En la Argentina estamos dando un debate que desde hace muchos años viene demandando una gran parte de la sociedad, y en las últimas semanas adquirió protagonismo en la agenda parlamentaria: el debate por la despenalización y la legalización del aborto. ¿Pero se trata de un debate que solo debemos dar los legisladores y que únicamente debe definirse dentro de los recintos del Congreso?

No quedan dudas de que nuestra Constitución Nacional establece que Argentina adoptó la forma representativa de gobierno y que "el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes". Sin embargo, en la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico algunos mecanismos de democracia directa, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Específicamente, esta última fue incorporada en el artículo 40 de la Constitución, fue reglamentada en 2001 por la ley 25432, y establece que pueden someterse a consulta del electorado proyectos de ley o asuntos de interés general para la nación, de forma vinculante o no vinculante.

Estas instituciones de la democracia directa tienen por objeto dar mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre cuestiones públicas, y de ningún modo contradicen o sustituyen la democracia representativa, sino que la complementan y enriquecen.

Creo que el debate que hoy estamos dando sobre la despenalización y la legalización del aborto no es un debate más, porque involucra múltiples aristas, científicas, religiosas, filosóficas, éticas, de salud y de derechos. Frente a esta complejidad, la discusión no puede quedar supeditada a las íntimas convicciones que tenemos los legisladores sobre el tema. Por esta razón, es un buen momento para hacer uso de la consulta popular, un instrumento constitucional que desde su incorporación en la reforma no hemos aprovechado.

Existen varios ejemplos de países del mundo que implementaron estos mecanismos en debates sobre el aborto. El primero fue Italia, que convocó a un referéndum en 1981 para consultar a la población sobre la posibilidad de dar marcha atrás con la ley adoptada en 1978, que legalizaba el aborto bajo amplias condiciones. En Portugal se llevaron a cabo dos referéndums, en 1998 y en el año 2007, en donde el "sí" a su despenalización se impuso con el 59,25% de los votos. En Uruguay, en el año 2013 se convocó a una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la posibilidad de organizar un referéndum que derogara la ley de 2012, que despenalizó y legalizó el aborto.

Recientemente, el Gobierno de Irlanda anunció que en mayo se realizará un referéndum para decidir si se deroga la normativa actual sobre el aborto, una de las más restrictivas de Europa.

En suma, estoy convencido de que una consulta popular no vinculante en donde los ciudadanos de todo el país puedan expresar de forma directa su opinión sobre este tema tan trascendente es el camino. No para reemplazar el debate parlamentario, sino para complementarlo y fortalecerlo. A 34 años de la recuperación de la democracia y a 23 años de la reforma constitucional que nos dio nuevas herramientas de participación ciudadana, no tenemos que tener miedo de escuchar a la sociedad.

El autor es jefe interbloque Cambiemos en el Senado.