Para que la AUH no excluya a los más vulnerables

Según informó Infobae el 16 de enero, el presidente Mauricio Macri se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su equipo a fin de pensar estrategias para ampliar la cobertura de las políticas sociales y así hacerle frente a la situación social. La asignación universal por hijo para protección social  (AUH) es una, si no la principal política destinada a las familias vulnerables con hijos: cubre a 3,9 millones de niños y adolescentes, a quienes transfiere mensualmente 1317 pesos, el 80% de la prestación. El 20% acumulado se libera anualmente cuando se demuestra el cumplimiento de las condicionalidades en salud y educación. Es justamente el objetivo de expandir la cobertura lo que pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar su diseño condicionado.

Para que se entienda el debate se requiere establecer un piso común de información previo: la AUH se creó en 2009 como un complemento del sistema de asignaciones familiares destinado a los hijos de padres desocupados e informales. La asignación por hijo destinada a las familias de trabajadores formales no está condicionada, a diferencia de la AUH. Sin embargo, no existe evidencia empírica concluyente de que las condicionalidades en sí aumenten la asistencia de los niños a la escuela y a los controles médicos. Porque aun cuando los indicadores sociales mejoren con la aplicación de la política, no es posible saber, con los métodos de evaluación aplicados, si el aumento se debe a la condicionalidad, a la existencia de mayores ingresos en las familias, a la promoción de la educación y la salud o a otras razones.

Pero mientras no se conoce si las condicionalidades tienen efectos positivos, los efectos negativos se cuentan por cientos de niños. Concretamente, desde 2011 la cantidad de chicos sancionados anualmente por no certificar las condicionalidades va de 200 mil a casi 700 mil según el año y la fuente oficial que se consulte. Al mes siguiente de que se aplica la suspensión anual, siguiendo a un entrevistado del Banco Mundial, el 75% de las condicionalidades son certificadas. Explican desde el Banco Mundial: "Eso te muestra que no es que las familias no están cumpliendo con las corresponsabilidades, sino que simplemente no están llevando la información para verificarla. O porque no saben, o porque les cuesta, les queda lejos".

Es decir que familias que sí cumplen con las condicionalidades son sancionadas porque no pueden hacerle frente al engorroso proceso de certificación, en parte por su propia condición de vulnerabilidad.

Pero hay una situación aún más preocupante: ¿Qué pasa con el 25% que no certifica las condicionalidades? ¿Qué acción sistemática prevé el Estado para esos más de 400 mil chicos que fueron quedando, año tras año, excluidos de la AUH porque presuntamente no están asistiendo a la escuela o recibiendo los controles prenatales? La respuesta es "ninguna".

Entonces, volviendo al debate: ¿Cuál es el sentido de las condicionalidades así implementadas?

Si este instrumento tuviera una razón de ser, esta debería hallarse en acercar a las familias a los servicios de salud y educación, cuyo usufructo representa la satisfacción de estos derechos. Y cuando este acercamiento no tiene lugar, el Estado debería asumir su papel de removedor de obstáculos y propiciar los medios para que las familias les garanticen a sus hijos el derecho a la salud y la educación. Ahora, si en la práctica las condicionalidades recargan a quienes ya asisten a la escuela y los centros de salud, con la obligación de tener que certificarlas, y el Estado no se ocupa de quienes pudieran tener sus derechos vulnerados, la función para la que este instrumento fue pensado se desdibuja.

Si el Gobierno quiere ampliar la cobertura para llegar a los niños vulnerables, claramente lo primero que tiene que hacer es ir a buscar a esos niños que están presuntamente excluidos de la AUH, justamente porque no tendrían garantizado su derecho a la salud y la educación.

Y lo segundo: después de más de 10 años de implementación en la Argentina de diseños condicionados, es necesario dar una discusión seria e informada sobre la efectividad de este instrumento.

La autora es socióloga y magíster en Políticas Sociales de la UBA.