Se trata del ingenio azucarero más antiguo del país. Perteneció a la familia Cornejo hasta 1992, ocasión en que en un proceso de quiebra de la empresa fue adquirido por el Grupo Gloria de origen peruano, con inversiones similares en varios países. Se dedica este Ingenio a la elaboración de azúcar y etanol. Su producción representa un volumen que no alcanza a un 20% del promedio de los líderes del mercado.
Más allá de las históricas dificultades que afronta desde muchas décadas toda la actividad azucarera, ese volumen reducido no le ha permitido desenvolverse con eficiencia, por lo que desde hace varios años viene aplicando medidas conflictivas en materia laboral, que no han dado los resultados perseguidos, por cuya causa anuncia su cierre. En 2014, 2015 y 2017, por ejemplo, se produjeron despidos y medidas de fuerza que no permitieron un desenvolvimiento normal de la actividad, al tiempo que también se sucedieron tensiones similares en el resto de ingenios del NOA.
Además del volumen reducido que no permite descargar adecuadamente los costos fijos de cultivo, zafra, transporte y producción, se ha dependido de un sistema de negociación colectiva de alcance general que no ha adecuado los sucesivos acuerdos a las particularidades de cada empresa.
Las características de cada ingenio azucarero, como es sabido, no son equiparables. Difieren las extensiones dedicadas a cultivos propios, a la contratación de cañeros independientes o cooperativas, a la incorporación de maquinarias cosechadoras y a otras variables, claramente desfavorables para la viabilidad concreta de esta fuente de trabajo.
La explotación de tierras propias del resto de ingenios de la zona mediante sus cañeros dependientes dejaría al personal independiente desplazado por este cierre sin posibilidad de encontrar empleo en otros establecimientos de la actividad. Muchos cañeros se han transformado a lo largo de los años en empresarios diversificando su actividad, mediante la incorporación de otros productos además de la caña de azúcar (citrus, arándanos, y otros).
La traumática evolución histórica de la industria azucarera, que arrancó como monocultivo regional y generó muchos esfuerzos para planificar un desarrollo diversificado agrario e industrial del NOA, por lo visto continúa su camino conmoviendo a la sociedad, la economía y la política, aunque – como en otros sectores- con relativo eco en el sistema normativo legal y convencional en materia laboral.
Podría sostenerse que el Ingenio San isidro es una empresa marginal en el ámbito de aplicación del convenio colectivo de la actividad. Sin embargo, las obligaciones negociadas no han tomado en cuenta esta circunstancia y por ende, su aplicación no dejaría otra alternativa que una renegociación o un cierre.
Los sindicatos – no solamente en esta actividad- han resguardado su papel legítimo de defensores de los representados, sin poder resolver los problemas estructurales que escapan a la disponibilidad de las negociaciones paritarias, limitadas en la práctica a una insuficiente defensa de aspectos contractuales como lo son los salarios, carcomidos por la insoportable inflación, muy alta y persistente, no identificada como la verdadera enemiga.
Debe aceptarse que las soluciones no están solamente en manos de los sindicatos o de los representantes de los trabajadores. Si bien deben cumplir un papel muy importante, los actores políticos son quienes deben asumir la mayor responsabilidad para elaborar las leyes necesarias y administrar su aplicación, sin perjuicio de los riesgos y avatares propios de los negocios.
El Gobierno de Salta ha prometido toda la colaboración para acompañar a los representantes de los trabajadores en sus gestiones ante las autoridades nacionales, competentes en esta materia. El Gobernador Juan Manuel Urtubey ha anunciado que desistió de su viaje a la Conferencia de Davos con motivo de esta situación en el Ingenio San Isidro, decisión que evidencia su preocupación ante la emergencia.
El sindicato de este Ingenio, por su lado, está solicitando su estatización para evitar el anunciado cierre, lo que evidencia una desesperada desorientación dadas las muchas experiencias sufridas.
La Ley 24013 obliga a las empresas a iniciar un procedimiento de crisis cuando va a proceder a despidos o suspensiones que afecten a más de un 15% de su personal. También contempla un procedimiento de reconversión productiva en situaciones como la que está afectando al Ingenio San Isidro.
El Ministerio de Trabajo y el de Producción cuentan con herramientas de apoyo (reconversión de mano de obra, capacitación, subsidios, y otros) que están siendo gestionadas con bastantes buenos resultados en distintas actividades. Ante consultas informales no se ha aclarado ante qué autoridades nacionales se iniciaron los respectivos procedimientos crisis o de reconversión productiva que se anunciaron hace algunos días.
Por encima de estos recursos justificados transitoriamente ante las emergencias, es imprescindible que se encare un ámbito tripartito de diálogo y negociación, en este caso y además en otros ámbitos o sectores, con alcance nacional o regional, para el replanteo general de un sistema laboral individual y colectivo apto, factible y aceptable a fin de acometer soluciones concertadas, que requerirán inevitables apoyos conjuntos y tiempo de ejecución para mostrar resultados.
* El autor es abogado especializado en derecho laboral y de la seguridad social. Asesor de cámaras empresarias y empresas