Las autoridades actuales del Gobierno nacional han encarado una política en relación con la cuestión Malvinas desde una perspectiva que han definido como menos agresiva y confrontativa, y a la vez más dialoguista que la de la anterior gestión, dando por sentado que esto implica per se un abordaje más inteligente del diferendo. Justifican esta postura con la supuesta obtención de beneficios en aspectos prácticos y manteniendo el reclamo de soberanía.

Sin poner en duda las intenciones de nuestros representantes, es imposible soslayar el hecho de que esta aproximación no es novedosa (cabe recordar la política de "seducción" del ex canciller Guido Di Tella).

La Argentina en estos casi tres años ha sido en extremo generosa con el Reino Unido en cuestiones de interés exclusivamente británico sin que esto haya representado algún beneficio para nuestro país. Veamos ejemplos: la reanudación de mecanismos de cooperación en materia de recursos pesqueros, la negociación por una nueva escala en territorio continental excluyendo la participación de cualquier aerolínea argentina, la disminución de la intensidad del reclamo argentino respecto a la disputa de soberanía en foros internacionales, el análisis de la posibilidad del levantamiento de las medidas que el ordenamiento jurídico nos ofrece a efectos de proteger nuestros recursos naturales, entre otras. No se trata de otra cosa que de concesiones argentinas a pedidos británicos (y en muchos casos de antiguos anhelos de la población de las islas).

Algún lector podría mencionar el reconocimiento de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin como una concesión británica. Lejos está de serlo. Se trata de una cuestión puramente humanitaria que nunca debió haber demorado tanto tiempo en obtener una respuesta. Esto no implica desconocer los esfuerzos realizados por los gobiernos argentino y británico y el accionar del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Cabría preguntarse si la generosidad con la que actúa la Argentina, que hasta ahora no ha representado ningún beneficio sustancial para nuestro país (al igual que en el pasado), servirá para obtener una respuesta distinta a la histórica e intransigente negativa de la contraparte británica para resolver la disputa de soberanía de conformidad a lo establecido por las Naciones Unidas y el derecho internacional o, por el contrario, solo servirá para fortalecer la ilegítima presencia británica en el Atlántico sur.

Pretender que la otra parte modifique su intransigencia recalcitrante cuando al mismo tiempo se les resuelven todos sus problemas es un sinsentido. Mejorar las relaciones comerciales, culturales y de otra índole con el Reino Unido y los habitantes de las islas son un punto importante, pero que deben ser confrontadas con el objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio de la soberanía de las islas Malvinas.

Fluctuar de un extremo al otro en las posiciones resulta funcional a quienes bregan por el mantenimiento de la disputa y el statu quo. Es momento de romper la inercia y pensar nuevas estrategias para avanzar en la solución de la disputa.

Reactivar el mandato de buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas o la apelación a la figura de la conciliación son un ejemplo de medidas que la Argentina puede adoptar y que reportarían beneficios para la posición nacional e implicarían un avance en la cuestión de fondo.

Por lo tanto, lo que está claro es que realizar una y otra vez las mismas acciones pretendiendo obtener un resultado diferente hace dudar de que este intento de aproximación sea el más inteligente.

El autor es abogado en Derecho Internacional (UBA). Docente (UBA) y (UP) y coautor del libro "Las Malvinas entre el Derecho y la Historia" (Eudeba), disponible online y en inglés en: www.malvinas-falklands.net.