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La Corte Suprema de los Estados Unidos esta semana tomó la decisión de prolongar la agonía del Estado argentino en un emblemático caso que inevitablemente tendrá un desenlace desfavorable para los intereses nacionales. El Gobierno nacional busca evitar las garras de una Justicia que tarde o temprano ordenará resarcir monetariamente a los que supieron ser los principales accionistas minoritarios de YPF. La irresponsable interpretación de las leyes internacionales y la falta de respeto a los contratos firmados con inversores han demostrado ser un dolor de cabeza para la República Argentina y para sus contribuyentes, quienes han visto cómo las mismas cortes que esta semana supuestamente ofrecieron un "alivio" en el caso por la expropiación de la principal petrolera, en años anteriores obligaron al país desembolsar cifras desorbitantes para compensar a aquellos que invirtieron en el país.

Por quinta vez en una década, la República Argentina llega a las puertas de la Corte Suprema de los Estados Unidos para defender lo indefendible: los claros y latentes errores cometidos por Gobiernos anteriores y por la actual administración. No importa si el litigio del día fue presentado por un fondo buitre o por doña Rosa. No perdamos el tiempo culpando la voracidad de aquellos que demandan al Estado nacional porque estas batallas legales en las cortes norteamericanas se originaron por la mala gestión de nuestros gobernantes y de aquellos que los asesoran. El 7 de enero, los jueces supremos anunciaron que habían optado por pedir la opinión del Gobierno de los Estados Unidos para decidir si aceptan evaluar la demanda presentada por dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., quienes se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF en el año 2012.

Argentina llega a esta instancia con la historia en su contra. En las cuatro ocasiones en las que Argentina llegó a la Corte Suprema, los jueces pidieron la opinión del Gobierno de los Estados Unidos en dos y en ambas la Corte terminó aceptando el reclamo. Esto es lo que busca la administración del presidente Mauricio Macri para evitar que el caso YPF se convierta en una pesadilla antes de las elecciones presidenciales de octubre. Sin embargo, en las dos ocasiones que los jueces supremos aceptaron revisar el reclamo argentino (Holdouts en 2013 y BG Group en 2012), Argentina finalmente recibió fallos en contra de la principal Corte norteamericana. La Casa Blanca nunca ha presentado un escrito desfavorable a los intereses argentinos cuando la Corte Suprema se lo ha requerido y es muy probable que en esta ocasión tampoco lo haga. Sin embargo, la opinión del Gobierno de los Estados Unidos no es vinculante y los nueve jueces pueden disentir con la opinión de, en esta ocasión, la administración del presidente Donald Trump.

Es muy probable que los jueces ya tengan la decisión tomada sobre si aceptan el caso, pero, al tratarse de intereses soberanos, es una formalidad que al menos den la oportunidad al Gobierno de turno de ofrecer su opinión. Según la Escuela de Derecho de la Universidad de George Mason, desde 1994 hasta el 2014, aquellos casos en los cuales la Corte pidió la opinión del Gobierno de los Estados Unidos, tuvieron 34 veces más éxito de ser aceptados por los nueve jueces que aquellos en los cuales el Gobierno no participó. En los últimos reclamos argentinos, el solicitor general, encargado de preparar la opinión de la Casa Blanca, demoró 7 meses en presentar el escrito.

Si nos aferramos a esta historia, la Corte Suprema decidirá si acepta el caso justo para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Por este motivo, es altamente desacertada la estrategia de la administración Macri que apuesta a patear la pelota hacia adelante y postergar un fallo que inevitablemente será adverso al Estado nacional. Es cierto que existe la remota posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de la República Argentina (sería la primera vez), pero el presidente Macri necesita hoy todo el arsenal político posible para vencer en las urnas a una oposición que orquestó la nacionalización de YPF. Mostrar al pueblo argentino todas las cartas del siempre cuestionado manejo del paquete accionario de la petrolera es una herramienta formidable para el oficialismo que, con la decisión de esta semana de la Corte Suprema, prácticamente se garantiza que no contará con esta posibilidad.

El autor es analista financiero. Director de FinGuru.