Frente a las manifestaciones recientes de algunos dirigentes políticos que vinculan los planes sociales con la magnitud del gasto público social (GPS), y de allí derivan su impacto en la economía nacional, debemos aclarar que el gasto social es en primera instancia un indicador del nivel de desarrollo social y humano de un país. Fundamentalmente porque dentro de las partidas destinadas a financiarlo se incluyen los fondos dirigidos a los grupos más vulnerables, y constituyen la principal herramienta con que cuenta el sector público para redistribuir ingresos y combatir el hambre y la pobreza.

Pero no es solo ello, incluye el financiamiento de las políticas destinadas a sostener la seguridad social (contributiva y no contributiva), políticas de desarrollo humano (salud y educación), expansión de la infraestructura básica, y al financiamiento de sectores claves para el desarrollo (ciencia y técnica, universidades nacionales).

Y para aportar mayor claridad al tema, resulta imprescindible al análisis de sus principales componentes, es útil utilizar la clasificación funcional del gasto, permitiendo desagregar el GPS áreas sectoriales (salud, educación, promoción y asistencia social, trabajo, seguridad social, agua potable y alcantarillado, vivienda y urbanismo).

El Gasto Público Total en el presupuesto de 2019, supone erogaciones por $ 4.171.312.000.000, (19,9% del PIB), y dentro del mismo el 63% corresponde al GPS, por un total de $2.642.080.000.000, que representa el 12,6% del PIB.

Ahora bien, atribuir la totalidad del GPS o el 63% del GPT, a los planes, programas alimentarios y comedores, y el resto de los items que integran el rubro Promoción y Asistencia Social, es un comentario al menos equivocado cuando no malintencionado. Ya que el gasto destinado a ese rubro representa el 1,6% del Gasto Público Total. ($66.342.000.000).

El componente Trabajo solo alcanza 0,26% del Gasto Público Total, con $10.734.000.000, y se incluyen allí: los Programas Nacionales de Empleo y Programa de Inserción Laboral, para los participantes del Seguro de Capacitación y Empleo, los Programas de Trabajo Autogestionado, de Recuperación Productiva, de Apoyo a los Trabajadores de Talleres Protegidos de Producción, de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad y de Empleo Independiente, además de los programas de Mantenimiento del Empleo Privado en aquellas empresas o sectores en crisis, entre otros.

Si es significativo el rubro Seguridad Social, (prestaciones contributivas y no contributivas) con financiamiento mixto, por cotizaciones de trabajadores y empleadores, y tributos con afectación específica, y suponen para el presupuesto 2019, $ 2.086.312.000.000, esto es el 50% del GPT.

El principal componente es el pago de jubilaciones y pensiones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muy por debajo, se ubican los programas de transferencias de ingresos (Asignaciones Familiares Contributivas y No Contributivas), que representan en la actualidad un 9% y 6% del GPS y GPT respectivamente.

Loa otros componentes del GPS, la inversión en Educación (5,5% del GPT y 8,7% del GPS) y la inversión en Salud (3,6% del GPT y 5,6% del GPS).

Mas abajo aún se ubican otros componentes Ciencia y tecnología el 1.1% del GPT, , Vivienda y urbanismo 0,69% del GPT, y Agua potable y alcantarillado con 0,58 del GPT.

El Gasto Público Total (GPT) del gobierno nacional (el total de erogaciones que realiza el Estado Nacional) aumentó notablemente en los últimos 25 años: mientras que en 1993 representaba un 16,4% del PBI, en 2015 alcanzó un 24,04% y en 2016, 26,02%. Luego, debido a la implementación de políticas tendientes a reducir el déficit fiscal en los últimos años, el GPT nacional descendió a 24,28% en 2017, y en 2018 a un 23,49 por ciento.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Oficina Nacional de Presupuesto. Elaboración propia.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Oficina Nacional de Presupuesto. Elaboración propia.

A modo de conclusión preliminar podemos afirmar que, la mitad del GPS está compuesta por las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que tienen algo menos del 45% de financiamiento contributivo (aportes y contribuciones), y el resto de tributos de afectación específica, y que probablemente requerirá de la atención de parte del Estado, con vistas a la sustentabilidad más allá del 2035, cuando el bono demográfico llegue a su fin. Además, podemos confirmar que la incidencia del gasto asistencial en el país es limitado y con escaso impacto en el equilibrio fiscal.