La sombra del Senado

No es casual que sea Miguel Ángel Pichetto el articulador del peronismo en el llano: el Senado de la Nación es la pieza fundamental del poder en la Argentina para la conservación del statu quo feudal. En efecto, el subdesarrollo económico, político y social de la mayoría de nuestras provincias es tan profundo que sus representantes en la Cámara alta terminan condenando al estancamiento al resto del país. El motivo: la continuidad en el poder de las élites que dominan provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, San Luis y La Rioja dependerá del mantenimiento de la nación en su conjunto, no solo de sus propios distritos, en el actual estado de impunidad y pobreza.

En consecuencia, un diseño, en teoría solidario, que otorga a través del Senado una participación igualitaria a los estados miembros en el gobierno federal, sin importar su tamaño, atenta contra las posibilidades de éxito del cambio.

Más que elocuente: mientras el año pasado la Cámara de Diputados quitaba sus fueros a Julio De Vido, el Senado se los reaseguraba a Cristina Kirchner. ¿Podrá esta realidad explicar el naufragio senatorial de las iniciativas más ambiciosas de Cambiemos?

"Intervenir en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno", le ordena el artículo sexto al gobierno federal. Le impone un deber, sin dejar lugar a dudas.

No obstante, la pendiente sanción por parte del Congreso de una ley reglamentaria de la intervención federal, que cree la componedora figura del interventor mediador, además de las inevitables transacciones con los gobernadores para aprobar las leyes, ha terminado por fortalecer los regímenes provinciales autoritarios.

Paradójicamente, estos no han sufrido debilitamiento alguno a pesar de coexistir con un régimen nacional democrático.

En este marco, la iniciativa del Plan Belgrano es alentadora, aunque al solo comprender los aspectos que hacen al desarrollo económico y social, y omitir el plano institucional, cualquier avance se vuelve insustentable en el tiempo. La historia da sobradas muestras de que el desarrollo político es condición previa y necesaria para el económico y social. Por otro lado, ¿en qué medida esta realidad también afecta a los habitantes de las provincias más prósperas y pobladas, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires? Basta con repasar las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados que el Senado frenó en lo que va de la presidencia de Mauricio Macri.

En primer término, el proyecto de ley de extinción de dominio para los bienes de origen ilícito. Esta demanda se volvió necesaria a partir del escándalo que supone el promedio de duración de una causa por corrupción: 14 años. La mera posibilidad de abrir un atajo, mediante una acción autónoma, tramitada en fuero civil, no atada a la finalización de un proceso penal y de tipo sumaria, genera terror entre los señores feudales y sus cortesanos, pero también entre políticos, empresarios y sindicalistas corruptos del centro rico del país. El hecho es que no son pocas las propiedades inmuebles, desde carísimas hectáreas de campo, hasta departamentos en Puerto Madero y Barrio Norte, cuyo origen de los fondos para adquirirlos no puede ser justificado por quienes figuran como sus titulares registrales.

En segundo lugar, la reforma electoral. Mantener el actual sistema es una de las vías más eficientes para pulverizar la equitativa competencia entre fuerzas, a la vez de facilitar el fraude y los abusos de poder estatal en favor del partido de gobierno. Los caudillos y sus delegados parlamentarios saben que la aprobación de esta reforma significaría un inmenso progreso en la calidad democrática del país, lo que atentaría contra sus pretensiones de perpetuidad.

Y todo esto sin contar las puñaladas que el Senado le asesta sin pausa a la independencia del Poder Judicial de la Nación, dando su acuerdo, en muchos casos por unanimidad, a pliegos como el de los jueces Eugenio Zaffaroni, Norberto Oyarbide, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Rodolfo Canicoba Corral, Ricardo Bustos Fierro y una interminable lista de magistrados al servicio de la impunidad. Estos no están limitados al infame Comodoro Py: esparcidos por todo el territorio nacional, los jueces y los fiscales federales de las provincias son un engranaje indispensable para el encubrimiento de los delitos de las élites locales.

Por consiguiente, debe actualizarse con urgencia la cantidad de diputados que corresponde a cada distrito, con lo cual se restauraría la influencia que les es debida en el orden nacional a los ciudadanos de las provincias de mayor población. Un ejemplo: una década atrás, fue el senador por una provincia con menos habitantes que el municipio bonaerense de Almirante Brown, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, quien operó para que la oposición en Santiago del Estero retirara la acción judicial interpuesta para impedir la segunda reelección consecutiva del continuador menos previsto del régimen de don Carlos Juárez. En ese entonces, su gestión fracasó, lo que obligó a Gerardo Zamora a ceder el mando a su esposa, Claudia Ledesma Abdala.

Teniendo en cuenta que son cientos de miles los provincianos que dejaron sus tierras por el Conurbano o el Gran Córdoba, ¿quiénes representan a esos ciudadanos? En el caso de Santiago del Estero, aproximadamente 800 mil personas allí nacidas viven fuera del territorio provincial, casi la misma cantidad que se quedó. Es cada vez más evidente que los diputados de las provincias rentísticas solo representan a las élites en el poder, únicas beneficiarias de un modelo extractivo generador de pobreza y desigualdad.

Cuando el dictador Julio César derrocó las instituciones políticas de la República en Roma, el odio popular hacia la clase senatorial era incontenible. Ya en el año 133 a.C., un sangriento episodio auguraba el trágico desenlace que abrió las puertas a la decadencia romana. Tiberio Graco, el célebre tribuno de la plebe, había sido asesinado y arrojado al río Tíber por los senadores que se oponían a sus proyectos de reparto equitativo de las tierras y de concesión de más derechos hacia los plebeyos.

Es difícil evitar la analogía: explosiones de ira por parte de la clase media trabajadora y de pequeños empresarios y comerciantes de las grandes urbes del centro del país serán cada vez más frecuentes. Subsidiar provincias en donde solo se vive del dinero de los contribuyentes es burlarse de un sector privado asfixiado por una de las presiones tributarias más altas del mundo.

Así las cosas, si todo sigue igual, ¿podremos prevenir una espiral de violencia que conduzca a una eventual ruptura del orden republicano?

El autor es abogado y dirigente de la Coalición Cívica ARI.