Por las fronteras argentinas cruzan a diario miles de personas por múltiples motivos que incluyen: trabajo, educación, turismo, salud, actividades culturales y religiosas. La porosidad y fluida interacción fronteriza implica que los residentes de países limítrofes acudan a solicitar atención a los servicios de salud en territorio argentino, y que los argentinos acudan a los servicios del otro lado de la frontera.

El acceso a la salud constituye un derecho básico de las personas. Este derecho está garantizado en numerosas normativas vigentes en la Argentina, que claramente indican que los pacientes serán atendidos sin distinción de raza, sexo, ideas, creencias religiosas, condición socioeconómica u orientación sexual. Estas normativas brindan a las personas un reparo frente a las dificultades que conlleva la atención a la salud y, en particular, ante la precariedad económica. Considerando que la mayoría de las personas no tiene cobertura (obra social o prepaga), el acceso a hospitales públicos constituye una solución a los padecimientos. Uno de los logros más destacados de la Argentina ha sido sostener una salud pública de calidad, con especialistas de alto nivel, a pesar de un desfinanciamiento del sector.

Si bien en algunas partes del país es mayor la cantidad de extranjeros no residentes que utiliza el sistema de salud público, esta proporción es relativamente baja y no tiene un impacto en el sistema, según indican algunas fuentes. Sin embargo, las guardias y los consultorios externos de los hospitales se encuentran colapsados por la demanda de atención.

El sistema de salud público argentino contempla tres niveles de atención. En el primer nivel se encuentra la atención primaria, con centros distribuidos a lo largo del país llamados Centros de Atención Primaria a la Salud (CAPS), donde son atendidas las patologías más frecuentas y de menor gravedad. En el segundo nivel se encuentran los hospitales generales, que atienden a los pacientes derivados de los centros de primer nivel y, por último, el tercer nivel de atención, que incluye a los hospitales especializados. Este sistema involucra una amplia cobertura y debería descomprimir la demanda que deben atender los hospitales en sus guardias y sus consultorios externos.

No obstante, la falta de financiamiento y distribución de recursos materiales y humanos a nivel local y provincial produce un déficit en la atención de los CAPS, de modo que los hospitales reciben una sobrecarga de pacientes exasperados por las largas horas de espera ante la falta de personal, insumos y equipamiento. Dada esta situación, el debate en torno a la gratuidad del uso del sistema de salud púbico por parte de extranjeros e inmigrantes genera discursos xenófobos y acusatorios, que culpabilizan a extranjeros por el deterioro en la atención. Del mismo modo que otrora se acusó a extranjeros de introducir enfermedades y vectores, y se patologizó al otro, clasificando de este modo quiénes eran más saludables y tenían más derechos.

Si bien este tema amerita negociaciones y convenios bilaterales entre el Estado argentino y los países limítrofes, se debe ponderar sobre el histórico vaciamiento del sistema de salud público, la falta de incentivos a los profesionales de la salud y la reformulación del presupuesto otorgado a un área de fundamental importancia en la vida de la ciudadanía.

La autora es investigadora Idaes- Unsam. Coeditora del libro "Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad".