La redistribución de la pobreza

Las cosas por su nombre. Hablemos con propiedad. Nada de aporte solidario. Lo que se aprueba en estas horas es un preciso e implacable ajuste sobre distintos sectores de sociedad por la vía imposición de gravámenes y suspensión de derechos adquiridos y una delegación extraordinaria de poderes en la figura del Presidente de la Nación. Sin dejar de admitir la extrema fragilidad del momento económico. De eso se trata. No hay espacio para eufemismos.

La manta es corta y la administración de Fernández tiene que despojar a unos para cubrir a otros seguramente más desamparados. Es simple. Matemática pura. No alcanza para todos. Hay que repartir lo que hay.

El más impiadoso de los sablazos es el que corta en dos la clase pasiva. A los efectos recaudatorios “los que más tienen” entre los adultos mayores parecen ser los que, después de una larga vida de trabajo, raspan penosamente la olla por encima de los $19.068. Para los que superan esa cifra no hay paliativo alguno a la situación de extrema vulnerabilidad y dependencia en la que los colocó el sistema que durante décadas supimos destruir.

La aplicación de la fórmula debatida a los piedrazos en 2017 y que, por obra y gracia de la estampida inflacionaria macrista del 2019, les garantiza a los jubilados un aumento del orden del 11,4% en marzo y un 15 % para junio, está suspendida para todos y todas. Esta es tal vez la más contundente, injusta y dolorosa de las cuestiones que incluye la “cajita feliz” que será promulgada ley en cuestión de horas.

Lo que se les retacea a unos va a parar a los bolsillos de los que cobran la mínima convertido en dos bonos por única vez de $5000. Uno llega con Papá Noel y el otro con los Reyes Magos. Algo es algo. Aunque muy poco, si tenemos en cuenta que la canasta básica de un jubilado hoy se calcula en $37.815. Esto conforme a los datos que en el pasado 6 de octubre dio a conocer la Defensoría de la Tercera Edad, que comanda Eugenio Semino y que se elaboran relevando las demandas de una vida austera pero digna para un adulto mayor.

El resto de los jubilados, “los que llevan una vida más placentera”, para ponerlo en las palabras del momento, los que la reman por encima de los 20.000, tendrán que esperar que la discrecionalidad presidencial los incluya en sus oraciones. No hay certeza alguna acerca de cómo seguirá la evolución de los haberes. Por el momento, al freezer. Se los conmina a ser solidarios y compartir sin aspavientos un destino de privaciones y pobreza.

Algo parece quedar claro para casi todos. En ningún caso, ni por obra y gracia de un decreto, ni por nueva fórmula de ajuste debidamente debatida en el Parlamento, los ingresos recuperarán, ni ahora, ni a los 180 días de plazo que se pide, el nivel que garantiza el cálculo de indexación que, haciendo un mix de salarios e inflación, permitía cuanto menos permanecer a flote en el tembladeral.

La suspensión del sistema de movilidad jubilatoria va a desencadenar una avalancha de juicios contra el Estado. Esto es inexorable porque la ley aprobada en medio de la batalla campal en la Plaza de los dos Congresos ya ha comenzado a generar efectos sobre el primer semestre de 2020.

Considerando que el ajuste de marzo expresa la evolución del tercer trimestre de 2019 y el de junio, el cuarto del mismo año, estos porcentajes pueden considerarse ya un derecho adquirido. En ningún caso lo que se decida para enmendar esta situación debería ser inferior a ese monto. No conviene hacerse ilusiones.

El titular de la Defensoría de la Tercera Edad asegura que la suspensión de la movilidad por 180 días es una medida absolutamente grave porque rompe el esquema del sistema previsional que se basa en la proporcionalidad y la equidad.

Las razones de este desaguisado están a la vista: la plata no está, el sistema está quebrado. Lo que viene es un acelerado achatamiento de la pirámide de ingresos.

Lo que pasa a distribuirse no es la riqueza sino el ingreso. Se convoca a ser solidarios compartiendo pobreza.

Para Eugenio Semino, el nivel de sufrimiento y maltrato manifiesto que produce esta decisión de política económica es irreparable. Una vez más, los viejos son la variable de ajuste.

Vale aclarar que varios regímenes especiales lograron escapar del tijeretazo: docentes, profesores universitarios e investigadores retienen el merecido goce del 82 y 85% móvil.

El trasiego de la trastienda parlamentaria los puso a salvo y como, a río revuelto suelen ganar los pescadores, en el revoleo quedaron resguardados del congelamiento funcionarios del Poder Ejecutivo jueces, fiscales y diplomáticos. Son los que están arropados por la Ley 24.018, que concede asignaciones y pensiones generosas vitalicias a los que prestaron sus servicios al Estado. Muchos de los cuales, además, están exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias.

La “distracción” de los legisladores obligó a Alberto Fernández a salir a hacer declaraciones.

El Presidente dijo que ampliará las sesiones extraordinarias para derogar este tipo de privilegios. Con siete millones de jubilados chapaleando entre la pobreza y el desconcierto, sostener indemnes y, fuera de todo esquema de pretendida solidaridad a buena parte de la dirigencia que nos trajo hasta aquí, es absolutamente intolerable, repugna al sentido común y contradice de manera flagrante todos los argumentos que en estas horas bajan desde el poder para alinearnos detrás de un plan que todavía cuesta comprender adónde nos conduce.