No tendremos una reforma laboral de alcance general y sustancial en los próximos años, esta afirmación se mantiene cualquiera sea el resultado electoral durante el 2019. Algunas reflexiones para acompañar esta afirmación. Más allá de sus diferencias, que las tienen y son muchas, los sindicatos argentinos comparten algunos objetivos básicos, además de mantener el régimen de obras sociales, la representación monopólica de la personería gremial o el laxo control de la autoridad de aplicación, existe una generalizada oposición a la reforma laboral. Por otra parte, todas las ofertas electorales con posibilidades más o menos ciertas de influir en las próximas elecciones comparten, no sin razón, la necesidad de expresar un gobierno de coalición, de consenso. En este contexto no hay gobierno de coalición posible si no se incluye a, por lo menos, una expresión importante del sindicalismo y todas la ofertas electorales parecen tender estos puentes.

Entonces, una planificación de mediano plazo sobre la legislación laboral implica enfrentar un escenario restringido donde cualquier reforma se limitará a un blanqueo laboral extendido (comienzo obligado de toda reforma), la condonación de deudas (nada original), la eliminación de indemnizaciones y multas que se superponen entre sí (imprescindible) y algunas, muy pocas, modificaciones en la legislación laboral de fondo (la gran deuda). No esperemos modificaciones sobre la forma de contratar empleados, la adecuación de los anacrónicos estatutos profesionales, una reducción de los costos originados en las cargas sindicales o la posibilidad de negociar con los empleados algunas condiciones flexibles. Parece que todo el espacio que dejará vacante la ausencia de esta reforma legislativa tendrá que cubrirse a través de la negociación colectiva que, cómo sabemos, tiene un interlocutor único y necesario: los sindicatos con personería gremial, no cualquier sindicato, sólo aquellos que tienen la representación monopólica.

Escuchamos a los candidatos sostener que el ejemplo a seguir es Vaca Muerta donde las empresas y los poderosos sindicatos petroleros negociaron las modificaciones para emprender la explotación de este yacimiento, eliminando, por ejemplo, el pago de las horas de espera o adecuando dotaciones de personal a los nuevos equipos. Más aún, Vaca Muerta no es el único sector que ha transitado con éxito este camino así, por ejemplo, la minería también adecuó desde hace años y en forma equilibrada las condiciones de trabajo en algunos sectores de su actividad. Aquí es donde nos interesa detenernos. Advertimos que este camino es un camino que no todos pueden recorrer. No todos los empleadores tienen la capacidad para negociar con los Sindicatos. Las pequeñas y medianas empresas son completamente ajenas a los efectos de la negociación colectiva. Peor aún, la ley de pequeñas y medianas empresas obligó a incorporar un capítulo para las pymes en los convenios colectivos, capítulo que pronto se transformó en una formalidad.

La única forma que tienen las pequeñas y medianas empresas para enfrentar una legislación laboral que traba su desarrollo es incumplirla. Aquí tenemos uno de los motivos ciertos y concretos del trabajo no registrado (en negro) en nuestro país. Estamos hablando del motor más importante en la generación de empleo genuino en la Argentina y en la necesidad de no postergar una solución a sus problemas. Son empresarios que, por dimensión, tienen una menor capacidad para absorber los costos laborales y es fundamental que se les brinde una respuesta. A lo mejor, enfrentando una etapa donde no parece posible que se encare una reforma laboral sustancial y general tendremos que pensar en una reforma que, por lo menos, contemple la situación del pequeño empleador.