la norma y difícilmente las aulas puedan albergar la misma cantidad de alumnos y alumnas que antes. Por esta razón, es indispensable continuar enfocados en la selección de contenidos relevantes (con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios como referencia central) y en generar un mayor acceso a los mismos, para que así todas las políticas educativas puedan ser políticas universales.

Dra. en educación, secretaria de Ciencia, tecnología y políticas educativas del Municipio de la Matanza, Investigadora del CONICET